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Hubo consenso para disminuir el financiamiento de donantes externos a la región

OEA modifica el enfoque de su presupuesto (Infografía)

OEA modifica el enfoque de su presupuesto (Infografía)
04 de noviembre de 2014 - 00:00 - Redacción Política

Ecuador impulsó un cambio histórico en la Organización de Estados Americanos (OEA), concretamente en la elaboración de su presupuesto. Normalmente el secretario ejecutivo presentaba la proforma al Consejo Permanente, donde están representados los Estados miembros, como un acto protocolario. Nunca había objeciones, ni discusiones ya que se aprobaba inmediatamente el plan.

El embajador de Ecuador ante la OEA, Marco Albuja, consideró un avance fundamental la aprobación del presupuesto 2015-2016. “El Estado ecuatoriano se congratula particularmente por coincidir con los 33 países restantes respecto al cambio estructural necesario para la supervivencia de la OEA o para su defunción final”, indicó.

Por iniciativa ecuatoriana, que fue respaldada por otros países, se alcanzó un consenso sobre el presupuesto. El objetivo es que todos los rubros estén vinculados a las prioridades políticas de la organización, las mismas que deben ser las de los Estados miembros. De esa manera se evitó que el presupuesto sea hecho por los donantes, países observadores o solamente por la Secretaría General.

La OEA atraviesa serios problemas de financiamiento, pero Albuja considera que debe haber la garantía de que los fondos van a ser utilizados únicamente en las prioridades políticas de los Estados, es decir temas sociales, económicos, educativos y tecnológicos.

Ecuador aspira a que la OEA tenga algún día como fuente primordial de financiamiento los recursos que entregan los Estados al fondo regular. “Nos sentimos complacidos que este año se apruebara ya no solo equilibrar la relación entre fondos específicos (aportes dirigidos o donaciones) y fondo regular, sino que por primera vez hemos dado mayor énfasis a los fondos regulares”.

Quito quiere trabajar con el próximo secretario general, que se elegirá en 2015, para que los fondos específicos sean direccionados pero no condicionados y que sigan los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, hasta llegar a un momento en que los fondos específicos no sean ni dirigidos.

Para 2015 los Estados aprobaron una variación en el presupuesto de $ 148.986,5 por lo que la cifra total se ubica en $ 167.023,6 millones. Hubo unanimidad en enfocarse hacia el financiamiento mediante fondos regulares. Por eso se pasó de un aporte del 47% de fondos específicos, que en 2014 constituían casi la mitad del presupuesto general de la Organización, al 40% para 2015.

La variación fue directamente asumida por los países que ahora financian por aportes al fondo regular de la OEA el 57%. “Esto es un cambio en el principio mismo de administración y finanzas de la organización, asumir la responsabilidad de financiar, pero bajo las normas de que son los países los que deciden las líneas políticas sobre las que se ejecuta el presupuesto, y estas decisiones se toman con propuestas, discusión y votación de los 34 países activos”, destacó Albuja.

En el caso de los derechos humanos, el financiamiento de los Estados pasó de $ 9,36 millones a $ 9,44 millones. En este rubro disminuyeron los aportes específicos de los donantes de $ 3,8 millones a $ 3,5 millones. “Caminamos a que la OEA y, sobre todo los derechos humanos, sean financiados únicamente por el presupuesto general con los aportes de los países miembros. Todo aporte extrapresupuestario será en algún momento no direccionado y no condicionado”, dijo Albuja ante el Consejo Permanente.

También variaron las prioridades de la inversión. Ahora ya no es la seguridad hemisférica, como lo mandaba la teoría de la Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos. Ahora la meta es el desarrollo integral y el apoyo a la democracia con las misiones electorales.

“Es un verdadero triunfo haber conseguido la voluntad de los 33 países restantes para apoyar la iniciativa de Ecuador que mediante una transitoria en el presupuesto se ordene cambiar las Normas Generales (principal reglamento de la OEA) y darle autonomía funcional y dependencia jerárquica del Consejo Permanente al Inspector General que es el auditor interno de toda la Organización, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó Albuja.

De esta manera los Estados tienen una herramienta para supervisar y corregir acciones del Secretario o de los organismos que dependen de él, entre otros la CIDH. Como funciona en Naciones Unidas o en cualquier organismo multilateral, se logró que la rendición de cuentas sea auditada por un ente independiente de la Secretaría General. “Por muchos años se ocultaron denuncias o se impidieron investigaciones, para no dañar la imagen de la OEA, ahora cambiamos esa turbia realidad”, recalca el embajador ecuatoriano.

El Inspector tendrá autonomía e independencia. El objetivo es que cumpla a cabalidad las funciones de supervisión, control, investigación, recomendaciones y determinación de responsabilidades de todo funcionario, sin distinción de rangos administrativos. De esta manera deja de ser una oficina dependiente del Secretario General.

Además, se decidió encargar al Inspector General que en sus informes trimestrales, compruebe que las transferencias de personal y concursos se hayan efectuado acorde con la normativa.

DATOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como ‘sistema interamericano’.

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  Posteriormente, la Carta fue enmendada por otros protocolos.

La OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como a la Unión Europea (UE).

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