Lo que empezó como una indagación por el recorte irregular de dinero de los sueldos de los asesores de la asambleísta Norma Vallejo, presuntamente para su beneficio, desembocó en la elaboración por parte de la Comisión multipartidista de un informe que recomendó su destitución.

El asambleísta Eliseo Azuero, quien presidió la comisión, explicó que la legisladora de Alianza PAIS incurrió supuestamente en prohibiciones tipificadas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

La conclusión se desprendió de las declaraciones de los colaboradores de Vallejo, quien habría gestionado un cargo público en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para uno de sus asesores, lo cual está expresamente impedido por el numeral 3 del artículo anotado.

Azuero aclaró que la recomendación no se adoptó por el retiro de dinero de los sueldos de los empleados que la legisladora contrató y que se conoció como “cobro de diezmos”.   

El asambleísta comentó que en la norma sobre las causales de destitución no hay una referencia a la entrega de parte del salario en favor de los legisladores, por lo que en ese caso, a pesar de que esa actividad fue lo que motivó la investigación, pasarán los audios y las pruebas presentadas por los afectados a la Fiscalía, de manera que se siga con el debido proceso.

De su lado, la asambleísta Vallejo dijo que ahora la acusan de haber ofrecido un cargo público, “supuestamente al señor Martín Campos en el IESS, o sea ya no es que he cobrado diezmos”.

Enfatizó que no compareció al llamado de la comisión porque no aceptaron el ingreso de las pruebas que había solicitado.   

Por eso aseguró que demostrará en el pleno de la Asamblea que quieren destituirla “para cubrir otras cabezas y lo voy a probar, tengo pruebas de las presiones y de que supuestamente se vendió mi cabeza para salvar otras. Yo voy a permanecer en Alianza PAIS porque creo y estoy convencida de que saldrá la verdad”, indicó Vallejo.

El asambleísta Montgómery Sánchez de AP dijo que cuando se conozca en el pleno el informe, “analizaremos y tomaremos la acción que fortalezca la institución y de haberse cometido errores reñidos con la ley, deben ser sancionados”.

“Si la ley no contempla acciones para sancionar a quienes incumplen con las normas éticas deberemos reformarla”, manifestó. (I)