Su gestión se caracteriza por las continuas denuncias e investigaciones sobre el actuar de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Además, trabaja en propuestas que transparenten los procesos electorales.

¿Qué expectativas tiene con respecto al veto del Código de la Democracia por parte del Ejecutivo?
Lo primero que se debe afirmar, contundentemente, es que las reformas tienen un grado de coherencia y de logro muy importante. Son reformas que responden muy bien a la coyuntura, en la que hubo una participación adecuada de los legisladores.

La actitud del presidente Lenín Moreno tendrá que ser congruente con el grado de logro del Legislativo, contribuirá su colegislación a perfeccionar ciertos capítulos.

Hay asambleístas que señalan que todavía el Código de la Democracia les queda en deuda, ¿qué opina al respecto?
Estoy satisfecho por lo logrado en la coyuntura, pero siempre advertimos que era necesaria la reforma integral del Código, por eso presentamos un proyecto global.

Es indudable que se requiere una reforma mayor del Código, y eso hay que empezarlo de manera simultánea. Se debe esperar que pase el año electoral para presentarla; espero que no haya ningún boicot.

En el tema de paridad de género, en las listas presidenciales que deberán tener una mujer como parte del binomio, entraría en vigencia en las elecciones de 2025 y no en las próximas. Esto se da porque no hubo consensos para que se aplique la ley desde las elecciones de 2021, ¿cómo analiza esta situación?
Hay dos cosas, las disposiciones transitorias son múltiples y de mucho valor, lo que hacen es decirle al CNE cómo aplicar la ley, qué problemas se han detectado y cómo debe trabajarse, entre ellos está la gradualidad, poner de un solo sopetón la norma de paridad en el encabezamiento de listas, más la cuota de jóvenes, más la presencia de minorías étnicas, implica una inteligencia reglamentaria especial.

El Código reformado señala varias modificaciones al sistema de transición de datos, el informático, de firmas, de interconexión con las instituciones de control, depuración del padrón, todo esto se debe incorporar en un año, ¿se cumplirán los plazos?
Son plazos entre cuatro meses y cinco. Tenemos que cumplir los plazos, es decir, que tenemos que trabajar de manera activa con los técnicos, los partidos, con todos; en algunos casos ya comenzamos, no podemos perder un minuto.

Además, el próximo año debemos reglamentar la reforma en ámbitos como el cambio del método a Webster, distritos, unificación del voto y el sufragio en el extranjero.

¿Cómo se está controlando la precampaña?
Se hace a través de gasto mensual del año de campaña en relación al año anterior. Ahora, los funcionarios públicos que quieran participar en elecciones deberán renunciar a sus cargos actuales o la licencia obligatoria.

Pero lo que no se debe prohibir en la precampaña es el debate, lo que se debe reglamentar es todo lo que corresponde a la personalización y la individualización de partidos.

¿Cómo es el ambiente político en el CNE, una vez que se aprobó el juicio político contra la presidenta del organismo?
El juicio político no debería afectar las labores que se realizan en el Consejo, este es simplemente un ejercicio de rendición de cuentas. La Asamblea debe establecer la justeza política con que actúa la presidenta (Diana Atamaint).

Una de las causales del juicio político es el caso por el cual está investigado Luis L., exfuncionario del CNE. Usted desde junio dio aviso sobre este personaje y sus problemas con la justicia.
Presenté, en julio, los 34 casos que tiene Luis L. con la justicia, se callaron sobre el tema; esto no exime que no se dio una respuesta cuando había necesidad.

Ahora, la presidenta, el viernes último, destituyó y pidió la renuncia a otros y da cuenta de que había sospechas serias de dónde era la red. Se destituyó a la esposa del procesado, a otros miembros, está la sobrina del señor (Gustavo) Jalkh.

La presidenta antes protegió a Luis L. y ahora presenta una denuncia en su contra, es una tomadura de pelo.

¿Se debe realizar una investigación casa adentro?
He planteado públicamente que sí, está claro que existe una red que no solo tiene que ver con tráfico de influencias, sino también con contratos, etc. Debemos investigar y saber la verdad; las delegaciones provinciales deben aguzar su olfato para detectar que no hubo irregularidades. (I)