La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tema se discutió luego de que la representación ecuatoriana presentara un proyecto con los consensos alcanzados entre los estados parte del Acuerdo de San José. A esa iniciativa posteriormente se unieron los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El documento aprobado contempla que la comisión realice sesiones fuera de su sede en la capital de EE.UU., algo que ya hace, pero no menciona la propuesta para que se mude permanentemente a otro país.

El tema provocó un intercambio de declaraciones entre el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Según la agencia EFE, ambos mantuvieron una reunión bilateral tensa durante la Asamblea.

Insulza sostuvo que el cambio de sede de la CIDH requeriría modificar los tratados de la OEA, cuya enmienda necesita la ratificación de los congresos de los Estados miembros, incluido EE.UU. “Eso es un camino inconducente, porque todos sabemos que no va a ocurrir”, dijo el exministro chileno el lunes.

En cambio, Patiño defendió que para el cambio de sede basta con que la Asamblea General de la OEA modifique el estatuto de la CIDH, sin necesidad de pasar por los parlamentos.

El proyecto aprobado este jueves también promueve un diálogo sobre las relatorías de la CIDH, que son sus áreas de trabajo. (LEA LA DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN)

El documento menciona que ese diálogo puede incluir la posibilidad de crear un fondo único de financiación, “para el fomento de contribuciones voluntarias”.

Ecuador quería que constara que esas donaciones “no podrán ser condicionadas ni direccionadas”, como reflejó en su proyecto original.

El país suramericano se queja de que la Relatoría de Libertad de Expresión recibe más fondos que las otras y que ese sistema de financiación afecta su objetividad, porque es controlada por países que no ratificaron el Acuerdo de San José y ONG extranjeras.

De hecho, Ecuador entregó a los cancilleres americanos un libro para refutar “las falsedades, sesgos y limitaciones” de los informes de la CIDH.Patiño calificó a la Relatoría de la Libertad de Expresión como “una vergüenza” para la OEA.

En su proyecto original, Ecuador pedía “una revisión rigurosa” de los mandatos, fuentes y metodología de las relatorías, pero ese lenguaje se quedó fuera del documento final.

La resolución aprobada también pide a Insulza que consulte a los 8 países, entre estos Estados Unidos, que no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los documentos clave de la OEA, y presente sugerencias “para su plena participación” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Casi un centenar de organizaciones no gubernamentales se manifestó el martes en un comunicado conjunto en contra de las propuestas ecuatorianas.

Patiño dijo que algunos miembros de la sociedad civil “están confundidos” porque creen que la comisión “es un organismo de las ONG”, pero el sistema “es de los Estados”.

“El Consejo Permanente (de la OEA) es el que tiene que decidir los planes de la comisión”, dijo el canciller ecuatoriano, quien aclaró que “otra cosa es que los Estados le digan: no vaya allá”.

En la Asamblea General de la OEA, Ecuador anunció una donación extraordinaria de un millón de dólares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuyo trabajo ha sido destacado varias veces por Quito.