Para el 25 de febrero se fijó la fecha en que el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y los legisladores interpelantes acudan a la Comisión de Fiscalización para el trámite del juicio político.

Mientras tanto, ayer se inició el plazo de 15 días que tiene el titular de la Supercom para recabar información que le permita ejercer su derecho a la defensa, aunque el funcionario sostuvo que tendrá todo listo dentro de cinco días.

El 8 de febrero Ochoa fue notificado oficialmente sobre el inicio del juicio político en su contra, una vez que la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento sobre la solicitud. El siguiente paso fue notificar a los asambleístas proponentes, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar.

Según Villamar, la fecha  para la comparecencia está prevista para el 25 de febrero.

Cuesta en cambio anunció que la Comisión ofició algunas pruebas y los proponentes solicitarán otras para adjuntarlas al proceso de juicio.

Para el superintendente Ochoa este es un acto normal de solicitud de información, “es una oportunidad para asistir a la Comisión de Fiscalización y demostrar que todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley”.

Agregó que ha sido llamado “no por peculado, enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias, sino para que explique la aplicación de la ley”. Insistió en que su decisión fue comparecer personalmente ante la Comisión.

Requerimientos                
Dentro de la resolución adoptada por la mesa legislativa se pidió a la Secretaría General de la Supercom que certifique si el último procedimiento iniciado a Teleamazonas fue de oficio o a petición de parte.  

También un detalle de los procedimientos sancionatorios: copias de resoluciones por sanción ante opinión; copia del expediente de la denuncia de Martha Roldós, así como la notificación para completar la información.

La Secretaría deberá entregar también un ejemplar de bolsillo de la Ley de Comunicación (LOC), que la Supercom pagó para su impresión. Además, adjuntará una copia de las especificaciones del proceso de contratación para las leyes de bolsillo.

A estos documentos se suma un detalle de los medios sancionados por presunto incumplimiento del artículo 103, en concordancia con la transitoria sexta de la LOC y las resoluciones.

El Superintendente, en cambio, a título personal, debe remitir un informe de “diferencia conceptual entre información y opinión”; otro que explique por qué no siguió la solicitud de Roldós, y un detalle del artículo de la LOC, en el que establece que se adjunten las cédulas a las denuncias.

El Servicio Nacional de Contratación Pública, por su parte, remitirá el informe detallado del contrato de “Adquisición de leyes de bolsillo”.

El Registro Oficial, en cambio, debe entregar una copia de la LOC y la Contraloría General del Estado enviar un informe sobre alguna auditoría relacionada a la contratación de “adquisición de leyes de bolsillo”.

La asambleísta Cuesta  anticipó que hará un seguimiento a su proyecto de ley para reformar la LOC. “No solo es destituir a un funcionario sino también hacer cambios estructurales”, dijo. (I)

Gestión
Pedidos
7 pedidos de juicio político han sido entregados en 9 meses de gestión de la Asamblea. De estos 3 fueron admitidos por el CAL, uno llegó a su fin (Carlos Pólit), uno fue suspendido (Jorge Glas), uno está en curso (Carlos Ochoa) y uno pendiente.  

15 pruebas fueron solicitadas por la Comisión, entre ellas el contrato para la impresión de leyes de bolsillo.  

Solicitantes
De los 7 pedidos de juicio político, 5 fueron solicitados por CREO, uno por PAIS y uno por el BIN.