“No existe ninguna obligación del Estado ecuatoriano de restituir los bienes incautados a Roberto y William Isaías”. Así lo señaló la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, con relación al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitido el pasado 6 de junio.

Los temas examinados por el Comité fueron la condena penal y la incautación de bienes, en base al caso presentado en 2012 por los hermanos Isaías. El análisis se hizo bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto al procedimiento de incautación, el caso admitió análisis porque “el Comité considera que la emisión del Mandato Constituyente 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD (...) violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 (1) del Pacto, a un proceso con las debidas garantías en la determinación derechos u obligaciones de carácter civil”.

Además el Comité señala que el Estado tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Para ello le solicita al Estado ecuatoriano que, en un lapso de 180 días, presente información sobre las medidas que haya adoptado para asegurar esas garantías.

Según Zúñiga, el dictamen del Comité no es un aval y dado que los procesos de incautación cumplieron con la garantía al debido proceso no pesa sobre el Estado una orden de restitución de bienes ni el pago de indemnización. La reparación a la que se refiere el Comité se centra solo en la obligación del Estado de asegurar que los procesos civiles cumplan con las garantías del Pacto.

“El Dictamen es favorable para el Estado ecuatoriano casi en su totalidad (...) El Estado ecuatoriano no ha sido sancionado y casi todas las alegaciones de los peticionarios han sido rechazadas”, dijo Zúñiga.

El Comité observó que la competencia de la Sala de lo Penal para resolver cuestiones relativas al auto de llamamiento a juicio, no está en disputa. Agregó que al Comité no le corresponde analizar el contenido sustantivo de las decisiones que tomaron los jueces. El Comité no estableció vulneración alguna al proceso penal. En razón de lo anterior, ayer, el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, reiteró el pedido de extradición de los hermanos William y Roberto Isaías.  

Esto sucedió en el contexto de una reunión con Mari Carmen Aponte, secretaria de Estado adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos. (I)