El futuro de los consejeros de Participación Ciudadana, José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá estuvo definido antes de la sesión de la Asamblea.

La mayoría conformada por Alianza PAIS, CREO y las bancadas de Integración Nacional y Acción Democrática, junto con el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, SUMA e independientes, adelantaron que apoyarían su destitución.

Para cumplir con ese objetivo necesitaban 70 votos, una cifra que no era difícil de conseguir para la mayoría que aseguró al menos el respaldo de 84 legisladores.  

El primer vicepresidente de la Asamblea y miembro de la bancada de Integración Nacional, César Solórzano, ratificó que cuenta con los votos para la censura. “Sabemos las causales y es claro el incumplimiento de funciones. Votaremos con responsabilidad”.
Lo mismo anunció el asambleísta Guillermo Celi, de SUMA, quien sostuvo que se arrogaron sus funciones.

Sin embargo, esas acusaciones fueron rechazadas por Tuárez y sus tres colegas. Ellos aseguraron que su juicio es una maniobra para apropiarse del organismo. Pero la mayoría consiguió 84 votos para su salida.

Según la ley de Participación Ciudadana, los consejeros destituidos serán reemplazados por sus suplentes. Estos son Juan Xavier Dávalos, David Rosero, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Los cuatro fueron declarados suplentes por la votación que obtuvieron en las elecciones de marzo de 2019.

Si se concreta su llegada al Consejo, una de las consecuencias que parece inminente es la consolidación de una nueva mayoría alejada de los objetivos de Tuárez y los otros tres consejeros. Esto se puede esperar por los pronunciamientos públicos que han realizado Rosero, Bravo y Estupiñán.

Uno de ellos ocurrió el 26 de junio de 2019. Ese día, los vocales Christian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira pedían una investigación contra Tuárez y declaraban que sus tres votos no eran suficientes para frenar a sus cuatro compañeros.

En ese pronunciamiento tuvieron el respaldo directo de Rosero, Bravo y Estupiñán. Incluso, los acompañaron en su rueda de prensa. Por eso, la actual consejera Sofía Almeida tiene la esperanza de que si Rosero, Estupiñán y Bravo llegan al organismo se unan y conformen una fuerte mayoría.

Si esto ocurre solo quedará por fuera Juan Javier Dávalos. Él se ha pronunciado públicamente a favor de las acciones que llevaron a Tuárez y sus colegas al juicio político en la Asamblea. Sin embargo, Almeida no se quiere adelantar al futuro, sobre todo porque “cada uno tendrá su criterio” y desconoce si pueden cambiarlo.

A Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Transitorio, le preocupa que se piense en una nueva mayoría. Para él, lo ideal sería no tenerla y que el trabajo sea consensuado entre los siete consejeros. “Con Tuárez teníamos una mayoría correísta, de crearse una nueva con el ingreso de los consejeros suplentes a qué partido político responderían”, recalcó Seraquive.

El exfuncionario no es optimista con el futuro del organismo y apuesta por su pronta desaparición. La conformación definitiva del Consejo de Participación se conocerá luego de la posesión de la Asamblea. Luego el primer reto será nombrar a su nuevo presidente.

Édison Burbano, secretario general del Consejo de Participación, explicó que la legislación dispone que ante la ausencia temporal o definitiva de los consejeros se promueva a quien obtuvo la mayor votación, y en este caso sería Juan Xavier Dávalos. Sin embargo, eso no definirá que sea el presidente porque para eso se necesitan los votos de sus compañeros.

Asimismo, el Consejo de Participación deberá afrontar los pedidos de la Asamblea para terminar con sus facultades para elegir autoridades nacionales y, con el posible referéndum, eliminarlo.

Durante dos meses, el Consejo de Participación sesionó por ocho ocasiones; le tomó alrededor de 60 días aprobar el reglamento de funciones de su pleno. (I)