Desde hace 47 años el voto para la mujer es obligatorio en el país. Este fue el primer paso para incorporarse en la vida política y en la toma de decisiones.

Desde ahí se han dado pasos agigantados para alcanzar la igualdad. Pero pese a la vigencia de acciones afirmativas en Ecuador aún hay una barrera cultural que no permite una equidad total.

Una muestra de esta situación es el resultado que presentó el Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo el 25.66% de las autoridades seccionales electas en los comicios locales pasados son mujeres.

Roxana Silva, vocal de este organismo, reconoce que es un tema cultural porque actualmente el padrón electoral está compuesto más por mujeres. “Los resultados deberían ser diferentes porque en la actualidad somos más del 50% de electoras y los votos dan cuenta de que no se  vota por mujeres sino por varones”, dijo.

El país tiene una normativa de avanzada porque se pasó  de una ley de cuotas a la paridad de género y la Constitución consagra en varios artículos la necesidad de garantizar la participación. Para Silva en el país existe un principio de paridad de salida pero no de llegada porque lo que busca la ley, la paridad de género, no se cumple. Por eso insiste en el tema cultural y en la falta de promoción de las propuestas durante la campaña electoral.

En las elecciones de 2013 las mujeres alcanzaron el 38.2% de las curules en juego en la Asamblea Nacional. Pero en los comicios seccionales del siguiente año solo ganaron el 25.66% de los gobiernos locales en disputa. “Parece que el cumplimiento de la ley se queda solo en la parte normativa”, lamenta.

A eso se añade la dificultad de las mujeres para llegar a las directivas de las organizaciones políticas. “Tuve un caso el año anterior en donde me dijeron que no hay mujeres que quieran participar en la política y esa no es la realidad. Tenemos que tomar en cuenta los otros roles que tiene la mujer, como el cuidado de los niños, además de que existen figuras dentro de la familia que no permiten asistir a reuniones hasta altas horas de la noche, esto limita la participación activa en la política”, describe Silva.

Pese a estos resultados, Yina Quintana, presidenta de la Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres, afirma que el rol de las féminas en la política ecuatoriana es innegable. “En 2008 las mujeres hicimos grandes propuestas que fueron reconocidas en un 95% y que hoy son mandato constitucional”, comenta en referencia a los aportes que hicieron las feministas en el proceso constituyente de Montecristi.

Las cifras presentadas por el CNE,para Quintana, no significan un retroceso sino todo lo contrario porque las compara con el proceso electoral de 2009 cuando las mujeres alcanzaron el 23.1%, es decir que hay un incremento de dos puntos porcentuales.

En uno de los cargos en donde hay un crecimiento significativo es en las alcaldías. En las seccionales de 2009 solo 6 mujeres lideraban un Cabildo y ahora esa cifra es de 16. Un incremento similar ocurre con los otros cargos de elección popular. (LEA EL INFORME DEL CNE)

Pese a esto Quintana reconoce que la mujer aún enfrenta obstáculos que no le permiten una participación más activa, como la violencia física y sicológica en sus propios hogares.

Otro inconveniente es que la cultura política resalta los roles de género y encasilla a la mujer al plano familiar, desconociendo todo el avance que realizan en el trabajo de reproducción y sostenibilidad de la vida.

La desventaja socioeconómica también afecta el desenvolvimiento de la mujer. Eso le dificulta construir una carrera política y por consiguiente competir en esta esfera.

Y a eso se suma el desconocimiento, porque muchas no conocen sus derechos y no identifican la violencia como una anomalía, sino como parte de la cotidianidad.

María Alejandra Vicuña, asambleísta por Guayas y vinculada al movimiento feminista, detalló que en términos formales existe un avance significativo porque en la conformación de las listas pluripersonales y en las distintas instancias de toma de decisiones, más allá de lo electoral, la mujer tiene una presencia significativa. Pone como ejemplo el gabinete ministerial del presidente Rafael Correa.

Pero pese a que este Gobierno nombró por primera vez a una mujer como ministra de Defensa los sistemas patriarcales y la matriz cultural lastran el avance. “Creo que las líneas del juego son distintas y favorables a las mujeres aunque aún falta camino por recorrer”, enfatiza la asambleísta.

Quintana aclara que ningún logro es una dádiva y que cada triunfo ha sido fruto de una lucha de años. Y añade que la decisión política en favor de la equidad de género ha sido determinante para que se empiece a reducir la brecha de inequidades.

Se considera un hito que el liderazgo de la Función Legislativa esté dominado por tres mujeres jóvenes, una herramienta para avanzar más es la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género que plantea como política pública garantizar la igualdad y la activa participación de la mujer en la toma de decisiones ejerciendo el libre ejercicio de sus derechos.

En ese marco la Comisión de Transición está trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para lograr una inclusión local garante de derechos. La entidad quiere acompañar a las nuevas autoridades para estructurar temas de igualdad.

Las mujeres coinciden en que ahora les toca empoderarse de las nuevas reglas del juego y hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos. La clave está en repensar los roles. Nadie puede eliminar el rol de la madre pero la crianza de los niños es una responsabilidad que también es del padre. Si en el hogar hay equidad, la mujer podrá asumir otras tareas, como la participación política.

ANTECEDENTES

El 9 de julio de 1924 se realizó una consulta al Parlamento y al Consejo de Estado para que permitieran el voto de Matilde Hidalgo de Procel en las elecciones de 1925. El veredicto fue positivo y dio paso al voto femenino.  

La primera Constitución liberal de 1896 había eliminado uno de los requisitos establecidos en la Constitución de 1861, expedida durante el gobierno de García Moreno. Aquella Carta Magna establecía que para ser ciudadano era necesario “ser varón, mayor de 21 años y que supiese leer y escribir”.

El derecho al voto se incorporó en la Constitución de 1929, en el marco de las reformas de la Revolución Juliana y se mantuvo obligatorio para los hombres y facultativo para las mujeres. Ecuador se convirtió en el primer país de la región en reconocer este derecho.

Fue en 1967 cuando se estableció la obligatoriedad del voto femenino.

A partir de la aprobación de la Constitución de 2008, la política pública generada desde el Estado se orienta hacia el efectivo goce de derechos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Se incorpora el enfoque de género en planes y programas y se brinda asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público, conforme lo establece el artículo 70 de la Carta Magna.

En Imbabura se creó el primer observatorio digital que servirá para evidenciar cuáles son las falencias de manejo en redes de las mujeres para promocionar sus campañas.