Los sindicalistas, abiertos a diálogo con el Gobierno

El titular de la Cedocut, Mesías Tatamuez, dijo que tanto los sindicalistas como el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, están “abiertos a la discusión” para buscar el beneficio del país y de los trabajadores con respecto a si es mejor un nuevo Código o reformarlo.

Incluso, aseguró que la convención de Guayaquil no fue para fijar la fecha de una nueva movilización, lo que decidieron es que a partir del 15 de noviembre iniciarán una jornada de consultas con las distintas organizaciones a nivel nacional.

El sábado, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Édgar Sarango, aseguró que su organización está dispuesta al diálogo para evitar la huelga. Pues el anuncio de movilización por parte de los sindicalistas se había producido pese a que Correa explicó de qué manera la normativa modernizará las relaciones laborales en el Ecuador.

Además, pese a que el Gobierno aún analiza las enmiendas al Código, entre las que se incluyen temas como el despido nulo e indemnizaciones, para que estas sean mayores cuando se despida al trabajador, por ejemplo, por su orientación sexual. También incluyen reformas para proteger a las mujeres embarazadas y que no sean despedidas, y lo referente a las excesivas utilidades que ganan pocos trabajadores en el país.

Correa ha sido enfático al señalar que el proyecto ha sido “maltratado” por sectores de oposición, quienes no esperaron a que sea presentado a la Asamblea y empezaron a cuestionarlo y organizar protestas que terminaron en actos violentos.

Édgar Sarango, presidente del FUT, indicó a la prensa que en la reunión del fin de semana, además, se preparó una agenda de trabajo que se irá desarrollando en los 2 siguientes meses; en ella se incluyen el fortalecer la unidad y mantener el contacto con las bases.

Sarango insiste en que su gremio “oficialmente” desconoce cuáles serán las reformas que se incorporarán, pero, que de lo presentado en el borrador hay puntos interesantes relacionados con derechos individuales, como la formalización del trabajo doméstico, sexual, autónomo, aunque en el tema de derechos colectivos aún “se requiere voluntad política y deponer actitudes para llegar a acuerdos”.

Carrasco, en entrevista con Ecuavisa, la semana pasada dijo que “todas las decisiones transformadoras tienen un costo político”, pero que el Gobierno ampara sus acciones en el ser humano y no en el capital, por lo que mal podría hablarse de un costo político si el Código beneficiará a la sociedad.