Orden judicial da ‘luz verde’ para indagar qué pasó con Yorgi Cedeño

Tras conseguir que se ratifique y se modifique la sentencia en contra de 12 exagentes policiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), el reto de la Fiscalía, de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos será investigar y determinar qué sucedió con Yorgi Hernán Cedeño Saltos, quien el 30 de septiembre de 2009, sin una orden judicial, fue detenido junto a sus hijastros: Fabricio Colón, Javier Universy y Jenny Karina Pico.

Sus hijastros sobrevivieron, pero de Cedeño no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo, pues Fabricio reveló que su padrastro fue sometido, entre otros, a la tortura denominada ‘submarino’ y que como sufría de asma no resistió y murió por asfixia.

Esta detención ilegal, acompañada de tortura, que ocurrió en 2009 en Quito y que implicó a exagentes policiales del GOE, tomó vigencia luego de que el 4 de febrero pasado la Sala Penal de la Corte de  Pichincha ratificara la sentencia emitida el 28 de julio de 2011 por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales, pero modificó la sentencia que únicamente  los condenaba a purgar 2, 5 y 10 meses de prisión.

La Sala Penal de la Corte sentenció a 4 años de reclusión menor a los 12 exagentes, tras ser declarados culpables de desaparición forzosa y tortura a cuatro personas, así como por la desaparición de Cedeño.

Los sentenciados son el teniente coronel y exjefe del GAO, Ólger Fabián Centeno Cataña; teniente Sergio Wladimir Cevallos Flor; sargento Luis Aníbal Martínez Vilañez (posteriormente implicado y procesado en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010); y los cabos y policías  Walter Rolando Parco Guaranda, José Alberto Sánchez Estrella, Edwin Wladimir Casierra Lara, Fabián Santiago Brito Villacrés, Diego Pinto Garzón, Luis Aguilongo Menéndes y Aguiluchi Saguana.  

Entre los condenados también constan el teniente Paúl René Muñoz Barrera. Sin embargo, él fue asesinado en Ibarra (Imbabura) en junio de 2013, por sujetos en moto, supuestamente por  robarle más de 13.000 dólares que iba a destinar a comprar un vehículo. Por su parte, el cabo Luis Eduardo Lasso Pérez se habría suicidado.

En esa misma providencia del pasado 4 de febrero, la Sala Penal pidió que se oficie a la Fiscalía General una investigación por la desaparición de Cedeño.

Para Fabián Salazar, uno de los fiscales que lideró las indagaciones para determinar la responsabilidad de los exagentes del GAO, es la primera vez que en Ecuador se sanciona realmente por desaparición forzosa y tortura, pero aún falta por esclarecer qué pasó con Cedeño, por lo que hacia allá se encaminarán las nuevas investigaciones.

La Fiscalía, al cabo de varios años de investigaciones, reunió los elementos de convicción (pruebas documentales y testimoniales) que sirvieron para acusar y condenar a los 12 exagentes del GAO, pese a que estos policías de élite trataban de no dejar evidencias de sus detenciones forzosas, tácticas de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Entre esos elementos consta, por ejemplo, los certificados médicos legales  de Jenny y Fabricio Colón Pico Suárez, por el perito Juan Carlos Pérez, quien en su conclusión determinó que hubo agresión física contra ellos, por lo que declaró la incapacidad respectiva.

De esas torturas dan fe las fotos que conservan organismos de derechos humanos como el movimiento Mahatma Gandhi, cuyos representantes también disponen de los oficios que dirigieron en 2009 a las autoridades del Gobierno, para que tomen cartas en el asunto.

Entre esos oficios consta el dirigido al entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, por Fabricio, Javier y Jenny Pico, el 5 de octubre de 2009. Allí explican cómo fueron detenidos por agentes del GAO, golpeados, amarrados, vendados los ojos y boca, y sometidos a los más terribles y denigrantes castigos.

Por ello solicitaron “que se investigue el hecho y se sancione a los responsables, autores, cómplices y encubridores, pues hasta hace pocas horas mi familia ha recibido amenazas telefónicas en las que amenazan con matar si se atreve a denunciar...”, dijeron (ver facsímil).

Sonia Andrade Tafur, activista de Derechos Humanos, se comunicó telefónicamente ayer con este Diario y manifestó que, aunque han pasado cinco años, al fin se hace justicia al sancionar a  quienes  cometieron el hecho.   

El 13 de agosto pasado, Fabricio  dirigió un oficio a Andrade, en el que recordó lo ocurrido con sus hermanos y padrastro y que, por tal razón, accedió al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General, pero que pese a ello requieren de la ayuda de organismos de derechos humanos para que intercedan por ellos con mayor protección, porque sus vidas siguen corriendo peligro.