Paulina Araujo: "Ecuador está acostumbrado al populismo penal, las soluciones inmediatas y fáciles"

Diario El Telégrafo conversó con la doctora, experta en Derecho Penal y en Derecho Penal Económico Internacional, María Paula Araujo. Ella, que tiene una amplia y reconocida trayectoria, tiene ocho títulos académicos, es docente en universidades ecuatorianas y profesora invitada en otros países. También ha publicado 13 libros. Es miembro del Comité Consultivo de la Revista Peruana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha recibido cinco premios y reconocimientos.

La Asamblea Nacional se apresta a aprobar el proyecto de ley anticorrupción, que es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).  ¿Puede ser esta una herramienta que ayude a combatir la corrupción?

Para mi, la corrupción no se produce por falta de normas, es decir, de herramientas que vengan desde la Asamblea Nacional. El problema es que poco o nada hacen las autoridades por prevenir la corrupción.

Un punto de prevención sería una mejor selección de los funcionarios públicos, porque se asegura, de tener personas que, primero, conocen la materia en la cual se van a desenvolver y, segundo, tienen vocación de servicio.

Usted puede tener todas las leyes que quiera, pero si tiene incrustados a funcionarios públicos corruptos, ellos van a ver la manera de burlarlas. Además, así usted tenga la ley, si no tiene órganos de justicia que la apliquen en todos los casos, sin miramientos, o con dedicatorias, usted no tiene el círculo perfecto. Porque todo esto es un andamiaje de una institucionalidad, primero que previene; segundo tiene buenos funcionarios; y tercero que aplique la ley a todos los casos. 

De ahí que sin más, aprobar la ley, no creo que sea un mecanismo idóneo para luchar contra la corrupción.

En el texto se ha incluido la responsabilidad del sector privado en los actos de corrupción en figuras como peculado, concusión, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, de tal manera que las empresas que dan sobornos, por ejemplo, también puedan ser sancionadas. ¿Eso es positivo?

Eso ya existe. La norma debe ser cotejada con el artículo 233 de la Constitución, que establece que en delitos de corrupción no interesa si el sujeto activo es funcionario público. La posibilidad de procesamiento y sanción también se extiende a los particulares.

Otro aspecto que han destacado los legisladores es el endurecimiento de las penas cuando se cometan estos delitos en situaciones de emergencia.

Esto también consta ya en los agravantes del Código Orgánico Integral Penal (COIP).  Cualquier delito que se cometa, aprovechándose de una calamidad pública, ya tiene pena agravada.

 ¿Hay algo que se deba reformar para este efecto?

Por supuesto, y no se lo está haciendo. Si querían mostrarse como luchadores en contra la corrupción, debieron haberlo tenido en cuenta.

Dar contratos a dedo es la manera más flagrante de corrupción. Siempre fue una modalidad de peculado, por lo tanto imprescriptible y con posibilidad de juzgar en ausencia, pero cuando aprobaron el COIP, sacaron esta figura del peculado y lo denominaron tráfico de influencias, que prescribe en cinco años y con una pena risible de tres a cinco años. 

Y no me digan que nadie les ha advertido porque yo estuve en la Comisión de Justicia exponiéndolo.

A mi, eso me da un sinsabor porque quiere decir que tienen claro que desde la norma se está blindando a la conducta más común: otorgar contratos a dedo y luego de cinco años los procesados se librarán del poder de la justicia.

Ahí está el blindaje para la impunidad.

Pero es tema no se trató en el primer debate, ¿usted cree que podría ser incluido para el informe para segundo debate?

No se puede pero, además, dudo que les interese. No he visto que haya voluntad política, pero así tuviéramos una ley perfecta, eso tampoco nos aseguraría que no se van a dar conductas corruptas, porque no hay niveles preventivos, no hay una aplicación real, efectiva y justa de las normas. La corrupción no se va a eliminar si las autoridades responden al poder de turno o están más pendientes de ganar aprobación en redes sociales.  

