La representación ecuatoriana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) posicionó la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el debate.

Ecuador presentó un proyecto de resolución para cambiar la sede de la CIDH, ubicada en Washington, así como su financiamiento. Este tema ya ha sido tratado en reuniones anteriores, incluso en un encuentro de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y otra cita en Haití de los estados parte del Acuerdo de San José.

Quito quiere mudar la CIDH porque Estados Unidos no ha ratificado el Acuerdo de San José. Además critica que países de fuera de la región y ONG la financien.

Según la televisora Telesur, la resolución ecuatoriana pasará a ser el objetivo central del encuentro, enfocado, fundamentalmente, en la inclusión y el desarrollo social.

Ecuador intentó el miércoles revivir el debate sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar un proyecto de resolución que propone mudar su sede de Washington, entre otros cambios que dividen a los miembros de la OEA reunidos en Asunción.

El proyecto de resolución llegó el martes por sorpresa a manos de los cancilleres de la OEA. Estaba previsto que sea discutido a puerta cerrada en la reunión de la Comisión General.

Tras una reunión paralela de la Unasur, Ecuador habría decidido “bajarle el perfil a la resolución” y esperar un tiempo antes de plantear estos cambios, a pedido de Brasil, Argentina y Uruguay, dijo a la AFP una fuente diplomática que pidió el anonimato.

El documento propone impedir que algunas áreas de la CIDH cuenten con más financiamiento que otras y favorece “una revisión rigurosa” de los mandatos asignados a las relatorías, un pedido destinado a evitar que los aportes de los estados no sean direccionados, por ejemplo, a la Relatoría de Libertad de Expresión que cuenta con más recursos por donaciones extranjeras.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada, pidió que la CIDH, como un órgano autónomo de la OEA, “no sea instrumentalizada con fines políticos en contra de algunos países y no usen doble rasero en su análisis”.

El reclamo de Moncada reitera el planteamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), que acusan a la Relatoría de Libertad de Expresión de ser financiada “por el poder mediático internacional” contra los “gobiernos progresistas” de América.

Sobre el cambio de sede de la CIDH, el proyecto pide considerar a Haití, Costa Rica y Guatemala como eventuales residencias.

Debate con Insulza

Durante el discurso inaugural del martes pasado, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirió al tema. Él recordó que en 2012 se aprobaron e introdujeron cambios reclamados por los estados miembros. “No cuestiono el derecho de cualquier Estado a intentar reformar el sistema. Pero ello se debe hacer enmendando las normas jurídicas que corresponden y casi todas ellas están consignadas en la Carta de la OEA y en la Convención”, advirtió Insulza.

Tras citar las reformas de San Salvador (2011) y Cochabamba (2012) para fortalecer el sistema, ampliar la pertenencia a la Corte, mejorar su financiamiento y reafirmar la autonomía de la Comisión y la Corte, Insulza pidió dejar de lado esfuerzos paralelos “que solo sirven para debilitar uno de los órganos principales de la OEA”.

“Evitemos seguir un largo y penoso debate sin resultados benéficos que solo puede debilitarnos y dividirnos, poniendo en cuestión una de las principales riquezas de esta Organización”, dijo.

Desde Guayaquil, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa contestó los cuestionamientos. “Respeto el criterio del Secretario General, pero la máxima autoridad de la OEA somos los Estados, la Asamblea General, nosotros decidimos (...) El argumento de Insulza me pareció bastante insulso”, expresó el funcionario internacional.

EE.UU. RECHAZA PROPUESTA DE ESTADOS

Estados Unidos calificó como un precedente “muy peligroso” que los miembros de la OEA puedan controlar la distribución de los recursos de la CIDH, en referencia a la propuesta de Ecuador.

La embajadora estadounidense ante la OEA, Carmen Lomellin, aseveró que la Comisión “necesita la flexibilidad” para dedicar sus fondos a las áreas en las que piensa que son necesarios.

La IV Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José, que tuvo lugar en Haití la semana pasada, propuso en una Declaración que cualquier donación a la CIDH vaya a un fondo único para su asignación “de acuerdo a un programa de trabajo previamente aprobado por los Estados”.

“Empezar a tener un fondo que dirijan los estados miembros puede ser un precedente muy peligroso”, aseveró la embajadora.

“La Comisión tiene que seguir siendo autónoma e independiente, para lo que debe poder decidir sobre la asignación de recursos”, dijo la diplomática en Asunción.