Una vez que el Presidente Lenín Moreno puso como fecha límite el 26 de septiembre, para recibir aportes ciudadanos para la consulta popular, colectivos sociales y partidos políticos preparan sus planteamientos.

Los temas son variados y responden a las visiones de cada organización, aunque existen algunos coincidentes, como la eliminación de las enmiendas aprobadas por la Asamblea en 2015, básicamente la reelección indefinida del Presidente de la República, así como la reforma o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Marcha de respaldo

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) organiza hoy una marcha de respaldo a la consulta popular en Quito, la cual culminará en la Plaza Grande. Una comitiva ingresará al Palacio de Gobierno para entregar sus propuestas.

José Villavicencio, presidente  del gremio sindical, considera a la marcha como histórica,  pues representantes de su organización, según él, no habían sido invitados a Carondelet desde el gobierno de Jaime Roldós.

El dirigente ya tiene preparado el documento que entregará a los ministros designados por el Mandatario para recibirlos (el presidente se encuentra en Nueva York).

“Las preguntas giran en torno a demandas populares, como la derogatoria de las enmiendas aprobadas en 2015 sobre la reelección indefinida; el papel que debe cumplir la Contraloría; el tema de la comunicación, que la convirtieron en servicio público; el papel de las Fuerzas Armadas; y el cese en funciones de los integrantes del CPCCS y todas las autoridades que fueron electas por esta entidad”.

Grupos de izquierda coinciden

Por su parte, Luis Verdesoto, vocero de la coalición Defensa de la Democracia y Derechos Humanos, que agrupa a alrededor de 20 organizaciones, propone 4 preguntas y una de ellas es la derogatoria de las enmiendas constitucionales.

También quieren la modificación en la composición del Consejo de Participación Ciudadana y que este organismo “se enfoque en la promoción de derechos y no en la elección de las autoridades”.

La tercera interrogante tiene que ver con la independencia judicial y la cuarta plantea un cambio en el sistema electoral para garantizar la representación (que se vuelva a la elección por listas con otro fórmula de distribución de escaños).

Juan Vizueta, representante de la Coalición Unidos Contra la Impunidad, que agrupa a 18 organizaciones, indica que presentó 10 interrogantes. El abogado fue en las pasadas elecciones candidato a asambleísta de Pachakutik.

Su colectivo coincide en temas relacionados con corrupción, enmiendas constitucionales, eliminación del CPCCS, pero incluyen otros  como una Asamblea Constituyente, mantener las reservas de petróleo en el Yasuní ITT, la devolución del aporte estatal del 40% a la Seguridad Social, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la derogación de la Ley de Plusvalía.

La Federación Nacional de Trabajadores Agro industriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Fenacle) quiere consultar sobre su propuesta de educación intercultural para que no solo sea dirigida a los indígenas, además plantea la renegociación de la deuda con China

Además constan la lucha contra la corrupción, reformas al sistema de justicia, la manera de nombrar a los titulares de los órganos de control,  los límites al ejercicio del poder, entro otros.

Partidos también tienen su propuesta

En redes sociales, el excandidato presidencial del movimiento CREO, Guillermo Lasso, publicó 4 temas: la reelección indefinida, la permanencia de la dolarización, la derogación de la Ley de Comunicación, la eliminación de la CPCCS; y adicionalmente a ello plantea el cese de funciones de las autoridades de más de 10 entidades, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral.

Una propuesta similar realiza el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Enrique Arosemena, quien participó en las pasadas elecciones en la campaña de CREO.

El movimiento Centro Democrático, que apoya al gobierno de Moreno, también presentó sus propuestas. Ellos sugieren crear un CPCCS de transición que elija nuevamente a las autoridades de control.

Su conformación sería con 2 representantes de la Función Ejecutiva y uno más de la Legislativa. También quieren eliminar la reelección indefinida, pero solo para el cargo de Presidente.

El líder de este movimiento es el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien lleva 2 periodos consecutivos en el puesto.

El bloque de asambleístas de Alianza PAIS entregará sus propuestas la próxima semana.

La asambleísta María José Carrión considera importante tomar en cuenta que no haya regresión de derechos. Esta agrupación planteará mayores atribuciones a la Asamblea, como fiscalización a gobiernos descentralizados y al IESS.

Al cierre de esta edición, los presentes de las comisiones legislativas  y sus coordinadores estaban reunidos para afinar la propuesta.

Héctor Yépez, asambleísta de SUMA, sintetizó su propuesta en 5 puntos primordiales: eliminación del CPCCS,  supresión de la reelección indefinida, anulación de la tabla de drogas, y derogación de la última reforma a la Ley de Plusvalía y de la Ley de Comunicación.

Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, también quiere eliminar la Ley de Plusvalía. (I)

PROCEDIMIENTO

El artículo 147, numeral 14, establece que entre sus atribuciones el Presidente de la República tiene la facultad de convocar a consulta popular y enviar las preguntas
a la Corte Constitucional.               

Hasta el 26 de septiembre, sectores políticos y ciudadanos entregarán sus propuestas de preguntas a la Presidencia de la República. El 2 de octubre el gobierno anunciará el contenido.  

Una vez que se emita el decreto ejecutivo sobre la consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) verificará el cumplimiento de los requisitos y enviará las preguntas a la Corte Constitucional.

La institución revisará la constitucionalidad de las preguntas; si se cumplen los requisitos las remitirá al CNE, que por su parte tendrá quince días para convocar a los ciudadanos al proceso electoral.

Después de este anuncio el plazo máximo para la puesta en marcha del proceso de consulta será de 60 días, según lo determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia). Durante ese tiempo el organismo electoral establecerá el presupuesto y el calendario.

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El CNE espera decreto ejecutivo para la consulta

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, explicó que para este proceso se deben cumplir 2 instancias: la primera, la presentación por parte del Ejecutivo del texto de las preguntas propuestas a la Corte Constitucional (CC), que a su vez es el organismo encargado de revisar y aprobar los textos; y, la segunda, la resolución de la Corte sobre la idoneidad constitucional de las preguntas, que luego devolverá al Mandatario a fin de que continúe con el siguiente paso, o sea la emisión de un decreto dirigido al organismo que preside, con las preguntas aprobadas.

No obstante, anticipó que la institución estará lista en caso de que se realicen todas las etapas. “Al momento no podemos anticipar ninguna fecha probable porque es necesario esperar el  pronunciamiento, tanto de la Corte Constitucional como del Ejecutivo”.   

Tras explicar los tiempos que establece el Código de la Democracia, Pozo reiteró que de momento “obviamente, no tenemos  presupuesto ni plan operativo determinado, porque primero tenemos que esperar que llegue a competencia del Consejo Nacional Electoral”.

Si se convoca a este proceso y si se cumplen los plazos sería una nueva consulta popular que se efectúa en el país en menos de un año, pues en febrero pasado, con las elecciones presidenciales, se realizó una similar. (I)