El presidente Rafael Correa señaló durante el enlace ciudadano 402 realizado en el cantón La Concordia, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, que las reformas a la Ley de Tránsito aprobadas por la Asamblea Nacional buscan corregir errores que se venían presentando.

Así, afirmó que la obligatoriedad que existía de seguir un curso en escuelas de manejo privadas para la obtención de licencias no profesionales no es legítimo. “(Con los cursos de conducción) se está obligando desde el Estado a realizar una transacción y eso no está bien, no es legítimo. No es correcto que por ley se garantice un negocio privado”, señaló el Jefe de Estado en su rendición de cuentas semanal.

El Mandatario aclaró que los cursos no se eliminarán, sino que se permitirá que quien sepa conducir,  haya estudiado la Ley de Tránsito y tenga las aptitudes físicas y sicológicas sea habilitado para manejar, sin necesidad de ellos.

No obstante -señaló-, los exámenes para la emisión de las licencias que se tomen a partir de la entrada en vigencia de las reformas “serán más rigurosos de ahora en adelante”.

El Presidente también afirmó que en caso de que el ciudadano no apruebe las evaluaciones tendrá la opción de seguir un curso y volver a presentarse a la evaluación.

Anunció que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) también brindará en el futuro este tipo de servicio. Y que esos cursos serán más baratos que los que ofertan actualmente las escuelas privadas, porque, según Correa, una de las razones de los cambios “es permitir que quienes no posean recursos económicos tengan la posibilidad de sacar la licencia, sin necesidad de pagar los $ 150 y hasta $ 180 que cuestan ahora los cursos”.

Apoyo al Metro para Quito

Por otro lado, el titular del Ejecutivo ratificó, como lo hizo en la sesión solemne del pasado 6 de diciembre, “el total apoyo del Gobierno Nacional a la construcción del Metro” capitalino.

No obstante, también reiteró sus críticas a la propuesta realizada por el Municipio quiteño al Ejecutivo para financiar la brecha de más  de $ 400 millones entre el precio referencial establecido para la obra ($ 1.500 millones) y las propuestas de los 4 consorcios que aspiran a construir la segunda fase del proyecto.

El Presidente de la República señaló que el Gobierno entrega a la capital más de $ 300 millones anuales y volvió a calificar de incoherente la política del alcalde capitalino, Mauricio Rodas, de plantear reducción de impuestos y multas y, al mismo tiempo, pedir más dinero al Gobierno.

“La movilidad -dijo- es constitucionalmente una competencia municipal y por tanto debe ser manejada por los cabildos”.

Y por ello no encontró lógico que el gobierno local plantee como contrapartida encargarse de la operación del Metro “cuando es su obligación hacerlo”. Y añadió que los municipios tienen instrumentos para generar recursos.

Adicionalmente, rechazó que el Municipio quiera convertir en un aporte adicional a la obra la venta de las acciones del Cabildo en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). “Según la décima segunda disposición transitoria de la Ley de Régimen Eléctrico, la entrega de estos bienes al Gobierno debe hacerse a través de un cruce de cuentas. Por lo que el valor de esos papeles debería ser considerado como una compensación del aporte de $ 750 millones ya comprometido por el Estado para el Metro”, explicó el gobernante.

Además, volvió a insistir en que el Gobierno necesita más información sobre la obra dado que es su confinancista. “Incluso para la entrega de los $ 750 millones ya comprometidos necesitamos más información”, puntualizó.