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Municipio no inició proceso de desalojo de Diabluma

 Casa Pukara es parte de un inventario para la regularización de 200 predios. Foto: Santiago Aguirre / El Telégrafo
Casa Pukara es parte de un inventario para la regularización de 200 predios. Foto: Santiago Aguirre / El Telégrafo
08 de enero de 2015 - 16:04

El colectivo Diabluma mantiene el diálogo con Margarita Carranco, secretaria de Inclusión Social, y Mariana Andrade, secretaria de Cultura, luego de que, el lunes pasado, la organización política recibiera una notificación de regulación de uso de predios por parte del Municipio.

Carranco aclaró que en ningún momento el Cabildo inició un proceso de desalojo del colectivo de la Casa Pukara, sino que la misma es parte del proceso de inventario para la regularización de 200 predios, varios de ellos entregados a comodato a organizaciones sociales que se encuentran en la Administración Zonal Manuela Sáenz.

El fin del Cabildo es conocer qué predios no están regularizados y evaluar de manera técnica las actividades que realizan las organizaciones y colectivos sociales. La funcionaria dijo que el proceso se inició en la Administración Centro, puesto que en este sitio se implementarán proyectos de desarrollo social para personas de viada en calle, discapacidad, trabajo sexual, etc.

Mientra tanto, el colectivo Diabluma puede desarrollar con normalidad sus actividades. Carranco indicó que se plantea dar la Casa Pukara a manera convenio, pues el proceso administrativo para hacerlo es más rápido, puesto que el proceso de comodato es más largo y tiene que pasar por la aprobación del Concejo Metropolitano. También se analiza la propuesta Okupa, presentada por el colectivo, que implica la apropiación de un espacio público deshabitado.

"Estamos justamente en un proceso de diálogo, seguiremos trabajando con Diabluma y con más organizaciones sobre este tema. A estos diálogos se incorporarán paulatinamente más organizaciones sociales que  se encuentran en la misma situación, las mismas deberán entregar la documentación legal que explique por qué se está ocupando ese espacio", dijo Carranco. Las organizaciones sociales tienen 5 días para entregar la documentación respectiva al Municipio.

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