Es maestra, dirigente sindical, política y exasambleísta del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), hoy Unidad Popular (UP). Fue perseguida durante el gobierno de Rafael Correa.

La acusaron de terrorismo y sabotaje en el 30-S, con videos montados y trucados. Desde entonces su vida cambió y tuvo que renunciar a su trabajo como parvularia en Manabí.  Estos últimos 8 años su caso ha pasado por 14 jueces, fiscales y magistrados.

Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), habló con EL TELÉGRAFO sobre la resolución de la Corte Constitucional, emitida esta semana, que confirmó su inocencia y archivó su causa.

Usted fue presidenta de la UNE (2007-2010). Primero apoyó a Correa y después se convirtió en opositora. ¿Por qué?

Millones de ecuatorianos confiamos en el proyecto de cambio que enarbolaba Rafael Correa cuando llegó al gobierno en 2006. Por eso lo apoyamos, pero en el camino, muy pronto, lamentablemente, esas esperanzas se vinieron abajo. Correa tuvo una política educativa de acoso y sobreexplotación laboral.

Quería dejar en la desocupación a miles de profesores. Además, canceló a la UNE del mapa de las organizaciones sociales y clasistas. También se tomó el Fondo de Cesantía de los Maestros que tenía 400 millones de dólares. Para ello aprobó una ley que traspasó esos recursos al Biess. Esta entidad perdió 30 millones de ese fondo, que reunimos los maestros con mucho sacrificio para nuestra jubilación. Pese a la persecución y criminalización nunca me callaron, jamás me arrodillé frente al poder.

El corolario de eso ocurrió el 30 de septiembre (30-S) del 2010. Usted fue acusada de los delitos de terrorismo y sabotaje por “incentivar” a estudiantes del colegio Aguirre Abad, de Guayaquil, a salir a las calles.

La vida me cambió, me acusaron de esos delitos con videos montados. Fue una situación titánica. En el proceso de indagación previa dictaron orden de prisión preventiva por no haberme presentado a una audiencia. Yo demostré que no pude asistir a ese llamado porque tuve una reunión con el CNE.

El 28 de octubre de 2010 allanaron mi departamento de Quito y me fui a la clandestinidad por 45 días para probar mi inocencia y defenderme en libertad. No quise correr con la misma suerte del coronel César Carrión y de muchos policías y militares que fueron a la cárcel sin sentencia, por el caso 30-S. Por ejemplo, los tres de Cotopaxi estuvieron un año detenidos. En esos años era asambleísta del MPD, pero tampoco respetaron mi inmunidad parlamentaria.

Usted apeló esa sentencia y fue desestimada por la Corte Provincial del Guayas.

La Corte dictaminó que el hecho denunciado no constituía delito y planteó archivar la causa, el 5 de julio del 2011. Pero Correa, desde EE.UU., dijo que el caso de Mery Zamora debía reabrirse. Y eso ocurrió. Durante 4 años tuve el trajín de subir y bajar en el Juzgado Quinto de Garantías Penales y en el Tribunal Décimo del Guayas. Allí me presentaba una vez al mes (el día 27) y tenía prohibida la salida del país.  

¿Qué sintió cuando ese tribunal le sentenció a 8 años de detención en junio del 2013?

Todavía se me hace un nudo en la garganta y se me quiebra la voz. Incluso se me llenan los ojos de lágrimas. Pensé en mis dos hijos, en mi madre, cuya salud se quebrantó por la infame acusación de Correa, y en mi vida truncada. No me daba miedo, pero sí me dolía mucho.

Sin embargo, usted insistió en la justicia.

Se ensañaron con el peso y el poder político del gobierno correísta para que dejara la tiza y los legos de los niños, a quienes enseñaba. Pero recorrí todas las instancias, presentamos el recurso de casación en la última instancia para solicitar que la Corte Nacional de Justicia conociera el caso. Esta me declaró inocente el 27 de mayo del 2014.

Pero el expresidente reaccionó y pidió investigar y sancionar a los jueces que le declararon inocente.

Ese comentario del mandatario fue una orden para Galo Chiriboga, fiscal en ese entonces. Él presentó una acción extraordinaria en la Corte Constitucional.

¿Qué pasó después?

Pasaron 4 años y la Corte Constitucional se mantuvo en silencio. Tenía como 3.200 causas represadas, entre ellas la mía. Hasta que los primeros días de agosto de 2018 declaró improcedente la acción extraordinaria de Chiriboga y me dio sentencia absolutoria.

Declaró improcedente esa acción extraordinaria solicitada por Chiriboga y ratificó mi inocencia dada por la sentencia absolutoria de la Corte Nacional de Justicia. La justicia tarda pero llega, la razón no requiere de fuerza. Me di cuenta de que, al final de ese túnel oscuro, estaba la luz de la verdad.

En las redes sociales circulaba un video sexual de usted con la frase: “la ninfómana de Mery Zamora y la sucia administración del MPD”.

Eso fue parte de la campaña sucia del régimen anterior. Son videos y fotografías trucados que aparecieron en las redes el 18 de febrero de 2015. Es una agresión brutal porque no solo se va en mi contra, sino de todas las mujeres. Desde lo sexual se nos agrede y tratan de minimizar nuestro accionar político. Quisieron asesinar mi imagen pública, de madre y de maestra. Esos videos desnudan la miseria humana del correísmo.

¿Cómo reaccionaron su familia y los padres de sus alumnos frente a esos hechos?

Todos sufrieron. Mi hijo menor dijo: “madre, soportaste tanta infamia, pero eso no te puede derrumbar. De grande quiero ser como tú”. En cambio, mi hijo mayor recalcó que no tenían por qué avergonzarse, “eres nuestra madre y nos has dado un ejemplo de valentía e integridad”. Los padres de mis 32 alumnos también me apoyaron y pidieron que siguiera en la lucha. Me aplaudieron y lloraron conmigo.

¿Perdió el trabajo en el magisterio después de peregrinar por la justicia?

Trabajé en el magisterio durante 20 años, pero tuve que renunciar porque debía defenderme de la acusación y presentarme ante la justicia. Desde hace dos años doy clases dirigidas y hago proyectos de investigación en educación.

¿Acudirá a instancias internacionales?

Sí, demandaremos a Correa, a todos los autores y cómplices de esta persecución. Es posible luchar sin rendirse. El país está recuperando la institucionalidad y descorreizando a la justicia. (I)