Pese a zancadillas de EE.UU., Correa con 85% de aprobación

Argentina está en esa misión de Unasur, pues el jefe de la misma es Alejandro Tullio, director nacional electoral del país. El vicecanciller ecuatoriano Leonardo Arízaga dio la bienvenida a fines de enero al argentino y otros veedores de la entidad sudamericana, quienes puntualizaron que no serán complacientes en su tarea.

La Revolución Ciudadana de Rafael Correa no necesita complacencias porque defiende valores democráticos y ejerce el poder desde hace siete años, a lo largo de los cuales fue acrecentando el apoyo popular. Ganó los comicios para su reelección el año pasado, con el 57 por ciento de los sufragios. Antes, en 2008, había logrado aval de los ecuatorianos para una nueva Constitución. Y así de seguido, hasta llegar el 23 de febrero próximo, cuando se elegirán 221 alcaldes, 46 prefectos, 867 concejales urbanos, 438 rurales y 4.079 vocales de juntas parroquiales.

Los pronósticos arriesgan que los candidatos del oficialismo ganarán la mayoría de esos cargos, habiendo algunas dudas sobre Guayaquil, hoy en manos de la oposición. Sin embargo, una encuesta de principios de febrero hecha en Quito, la capital, y en aquella otra gran urbe, arrojó que Correa goza de buena imagen en el 85% de los consultados. Así lo informó la directora de la empresa Perfiles de Opinión, Paulina Recalde.

Ese respaldo también ha crecido en Guayaquil, a la que hace un tiempo comenzó a visitar una vez a la semana, como para disputar también allí a la oposición. No se trata solo de sondeos de opinión ecuatorianos, que pueden estar más o menos influidos por sectores afines al Gobierno. Latinobarómetro, la encuestadora chilena dirigida por Marta Lagos, también ubica a Ecuador en el primer lugar regional, tomando en cuenta el nivel de confianza que las personas tienen en la gestión del Estado.

Ese ancho apoyo a la gestión del Presidente se funda en la preocupación y las medidas concretas tomadas en materia de salud, educación básica y superior, y ayuda a los sectores populares y más vulnerables.

Claro que para llegar a esta alta consideración popular, el Mandatario tuvo que sortear crisis muy graves, que incluso pusieron en riesgo su vida, como en el putsch policial o conato golpista de septiembre de 2010. De ese tiempo data la estrecha relación del Gobierno ecuatoriano con la por entonces naciente Unasur, cuyos presidentes democráticos ayudaron a condenar a los golpistas, como lo habían hecho con los separatistas y golpistas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En esa política nacional y popular tiene un lugar central el petróleo, la aparición de la estatal Petroamazonas y la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, que obliga al Gobierno a invertir el 12% de las utilidades en las comunidades donde están ubicados los pozos.

Según precisó el Presidente en sus programas sabatinos, el año pasado por ese concepto le quedaron al Estado 600 millones de dólares para mejorar la vida de esos pueblos originarios.

Una de las mayores reservas está en la Amazonía y durante años el Gobierno propuso a la comunidad internacional el proyecto Yasuní. Ecuador no explotaría esa riqueza para preservar el medio ambiente en la provincia de Sucumbíos, a cambio de un aporte millonario del resto de los países del mundo. Luego de mucha insistencia quedó claro, por la escasa recaudación, que tal idea ecologista no prosperaría por avaricia de los poderes mundiales. Entonces Correa declaró a principios del corriente mes: “A mí no me gusta la explotación petrolera, pero menos me gusta la miseria”. Dijo que Petroamazonas comenzaría la explotación de Yasuní, pero en forma responsable y respetuosa del medio ambiente. Puso de ejemplo y garantía lo que esa empresa ya hace en el campo de Pañacocha, ejemplo de buenas prácticas extractivas.

Con esa renta petrolera se financiará la construcción de carreteras, acueductos y de las llamadas escuelas del milenio, sobre todo en la región amazónica.

En esa misma región de Sucumbíos operó la norteamericana Texaco, luego adquirida por Chevron. Comunidades originarias, de unas 30.000 personas, demandaron a la firma por la brutal contaminación.

La demanda judicial entablada en la localidad de Lago Agrio comprobó que, entre 1964 y 1992, Texaco derramó en la zona “16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, vertió otros 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos, y quemó 235 mil millones de pies cúbicos de gas” (Prensa Latina 3/2).

