Un video que se viralizó a través de las redes sociales, de un supermercado donde presuntamente un empleado retiraba productos de perchas luego de que se impusieran las salvaguardias, es solo una muestra de la capacidad de la ciudadanía para controlar el mercado.

Este es el mejor ejemplo que tiene la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para informar a las personas sobre las posibilidades que tienen ante las grandes empresas. Esas potestades están amparadas en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, la base para la conformación de los comités de usuarios.

Se trata de grupos de mínimo 5 personas que se integran y reciben capacitaciones acerca de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Con ese conocimiento podrán identificar las irregularidades que se encuentran en los diferentes mercados.

La Superintendencia tiene relativamente poco tiempo de creación y nació con la promulgación de la ley antes citada, cuya aprobación fue en septiembre de 2011. Luego de eso vino el proceso de consolidación y es recién a mediados de 2014 que se conforman masivamente los comités de usuarios.

Hasta el momento, en la Intendencia de la zona 8, dirigida por Juan Carlos Jácome, hay 388 comités creados, es decir cerca de 2.000 personas que están capacitadas en temas relacionados con el control de mercado. En el país existen entre 2.000 y 3.000 comités conformados.

Un sector en donde hay mucho interés por participar ha sido en la Universidad de Guayaquil. En este centro de educación superior los alumnos solicitaron a la Intendencia que los asesore para ser veedores. Con esta motivación, en agosto pasado ambas entidades firmaron un convenio para que los alumnos realicen proyectos de vinculación con la asesoría de la Intendencia zonal.

Para muchos de los participantes es nueva la competencia de esta Superintendencia. Además creen que no les afecta su intervención, pero lo que los ciudadanos no han analizado es que desde que se levanta una persona se enfrenta a una multiplicidad de mercados.

“Cuando alguien se despierta y se lava los dientes se relaciona con un mercado, el de las pastas de dientes. Los jabones, la leche, los panes, los jugos, en fin, todo es un mercado, de modo que es de interés de todos”, explicó Jácome.

La Superintendencia verifica que las prácticas usadas por las empresas sean transparentes y justas, es decir, que los precios no suban sin control o que una o varias empresas dominen el mercado perjudicando a otras; o que varias entidades se pongan de acuerdo para fijar precios. Esas son prácticas desleales, sentenció el funcionario.

Jácome reflexionó que la ciudadanía tiene la capacidad de ser parte activa de estos mercados y no solo someterse a ellos. Al final ellos existen porque son compradores, una parte primordial de cualquier transacción.

Esta actividad de control es lo que se ha trasladado a los estudiantes, quienes voluntariamente decidieron ser parte de los comités de usuarios.

Una de ellas es Sandy Palma, alumna de cuarto semestre de Economía de la Universidad de Guayaquil. Ella está comprometida con la labor desde marzo pasado, tanto que junto a su grupo ha capacitado a integrantes de diversas asociaciones de agricultores para que sepan cuáles son sus derechos y así las empresas no abusen. Esta fue la primera facultad en involucrarse en el tema.

Uno de los casos con los que se han topado los estudiantes es que en el caso del arroz que entregan los campesinos a las piladoras existe una irregularidad. No se respeta el precio estipulado en el mercado y por lo tanto no se les paga el precio justo por la gramínea.

Para los estudiantes el beneficio es múltiple, pues no solo están trabajando en un proyecto para graduarse sino que ya tienen conocimiento de la ley y están capacitados para conocer e identificar cuándo existe una mala práctica en el mercado, explicó Marco Rivera, coordinador de la Organización Social de la Intendencia.
El Comité de Usuarios Universitario 35, al que pertenece Palma, ha capacitado a 10 asociaciones.

Jácome resaltó que las denuncias a la Intendencia las puede hacer cualquier ciudadano y que la entidad está en la obligación de recibirlas y analizar si se trata de irregularidades en el mercado.

El plazo que tiene la entidad para resolver los casos es 35 días. Jácome enfatizó que la ciudadanía siempre tiene respuesta. Hay ocasiones en que no es competencia de la institución el problema, pero cuando eso sucede se la direcciona hacia la entidad competente.

Control al mercado farmacéutico

Los integrantes de los comités de usuarios universitarios trabajan en la actualidad para identificar el tipo de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los medicamentos genéricos. En ese sentido han constatado que mucha gente no sabe que existe una ley que obliga a las farmacias a ofrecer también productos genéricos.

Actualmente, los universitarios de la Facultad de Administración trabajan específicamente en este tema. Paralelamente, se trabaja en la creación de un observatorio de investigación. En este proyecto están involucradas las facultades de Ciencias Químicas, Economía y Jurisprudencia.

Los estudiantes trabajarán básicamente en el rubro de medicamentos para tener información clara acerca de lo que está pasando en este mercado.

Claudia Tenelema, coordinadora de los Comités de Usuarios Ciudadanos de la Facultad de Administración, indicó que el trabajo se ha dividido en 2 fases: una de capacitaciones sobre el contenido de la ley y otra de práctica. “Estamos haciendo encuestas para que en el Congreso de Salud, que será este mes, exista información sobre el tema. La Superintendencia nos entregó las herramientas para que podamos desarrollar nuestro trabajo”, detalló.

“Hemos identificado que la población no conoce sobre los genéricos”, acotó Tenelema. Este grupo de estudiantes espera terminar su trabajo de investigación este mes. (I)