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Presidenta del CNE abre pugna contra el Consejo transitorio por evaluación

El Consejo de Participación en la sesión de ayer amplió el plazo para que el CNE entregue las pruebas de descargo al informe de evaluación.
El Consejo de Participación en la sesión de ayer amplió el plazo para que el CNE entregue las pruebas de descargo al informe de evaluación.
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo
05 de julio de 2018 - 00:00 - Redacción Política

La evaluación al Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo la respuesta de la presidenta del organismo, Nubia Villacís.  

La funcionaria entregó las pruebas de descargo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST), que en su informe de 248 páginas indica que “el proceso de selección (para los vocales del CNE) evidencia la ilegitimidad del cargo de dos titulares designados en el concurso de 2014”.

En la página 11 de los descargos al Consejo Transitorio, Villacís señala que “si no fuese legal y legítima mi gestión, primero como consejera, luego como Vicepresidenta y ahora Presidenta de la función electoral, ustedes señores miembros del Consejo de Participación Transitorio estarían ilegítima e ilegalmente arrogándose funciones, puesto que ustedes son producto de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, cuando estaba prorrogada en funciones”.

Respecto de una supuesta violación normativa para configurar el CNE que provocó que “funcione en un estado de desinstitucionalización…”, Villacís también expresó su desacuerdo.

“Esto llevaría a pensar que en los últimos tiempos se actuó de forma ilegítima, ilegal e inconstitucional, lo que conllevaría nulidad de todas las elecciones que se han realizado por parte de este Consejo Nacional Electoral, creando un caos en la estructura del Estado...”, dijo la titular del CNE.

Recalcó que si fuera cierta esa aseveración “ustedes, señores consejeros, serían también inconstitucionales, ilegales e ilegítimos, y por supuesto sus decisiones, resoluciones, y en general sus actuaciones carecerían de sustento constitucional y legal”.  

En la sesión del pleno del Consejo Transitorio se resolvió ampliar el plazo para que los vocales del CNE entregaran sus pruebas de descargo.

En ese sentido, fijaron para el 10 de julio la audiencia pública con la finalidad de que los vocales del CNE presenten sus alegatos de defensa, ante el informe de evaluación a su gestión, que podría determinar la cesación de sus funciones.

La respuesta de Villacís provocó el rechazo del consejero Xavier Zavala Egas. “La evaluación es objetiva, a base de parámetros objetivos, lo cual conlleva a una posible determinación de cese de funciones, pero no tiene nada que ver con todas las expresiones que dijo la Presidenta del Consejo”.

“El informe se basa en imputaciones netamente técnicas, objetivas, precisas y concretas. Sobre esas conclusiones, aplicando los parámetros respectivos, se producirá la recomendación o la conclusión final”, sostuvo Zavala.

Los demás miembros del Consejo Transitorio no se pronunciaron sobre las afirmaciones de Villacís.

Judicatura retoma concursos nuevamente

Los miembros del Consejo Transitorio también resolvieron levantar la prohibición de que la Judicatura realice concursos de oposición y méritos para llenar vacantes.

Según el presidente del CPCCST, “el CJ tiene las facultades para declarar desierto el concurso y reabrir un nuevo concurso, o lo que el Consejo tenga a bien resolver. El organismo es totalmente independiente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio”.

La medida motivó que el presidente encargado del Consejo de la Judicatura Marcelo Merlo, anuncie que la totalidad del sistema judicial ecuatoriano será evaluado, como parte de las políticas de valoración de las cortes nacionales, fiscalías y notarías.

Este trabajo se iniciará la próxima semana con el análisis de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “Esta calificación será objetiva y se hará a todos los actores del sistema judicial”, consideró Merlo.

Después de la Corte Nacional seguirán las cortes provinciales y posteriormente los jueces de primera instancia. También se incluirá a fiscales y notarios.

Además se activará el proceso para elegir a 7.500 nuevos fiscales y funcionarios judiciales, después de que se hiciera pública la decisión del Consejo Transitorio de levantar la suspensión de esa selección. (I)

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