El nuevo Ministerio de Gobierno empezará a operar desde agosto
La estructura del nuevo Ministerio de Gobierno está lista y empezará a funcionar desde el próximo primero de agosto de 2019. María Paula Romo se convertirá en ministra de Gobierno, bajo el esquema que unificó la Cartera del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política que funcionaba como un ente independiente con rango de Ministerio.
El pasado 11 de abril de 2019, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 718 disponiendo la supresión de la mencionada Secretaría y que las atribuciones pasen al Ministerio del Interior para lo que determinó un plazo de 120 días.
Una vez finalizado este proceso la cartera del Interior pasará a llamarse Ministerio de Gobierno, de acuerdo con la orden del Ejecutivo.
La articulación implicó la modificación de atribuciones para esta nueva estructura gubernamental referidas principalmente a formular políticas de gobernabilidad para la función Ejecutiva y dirigir su implementación.
El nuevo Ministerio también asesorará en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como monitoreará, verificará y evaluará el cumplimiento de la agenda política del gobierno.
Además, diseñará e implementará protocolos de articulación entre la función Ejecutiva y las demás funciones del Estado así como revisará las propuestas de leyes de carácter prioritario de iniciativa del Ejecutivo para identificar alertas e impactos de naturaleza social o política.
Funcionarios consultados sobre la reestructuración señalaron que el nuevo organigrama no distraerá al Ministerio de Gobierno de los temas de seguridad y que esta fusión se hace sobre la base de optimización de recursos solicitada por el Mandatario.
La fuente consultada explicó que la absorción de la Secretaría de la Política implicó la eliminación de competencias repetidas y la reorganización del personal, así como la devolución de activos y pasivos de ambas entidades.
Por eso 10 asesores serán separados, además de asistentes y analistas; en cambio, 20 funcionarios irán a la Secretaría de Derechos Humanos.
Además se eliminan puestos jerárquicos a nivel nacional, lo que implica la salida de 60 personas y de las asesorías de apoyo administrativo, talento humano, financiero, jurídico, tecnologías de la información y comunicación, otras 60.
Para 2018 en la Secretaría laboraban 470 funcionarios, pero a raíz de los procesos de recortes de personal del sector público, quedaron 375, que constan en la nómina actual.
El nuevo Ministerio de Gobierno, con el personal requerido, iniciará la gestión administrativa el próximo agosto de 2019 con las partidas que Finanzas emite el primero de cada mes.
Asimismo la ministra Romo anunciará oficialmente la distribución de las direcciones y coordinaciones; por eso los encargados del proceso señalaron que no pueden adelantar detalles de la estructura que tendrá esta Cartera de Estado.
Con la fusión, el Ejecutivo cuenta con 17 ministerios y nueve secretarías de Estado a diferencia del régimen anterior que implementó seis ministerios coordinadores que aglutinaron a 22 carteras de Estado y 11 secretarías.
El profesor de la Universidad Internacional Esteban Ron espera que el proceso haya sido el adecuado, pues en este caso debe primar el entendimiento de la fusión por las particularidades de cada entidad que responden a lógicas distintas. Además, para eliminar la duplicidad de tareas de las coordinaciones en las dos instituciones.
Departamentos genéricos, como Asesoría Jurídica, Administrativo, Financiero, Comunicación, Relaciones Internacionales, existían en ambos organismos así que el ahorro en gastos de personal y equipos será significativo.
De la misma forma, de acuerdo con las competencias que se alinean o se absorben, deberán ejecutar una reestructuración de funciones, metas, objetivos pero todo bajo el régimen de un estatuto orgánico por procesos adecuados y actualizados con ajustes legales.
La tecnicidad de la fusión debe también ser acompañada por los organismos estatales técnicos del caso así como vigilar las políticas estatales de austeridad y eficiencia organizativa.
Lamentablemente, “el proceso producirá efectos adversos en el ámbito laboral y de estabilidad de algunos funcionarios estatales” señaló el catedrático.
Al respecto la experta en administración pública, Gabriela Rosas, opinó que en este tema cabe reflexionar que el sentido de las transformaciones en la administración pública está evolucionando de la burocracia a la gerencia.
Por eso es primordial planificar estratégicamente con una amplia visión sobre el cambio de las organizaciones y cómo estas deberían estar orientadas hacia la generación de mayor valor público a través de la gestión, coordinada y complementariedad “lo que implica especialización de los Ministerios”.
La Secretaría de la Política en el gobierno anterior trató de establecer una agenda política en territorio y ahora se transformó en una entidad que permite la articulación administrativa entre territorio y el Gobierno Central.
Por eso es importante anotar que la articulación de la Secretaría en territorio, “no solo se limitaba al trabajo con gobiernos autónomos descentralizados (GAD), sino también con organizaciones sociales, resolución de conflictos e incluso al apoyo en proyectos estratégicos”, señaló el abogado Juan José Alencastro, docente de la Universidad Católica.
El profesional puntualizó que el riesgo de que las atribuciones de la Secretaría de la Política hayan pasado al Ministerio de Gobierno es que privilegie sus competencias en cuestiones de seguridad y deje de lado otros temas que también preocupan a los GAD. (I)
