La segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, mantuvo este jueves un diálogo con las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Ecuarunari, en la Vicepresidencia de la República. 

Las dirigentes, que apoyan la consulta popular, buscan principalmente que se terminen y se detengan las concesiones y que se revierta la política minera y petrolera en el país. Blanca Chancoso, vicepresidenta de la Ecuarunari, entregó la propuesta a Vicuña en la reunión.

Dentro del documento también consta la propuesta para impulsar el turismo comunitario y promover la agricultura. 

Vicuña resaltó que el Gobierno tiene una nueva línea en el campo minero. Dijo que la economía del país depende todavía del extractivismo. Y agregó que se está trabajando para que ya no sea de esa manera.

Aclaró que al momento el Gobierno revisa las licencias ambientales e instó a las mujeres dirigentes que le entreguen información sobre posibles incumplimiento de la ley.

Indicó que el diálogo con las dirigentes se enmarca en la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural que impulsa el Gobierno, y que se manifiesta en la consulta popular, que "busca corregir los errores que haya que corregir de la mano de todas las organizaciones y la ciudadanía. Entre los temas está la minería".

Maria Vicenta Andrade, subsecretaria de la Política, aclaró que en el proceso de diálogo con la Conaie, al momento, se realizan mesas de trabajo, para avanzar en temas de minería, educación y transporte.

Por ejemplo, las representantes indígenas de Zamora Chinchipe le indicaron la preocupación por el tema minero, ya que según ella, tres cantones están siendo afectados por las actividades extractivistas, ya que existen 32 concesiones mineras por parte de la empresa Fruta de Norte.

En Loja, en cambio, la preocupación radica ya que en esa provincia hay más de 700 concesiones.

Mientras en Cuenca, en la comunidad Río Blanco, una dirigente denunció que allí se hace una mala práctica minera por parte de una empresa china. Incluso, la actividad ha provocado que existan pugnas entre familias. "No vamos a permitir que nos sigan afectando", dijo, al tiempo que aseguró que la intención es que el Gobierno las apoye en el turismo comunitario.

En cambio, Maria Muñoz, de la parroquia de Tumbaco, en Quito, pidió que se analice la posibilidad de mejorar la calidad de vida en la zona, ya que luego de la construcción del Aeropuerto de Tababela, según dijo, "aumentó la delincuencia".

Las representantes de la Amazonía también buscan que parem las actividades mineras que están afectando al agua y al aire. Al respecto harán una solicitud para pedir al Gobierno que no haya más contaminación. (I)