El bloque de Alianza PAIS, organizaciones y actores políticos trabajan por separado en una propuesta para reformar la legislación vigente y establecer la ‘muerte civil’. Se trata de una figura legal de inhabilidad política. El objetivo es que un funcionario, tras ser juzgado por actos de corrupción, no pueda ejercer actividades públicas ni políticas.

Una de esas iniciativas fue anunciada el 5 de junio pasado, luego de que PAIS delineara acciones anticorrupción. Se propusieron reformas jurídicas para prevenir y sancionar la corrupción; crear incentivos para los ciudadanos y funcionarios que presenten denuncias; e instituir mecanismos contra las corruptelas en el Estado.

El 19 de junio el presidente de la Legislatura, José Serrano, ya recibió el planteamiento de un grupo de organizaciones para construir la Ley de Manos Limpias. Estaba previsto que en 15 días el proyecto sea presentado al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La idea es sumar todas las propuestas de sectores sociales y de asambleístas. Allí se incluiría el proyecto del legislador Mariano Zambrano, sobre una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) “para incorporar la ‘muerte civil’ en los delitos contra la eficiencia de administración pública y un tratamiento diferenciado del cohecho”.

Zambrano y asambleístas de AP coinciden en que la lucha por la transparencia implica reformar otras leyes. Por ejemplo, Doris Soliz indicó que se propondrá una reforma a la Ley de Servicio Público (Losep) para que todo funcionario firme un código de conducta y ética.

Entre los actores políticos que elaboran una propuesta está María José Carrión, titular de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, quien cree necesario reformar las leyes de la Función Legislativa, Contratación Pública y Código de la Democracia.

“Que contemplen que ningún funcionario público que haya incurrido en actos de corrupción pueda volver a ejercer algún cargo público de manera definitiva, ser contratista con el Estado, ni candidato a cargos de elección popular”.

El legislador Daniel Mendoza aclaró que actualmente la norma ecuatoriana establece la censura -a un funcionario- por 2 años. Él plantea que esa censura (‘muerte civil’) se prolongue definitivamente.

En este punto, Carrión recordó que eso evitará que los “funcionarios corruptos tarde o temprano regresen a la palestra política o al ejercicio de la función pública, después de haber perjudicado a los ecuatorianos con actos que no son adecuados para el desarrollo de una cultura política de transparencia”.

Carrión plantea también crear un registro único de funcionarios inhabilitados por delitos contra la Administración Pública, a fin de que  las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor consulten obligatoriamente este registro.

A la par -adelantó- planteará la necesidad de llevar un registro de empresas que hayan estado vinculadas con casos de corrupción para que el Estado no contrate con ellas.

Puntualizó que esos planteamientos deben ser debatidos y analizados en su momento por PAIS, ya que facilitaría el camino de la Asamblea respecto a la lucha contra la corrupción. “Que no les quepa duda a los ecuatorianos que estamos trabajando para erradicar este mal que nos afecta a todos”, agregó Carrión.

Por otro lado, Serrano ha señalado en varias ocasiones: “Aquí estamos para enfrentar la corrupción junto con la sociedad”. (I)

DATOS

El 5 de junio pasado, el bloque de Alianza PAIS propuso la ‘muerte civil’ para castigar los actos de corrupción en el Estado Ecuatoriano.

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea,  alista una propuesta que será presentada, en primer lugar, a los miembros de Alianza PAIS, para que sea analizada y discutida.

Una de las posibilidades para impulsar la ‘muerte civil y política’ es reformar el COIP, para que se incorpore esta figura como delito diferenciado -de cohecho- en la Administración Pública.

Dentro de las propuestas también destaca la idea de levantar un registro de empresas que hayan estado vinculadas con casos de corrupción para que el Estado no contrate con ellas a futuro. (I)