La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional solicitará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) ampliar el ámbito de investigación  en torno al denominado caso ‘Panama Papers’.

Esa fue la conclusión de los asambleístas luego de las comparecencias de Javier Bustos, catedrático en tributación de la Universidad San Francisco de Quito y del director de diario EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez.

A partir de la difusión de los ‘Panama Papers’, divulgada a principios de este mes, distintos entes ecuatorianos han iniciado sus propias indagaciones para determinar si existe algún delito vinculado al lavado de activos, narcotráfico, crimen organizado o evasión fiscal.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició con su recopilación de información a finales del mes pasado; Pérez también se presentó en esa ocasión. Esta vez el director de este diario volvió a insistir ante las autoridades en que se debe publicar toda la información que se tenga al respecto y no verdades a medias.

Cuestionó que el ICIJ, en donde colaboran 6 periodistas ecuatorianos, no haya publicado todos los nombres de los involucrados cuando la obligación de los periodistas es informar toda la verdad y en ese sentido ironizó que no hacerlo recaería en un “delito de leso periodismo”.

En ese pedido también lo acompañaron algunos asambleístas. Una de ellas fue Gina Godoy, quien indicó que se debe insistir a los periodistas de diario El Comercio y El Universo para que entreguen la información sobre los ‘Panama Papers’, de lo contrario podrían “ser cómplices”. Exhortó a la responsabilidad que tienen los profesionales de la comunicación con la ciudadanía y aclaró que no se trata de una persecución, sino que ayudaría a que el trabajo se cumpla con eficiencia.

Luego de múltiples presiones, el ICIJ publicará el próximo 9 de mayo una parte de la base de datos: sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados solo en 10 de los 21 territorios implicados.

Ampliación de la investigación

Durante el debate también se destacó la importancia de ampliar el ámbito de investigación que tiene la Comisión, debido a que Panamá no es el único paraíso fiscal y tampoco Mossack Fonseca es el único estudio jurídico que realiza este trabajo.

El asambleísta Christian Viteri también puso como ejemplo a Morgan & Morgan: “Lo que quiero decir es que Mossack Fonseca es solo un estudio jurídico de Panamá que se dedica a esto. Uno de los más grandes, pero ni siquiera es el más grande”.

También explicó que para la evasión fiscal se están utilizando otras jurisdicciones que no están consideradas en la lista de 87 paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes por el Servicio de Rentas Internas (SRI), con los cuales Ecuador tiene suscritos convenios de intercambio de información como con Costa Rica y Uruguay.

En ese sentido, la legisladora Marisol Peñafiel coincidió con Viteri en que el tema es más profundo que los ‘Panama Papers’ y planteó que el informe que la Comisión presente no solo se refiera a la investigación del ICIJ, sino también sobre el manejo de paraísos fiscales y que, sobre eso, se haga una solicitud formal al CAL.

“Las reflexiones deben ir en el marco de cómo juegan las reglas del mercado y cómo se crean y se fortalecen grandes capitales en desmedro del Estado y de los ciudadanos (...) que a través de la evasión fiscal quiebran a las economías locales”.

Aunque el académico Bustos señaló que las compañías offshore, por sí solas, no son ilegales según la legislación ecuatoriana, cuestionó que en el país existan limitaciones para investigar sobre este tipo de sociedades, puesto que el Código Tributario establece una norma de confidencialidad.

A principios de este mes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, bufete panameño reconocido por manejar fortunas que migran de sus países de origen para evitar el pago de impuestos. En la investigación fueron mencionados 3 ecuatorianos. Entre ellos el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, quien será llamado a comparecer, al igual que el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando. (I)