¿Estamos ante un círculo vicioso? Porque hay candidatos a legisladores, por ejemplo, con grillete en el pie, con denuncias de corrupción a cuestas, o procesos penales detenidos por la inmunidad electoral. 

Cuando permitimos que desde la cárcel un procesado nos anuncie que quiere ser candidato, o permitimos que llegue a la política, gente sin ética o sin preparación, perdemos por todo lado: impedimos el desarrollo del país pero, además, alejamos a gente buena y capaz del sector público. 

Tampoco, como ciudadanos, podemos lavarnos las manos y decir que es culpa del Estado la calidad de funcionarios públicos que tenemos, porque a muchos los elegimos nosotros en las urnas. 

Es época de campaña electoral ya aparecen muchas soluciones mágicas en todos los campos. Todos saben cómo acabar con la pobreza, dar educación y si hay inseguridad, pues armar a los ciudadanos y listo. 

Enfrentar decididamente la corrupción es un tema complejo y tiene muchísimas aristas. Ecuador está acostumbrado al populismo penal, a las soluciones inmediatas y fáciles. Es imprescindible una educación en ética pública, necesitamos una amplia campaña para sensibilizar a la ciudadanía, que si logra alguna ventaja de forma irregular, como colarse en la fila del supermercado, eso es corrupción. Necesitamos prevenirla, lograr que los mejores ciudadanos sean los funcionarios públicos; necesitamos órganos de justicia fiables; y leyes claras y bien hechas.

¿Qué sucede con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que está cerca de aprobarse por la Asamblea Nacional? ¿Abona a la lucha contra la corrupción?

Abona al populismo penal. La ley, hoy ya establece que, junto a las medidas cautelares personales como la prisión preventiva, o restricciones de salir del país, el juez puede otorgar medidas cautelares reales. ¿Qué supone esto? Que al procesado se le puede establecer la prohibición de enajenar sus bienes o la retención de dineros que tenga en sus cuentas, pero no se las dicta. 

Quienes nos venden el discurso de que ya con esta ley se va a poder recuperar el dinero robado parece que desconocen cómo operan los delincuentes económicos, que cuando van delinquiendo, se aseguran de que se pierda el rastro del dinero. También desconoce que ya se pueden adoptar medidas cautelares y un tercer punto y que me preocupa, es que no se establece qué pasaría si los bienes que se extinguen el dominio y pasan a ser del Estado ecuatoriano y a la final del proceso penal a la persona se le ratifica la inocencia. Díganme, ¿cómo van a hacer para devolverle las cosas que le quitaron? Eso no contempla la ley.

¿Qué olvida el Legislativo en este proyecto de ley?

Que tenemos órganos de justicia no muy fiables y luego estas leyes que aprueba puedan ser un mecanismo peligroso. ¿Qué va a suceder cuando usted o yo pasemos a ser enemigos del poder y mientras nos están procesando, cuando todavía no se sabe si hemos cometido o no el delito, se quita sus cosas y no conforme con eso, si después del proceso dicen que usted o yo, sí fuimos inocentes, ¿no le van a devolver los bienes? La normativa no prevé un procedimiento.

Hay otro aspecto que tomar en cuenta. Los legisladores utilizan la palabra "retrospectividad" para decir que se va a aplicar no solo hacia el futuro, sino hacia atrás. Pero, así se tenga una buena intención, debemos entender que en el derecho penal se aplica una ley retroactiva solo cuando es más favorable al procesado. Eso se llama el principio "indubio pro reo". Este principio de favorabilidad al procesado no es regalo de la Asamblea, no es invento de nadie. Es un derecho humano que está en tratados internacionales.

No sé que opine la Corte Constitucional de esta normativa, que incluso contravendría estos tratados. 

Esperamos de la Asamblea Nacional propuestas viables, no propuestas que en el discurso suenen bien, pero en la praxis no responden a todo el ordenamiento jurídico, o que ya existen en la norma.

¿No encuentra nada positivo en estas reformas legales?

Sí, que los asambleístas están devengando el sueldo.