El presidente de la República, Lenín Moreno, envió dos proyectos de ley a la Asamblea para ejecutar la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas el 4 de febrero. El primero es el proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la aplicación de la pregunta 3, y el segundo, el que deroga la norma de plusvalía. 

En cuanto al primero, se trata del proceso de conformación y régimen de elecciones del CPCCS. La propuesta consta de 14 artículos, una disposición reformatoria, una transitoria y una final.

La Secretaría de Comunicación informó que la reforma plantea que el Consejo sea integrado por siete consejeros principales, elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, quienes ejercerán sus funciones durante un período de cuatro años.

Pero estos candidatos, que deben ser elegidos por los ciudadanos, deberán primero pasar un filtro.

Se trata de un concurso de méritos y oposición liderado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuya postulación correrá a cargo de las organizaciones sociales y ciudadanas.

Tras este concurso público, la iniciativa de Moreno contempla que se estructure una nómina de 28 candidatos que serán sometidos al pronunciamiento de los electores. Los siete candidatos con mayor votación serán designados consejeros principales y los siguientes irán como suplentes.  En el proyecto presidencial consta que ningún partido político u organización social podrá hacer proselitismo a favor de candidato alguno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puesto que si así ocurriese aquello sería considerado una falta electoral. La promoción estará a cargo del CNE y se hará de forma equitativa para todos.

El conocimiento del planteamiento generó reacciones negativas de sectores que apoyaron el Sí en la consulta popular. Uno de ellos fue Roberto Gómez, del movimiento Creando Oportunidades (CREO).

“El CNE debe limitarse a poner requisitos formales para el registro de candidatos y no ser el que escoja por medio de un concurso de méritos a los candidatos”.

El jefe de la bancada de CREO, quien también es integrante de la comisión especial que se creó para tratar las reformas para dar cumplimiento a las preguntas 3 y 6, explicó que como integrante de dicho grupo combatirá ese punto propuesto por el Ejecutivo.

Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza PAIS y presidente de la mesa ocasional, resaltó que es el grupo que lidera el encargado de conocer los proyectos enviados por el Presidente de la República, puesto que para eso se creó la comisión, el pasado jueves.

Dentro del texto consta que se mantienen los parámetros de paridad de género, así como la inclusión de candidatos provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios. Las propuestas vendrán de las organizaciones sociales y de ciudadanos.

Entre las prohibiciones se especifica que no podrán estar afiliados o ser dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos cinco años.

Quienes sean elegidos solo podrán optar por el mismo cargo una vez más, siempre que hayan ganado el concurso de mérito.

En la disposición transitoria se establece que en cumplimiento a lo expresado en el referéndum será el Consejo de Participación Transitorio el encargado de evaluar el desempeño de las autoridades designadas hasta ahora por el CPCCS, lo que les da la opción de cesarlos en sus funciones. El equipo transitorio estará en funciones durante 6 meses pero eso no lo excluye de su capacidad de fiscalizar a los integrantes de la Asamblea Nacional.

Ley de Plusvalía
El segundo proyecto de ley remitido es el de la Ley Orgánica Derogatoria para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, más conocida como de plusvalía.

Se trata de un solo artículo en donde se dispone la eliminación de la norma que está vigente desde diciembre de 2016. En la argumentación el Ejecutivo enfatiza que, según las cifras del Banco Central la industria de la construcción de viviendas registró un decrecimiento de -1,7% en el segundo trimestre de 2017 y  -7,9% con respecto al segundo semestre de 2016.

Según el Ejecutivo esto genera desempleo, puesto que se registró una reducción significativa en los puestos de trabajo. Resalta que la derogatoria tiene como objetivo incentivar al sector de la construcción de viviendas tanto urbanas como rurales, puesto que en el país hay un déficit habitacional. (I)

Detalles

Causa de descalificación 

El CNE se encargará de la promoción de los candidatos. No se podrá recibir financiamiento privado . El candidato que contravenga las disposiciones será descalificado por el organismo seleccionador.  

28 candidatos serán escogidos para que la ciudadanía pueda elegir por votación popular.      

Se mantiene la inclusión 

En caso de llegar a 24 candidatos y no existir representantes de pueblos y nacionalidades, los últimos 4 puestos serán ocupados por quienes hayan participado y sean parte de estos grupos.