En 2011 el pleito culminó con un fallo de la Corte de Sucumbíos, condenando a Texaco-Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por aquellos delitos ambientales. La firma, lejos de aceptarlo, fue con su propia y falaz denuncia a la Corte Internacional.

Entre la verdad proclamada por Correa y los pueblos amazónicos, confirmada por la justicia de ese país, y las falsas explicaciones dadas por la multinacional, la mayoría de la población de Ecuador, de la región y posiblemente del mundo, le cree a aquellos.

Así fue que el Presidente lanzó una campaña llamada ‘La mano negra de Chevron’, invitando a personalidades a visitar Lago Agrio y sacar sus conclusiones. Allí viajaron el actor norteamericano Danny Glover, la francesa hija de Jack Cousteau, la actriz Mia Farrow, el cantautor Luis Eduardo Aute y el eurodiputado francés Jean-Luc Mélenchon, entre varios más. La foto de cada uno de ellos, con la mano negra por la contaminación, fue un testimonio incontrastable de quién decía la verdad.

Las chicanas jurídicas de Chevron para no hacerse cargo de los desastres de la empresa que adquirió y sus negativas a cumplir fallos judiciales adversos deberían ser tenidas en cuenta por la presidenta Cristina Fernández y el ingeniero Miguel Galuccio (YPF). Es que la firma argentina ha suscripto con Chevron un acuerdo para la explotación conjunta del área de Vaca Muerta, en Neuquén. No parece ser un buen socio, a la luz de Lago Agrio.

Están nerviosos...

La oligarquía ecuatoriana, el imperio y los medios de comunicación opositores locales y la CNN estadounidense, entre otros, están nerviosos por los éxitos que viene cosechando el titular del Palacio de Carondelet. Y en consecuencia tratan de presentarlo poco menos que como un "dictador".

El presidente había ganado hace un par de años un pleito contra el diario El Universo, cuyos propietarios y un redactor, luego fugado a Miami, habían publicado que aquél iba a tener que rendir cuentas de delitos contra los derechos humanos, en la asonada golpista de 2010. Era al revés. Correa fue la víctima de esos sucesos. Ahora ese mismo diario publicó una caricatura de Xavier Bonilla con epígrafes que aseguraban que un procedimiento policial estaba afectando a un inocente. En realidad era la vivienda del asesor de un legislador opositor y el allanamiento estaba autorizado por la justicia, que investigaba el grave delito de alguien sospechado de hackear las cuentas de Rafael Correa.

Con ese motivo de la denuncia contra el caricaturista y la multa al diario, por supuesto que la SIP armó un escándalo, lo mismo que Adepa, Clarín y "La Nación" en Buenos Aires.

Otro escandalete fue el promovido por un sector de los médicos, quejosos de un artículo del Código Penal que castiga la mala praxis profesional. El presidente les aclaró: no es contra ustedes sino contra cualquiera que cometa homicidio culposo derivado de "acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas", sea médico, conductor que choca o ingeniero que usa malos materiales en la construcción.

Problema de fondo.

¿Por qué tantas críticas desde EE.UU. a Correa? La explicación es sencilla.

Es el presidente que les cerró la base militar de Manta, tal como había prometido. Es el que renegoció los contratos petroleros y recuperó gran parte de esa renta para Ecuador. Es el que revisó la legitimidad de la deuda externa con una auditoría internacional. Es el que denunció la agresión de Colombia y EE UU en Sucumbíos, en 2008. Es el que en la misma provincia continuó con el juicio contra Chevron por la contaminación. Es el que polemiza y desnuda el trasfondo monopólico y neoliberal de las coberturas de la CNN. Es el que denuncia las violaciones de los derechos humanos cometidos por Washington y ha pedido el cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como si todos esos buenos antecedentes fueran pocos, días atrás Ecuador denunció y se retiró del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, calificándolo de instrumento de la guerra fría. En su lugar, quiere dinamizar el Consejo de Defensa Sudamericano, que depende de Unasur y que se reunirá próximamente en Surinam, con una sede fija en Quito.

Correa dijo que el TIAR murió el día que EE UU ayudó al Reino Unido a atacar a Argentina en Malvinas, en 1982. Ya son cuatro los que renunciaron a ese pacto pues antes lo habían hecho Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Acá se notan las incongruencias argentinas, que sufrió en carne propia aquella traición y aún no dio un portazo al TIAR.