Los policías no solo combaten a la delincuencia sino también enfrentan muchas veces un sistema judicial que favorece a los infractores, considera la ministra de Gobierno María Paula Romo.

Por este motivo junto a oficiales superiores y subalternos, la funcionaria expuso al presidente Lenín Moreno casos emblemáticos que demuestran tal aseveración.

Romo recordó el caso del ingreso de un vehículo disfrazado de ambulancia a la penitenciaría de Guayaquil, cargado con sustancias y objetos prohibidos. La investigación policial culminó con la detención de 31 sospechosos, entre ellos 21 policías activos, pero la fiscal Jacinta Andrade se abstuvo de acusarlos.

En otro operativo efectuado en 2017 en San Vicente, provincia de Manabí, 11 personas fueron detenidas por intentar traficar droga. Los culpables fueron sentenciados, pero el tribunal penal de Manabí olvidó emitir la sentencia por escrito y esto casi provoca que salgan en libertad.

Así mismo, seis integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) acudieron a un auxilio en Lago Agrio para evitar un femicidio. Al llegar comprobaron que el agresor amenazaba la vida de su esposa y dos hijos, uno de ellos con heridas.

El agresor fue sometido por los gendarmes, pero debido a las heridas provocadas durante el forcejeo, falleció camino al hospital. La viuda, quien pidió auxilio, demandó a los comandos por homicidio y el proceso se encuentra en trámite.

La Ministra también comentó el caso del cabo David Velasteguí, sentenciado a tres años de prisión por la muerte de una persona durante un enfrentamiento con sospechosos que cuidaban vehículos con material minero prohibido.

La funcionaria defendió la actuación del policía y dijo que presentará la próxima semana en la Asamblea un pedido de amnistía.

El presidente Moreno recalcó su confianza en la institución. “De nada sirve su trabajo, cuando ciertos operadores de justicia no actúan en el marco de la ley”, dijo.

Por eso aseguró que apoya el pedido de amnistía y aseguró que no escatimará recursos económicos, administrativos ni jurídicos para respaldar a los policías.

Al respecto María Dolores Miño, catedrática de la Universidad Internacional, opinó que el pleno ejercicio de los derechos humanos pasa por investigar y sancionar a quienes cometen delitos.

Esto implica realizar todas las gestiones para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. “No hacerlo supone evidentemente una falla, atribuible al sistema de justicia”, consideró. (I)