Países avanzan hacia la creacióndel Observatorio del Sur

En abril de 2013 se celebró en Guayaquil la Primera Conferencia Ministerial sobre Estados y Transnacionales, que reunió a doce países latinoamericanos. Una de las más ambiciosas iniciativas que surgió de este encuentro fue la creación del Observatorio del Sur para Empresas Transnacionales, que será financiado con aportaciones de los Estados. Este Observatorio está llamado a convertirse en un auténtico centro de pensamiento del Sur, exclusivamente dedicado a evaluar y monitorear los impactos reales de las empresas transnacionales en las economías de nuestros países, con el objetivo último de lograr una relación más armónica entre los capitales transnacionales y las necesidades de desarrollo de nuestros pueblos.

Ahora, el momento para impulsar con fuerza la creación de este Observatorio será este 10 de septiembre (hoy), cuando se reúna, en la ciudad de Caracas, la II Conferencia Ministerial sobre Estados y Transnacionales. Sin duda, este evento ha levantado una importante expectativa, al punto de que varios países africanos y asiáticos acudirán invitados a este evento, sabedores de que ellos mismos padecen una problemática muy similar a la registrada en América Latina.

A comienzos de la década de los ochenta se impusieron sobre la mente de muchos de nuestros gobernantes una serie de dogmas de carácter abiertamente neoliberal. Recordemos cómo las restricciones a las políticas fiscales y monetarias comenzaron a imponerse sobre gobiernos de distinto signo político, literalmente condicionando las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Muchos de ellos, empantanados en una deuda externa provocada –entre otras razones- por los excesos de liquidez mundial de los convulsos años setenta.

Ese “único camino” se extendió como credo hasta los años noventa, década en la que se firmaron la gran mayoría de los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de las inversiones. En el clima político que imperaba a finales del siglo XX, pareció un buen negocio firmar aquellos TBI, con la esperanza de ver un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa, y así, una salida económica a aquellos años difíciles. Aproximadamente dos décadas después, los resultados obtenidos en este empeño son inciertos y desiguales. Más bien hoy constatamos que no toda Inversión Extranjera Directa (IED) implica necesariamente una transferencia productiva para el país.

Gobiernos de muy distinto signo político han debido enfrentar litigios contra empresas transnacionales, que han aprovechado la existencia de estos TBI para desconocer las legislaciones nacionales de los países, y acudir a estos foros de arbitraje, donde raramente pierden. Por otro lado, existen casos acumulados, desde principios del siglo XX, donde las acciones de determinadas corporaciones transnacionales han constituido graves vulneraciones de los derechos humanos, de la soberanía de los Estados y del ordenamiento legal. Nuestra región latinoamericana ha sido especialmente golpeada por los abusos de ciertas corporaciones que, lejos de plantear una solución mutuamente beneficiosa, se han aprovechado de las asimetrías de poder que dejaban en desventaja los intereses de los pueblos y los Estados del Sur. En el Ecuador, la larga disputa con la petrolera Chevron-Texaco es el peor testimonio de ese pasado oscuro que debemos evitar en el futuro.

Somos conscientes de que para vencer los dramas sociales vinculados al subdesarrollo requerimos de la transferencia de todo tipo de capitales: financieros, tecnológicos, científicos, industriales. Y estos están localizados mayoritariamente en otros continentes y latitudes. Atraer esta inversión extranjera ha sido, por tanto, un poderoso estímulo para nuestros gobiernos, y todavía lo es.

Sin embargo, debemos repensar la relación real de intercambio que existe actualmente entre capitales, mayoritariamente provenientes de países del norte, y materias primas, aportadas mayoritariamente por los países del Sur.

La Unión Sudamericana de Naciones está ya poniendo en marcha iniciativas, como la conformación de un Centro de Solución de Controversias y Mediación que puede ayudarnos a lograr ese equilibrio entre las garantías razonables debidas a todo inversor que apuesta honestamente por un proyecto empresarial en el extranjero, por un lado; y la legítima coherencia de los marcos jurídicos nacionales, por el otro.