La OEA también lamentó que, por ese motivo, el CNE haya decidido no invitarle para observar las próximas elecciones locales de marzo y se manifestó preocupada ante las declaraciones de la presidenta del órgano, Diana Atamaint, sobre un cambio en el reglamento con respecto a la observación electoral en el país, según una misiva que envió a la titular de la función electoral.

Los cambios que pretende hacer Atamaint incluyen que las misiones de observación no puedan hacer entrevistas a funcionarios del CNE, autoridades nacionales, dirigentes y candidatos de partidos ni registrar ni reportar controversias, situaciones irregulares o de conflicto durante los comicios electorales.

Según la OEA, este hecho "imposibilitaría cualquier tipo de observación electoral independiente e imparcial".

En la carta, el organismo supranacional dijo que el trabajo de la misión de observación de la consulta popular de 2018 cumplió su labor "en estricto cumplimiento con el acuerdo de inmunidades y privilegios firmado con el gobierno ecuatoriano y con el acuerdo de procedimientos firmado con el CNE".

La presidenta del órgano electoral manifestó que la misión "tiene que dar seguimiento al proceso de elecciones y no al proceso previo".

En ese sentido, la OEA recordó que el acuerdo de procedimientos pactado con la CNE establece que ésta garantizará, "durante el proceso electoral y los periodos anteriores y posteriores al mismo", la libre movilidad por todo el territorio ecuatoriano, así como el acceso de la misión a todas las áreas de los organismos que forman parte del sistema electoral.

Igualmente, afirmó que la misión "está total y completamente en línea con la metodología que implementa la OEA en otros 27 países de la región, en más de 260 Misiones de Observación Electoral".

Finalmente, mencionó que Ecuador es el país perteneciente a la OEA que más misiones de observación ha recibido desde el inicio del programa en 1968, un total de veinte.

La consulta popular del 4 de febrero de 2018, convocada por el Gobierno de Lenín Moreno, trató cuestiones sobre corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores. (I)