El proceso de evaluación pasará primero por el sector judicial, según el trabajo trazado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST).

En la sesión del pleno, programada para mañana, los 7 integrantes del Consejo prevén aprobar el orden de las 5 primeras evaluaciones y el envío de las notificaciones.

La consejera Myriam Félix comentó que el primer requerimiento sería para el fiscal Carlos Baca. “Ese anuncio tiene que hacerlo el pleno, pero ya habíamos dialogado sobre la necesidad de empezar evaluaciones con las autoridades más cuestionadas”.

Puntualizó que el proceso no interferirá con el juicio político contra Baca en la Asamblea, ya que son campos de acción distintos y que dentro de las evaluaciones continuarán con el Consejo de la Judicatura.

Aclaró que hasta el momento han trabajado en el reglamento de  evaluación y están por aprobar el de designación de autoridades.
“Tenemos ya el instrumento para valorar la actuación de los funcionarios, el cual cuenta con el aval y el asesoramiento de organismos como las Naciones Unidas”, sostuvo.

Para aquello, agregó, han sido cuidadosos con las normativas. “Hay juristas reconocidos entre nosotros, por eso hemos puesto mucho cuidado para construirlos con tiempo, sin apuros, y así lograr un instrumento efectivo de evaluación apegado a la Constitución”.

Félix recalcó lo afirmado por Trujillo la semana pasada de que los mandatos del organismo están  a nivel constitucional.

“De acuerdo a los anexos de la pregunta 3, nos da la potestad para evaluar y cesar el periodo de las autoridades, así como realizar el proceso para elegir a los reemplazos”.

No obstante el jurista Stalin Raza comentó que los mandatos del Consejo Transitorio no están a nivel de la Constitución, ya que esta establece el orden jerárquico de las normas, “lo único a este nivel son las normas de Derecho Internacional que se refieren a Derechos Humanos”.

Aclaró que los reglamentos emanados del Consejo están bajo las leyes porque los miembros de este organismo no son legisladores.

“Tienen capacidad de dictar normas al igual que lo hacían los anteriores consejeros cesados, de carácter reglamentario secundario, por eso podrían ser impugnadas ante los jueces”, advirtió.

De allí que consideró que el Consejo Transitorio tiene que cumplir con el mandato que les dio el pueblo, “no actuando en  contraposición a las leyes y garantizando el debido proceso”. El constitucionalista Rafael Oyarte opinó que la consulta popular determinó expresamente que el CPCCST elabore sus propias normas para el ejercicio, “lo que ocurre es que en esa materia los mandatos o preceptos que emitan, en virtud del principio de consecuencia, se aplican por sobre la ley”.

Oyarte dijo que hay varios casos en los que la Constitución, “al asimilar competencias a órganos del poder público para reglamentar una actividad, les da primacía”.

Comentó que se ha confundido el término usado por Trujillo. “La consulta popular hace que estas disposiciones del Consejo estén sobre la ley, pero siempre bajo la Constitución”, finalizó. (I)

Apoyo
Sanción pendiente
El CPCCST decidirá en el pleno de esta semana la recomendación de destitución del superintendente de Economía Popular, Patricio Rivera, quien no acudió a la convocatoria que hizo el organismo para que presentara su defensa.   

24 autoridades de control, incluidos superintendentes, jueces electorales y constitucionales serán evaluados.   

Reglamento para reemplazo
Los consejeros esperan aprobar el reglamento para el nombramiento de autoridades de control que eventualmente sean cesadas del cargo, el cual contará con veeduría ciudadana. (I)  

El Consejo ajustará su presupuesto en 3 áreas
El Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) espera reducir el presupuesto de la entidad, por lo que se optimizarán  los recursos en 3 áreas en el interior del organismo.  

El organismo cesado fijó el gasto para el periodo fiscal de 2018 en $ 11’228. 695, lo cual ya fue aprobado y son los recursos con los que cuenta la entidad.

Sin embargo, los consejeros transitorios quieren reducir esa cantidad, para lo cual ajustan varios rubros.

“Estamos haciendo una reingeniería de personal, al momento son alrededor de 400 empleados, varios de ellos con contratos y servicios ocasionales, los cuales no serán renovados”, indicó la consejera Myriam Félix.

Aclaró que el 82% del presupuesto se destina a gasto corriente, por eso al momento se prepara un nuevo análisis financiero. También enfocarán el gasto que se hacía antes en las veedurías ciudadanas para la elección de las autoridades que costaban entre $ 450.000 y $ 700.000, “en estas veedurías, con el nuevo reglamento, tendremos mucho ahorro”.

Así mismo efectuarán un estudio relacionado con el gasto en publicidad, así como en las publicaciones que se hacían usualmente.  (I)