Tras 14 años de presidir la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas, Bolívar Armijos asume un nuevo reto. Ayer fue posesionado como titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare). Es militante de PAIS y procede de la junta de Calderón, en el cantón San Lorenzo. Tiene una opinión  crítica contra los municipios porque considera que los han abandonado.

¿Cuáles son los desafíos que tiene en el cargo?
Que se reivindique el sector rural, el apoyo al agro, que las juntas parroquiales tengan la relevancia que se merecen. Somos los gobiernos más cercanos a la comunidad rural. Que se cumpla lo que establece la Constitución sobre el Buen Vivir como proyectos de agua potable, alcantarillado, que aunque no son de nuestras competencias son las necesidades más imperiosas.
Son competencias que tienen que asumir los alcaldes pero que no lo hacen, en pleno siglo XXI todavía tenemos comunidades sin agua potable y servicios básicos. Ahora con el cambio de la matriz productiva, donde se apunta al agro, se debe profundizar la vialidad rural de primer orden para los campesinos. También queremos que se profundice el turismo comunitario para generar fuentes de desarrollo y riquezas.

¿Pero estas son obras que las van a hacer o las van a pedir a otros niveles de gobierno que las hagan?
Nosotros tenemos competencias exclusivas y concurrentes. La competencia de agua potable y alcantarillado es de los municipios, pero no cumplen con esa labor. Nosotros, con gestiones propias con la cooperación internacional, estamos subsanando esos problemas. Esperamos trabajar en coordinación, como socios estratégicos para el desarrollo nacional, con gobiernos provinciales y municipales.

¿Cómo observan el trámite de la Ley de Ordenamiento Territorial?
En el ámbito de ordenamiento territorial tenemos una competencia compartida con los municipios para ordenar el territorio, de igual forma el cobro de impuestos. Los municipios tienen las competencias del cobro de impuestos y cobran a todos los habitantes del cantón, urbano y rural, pero nunca esos recursos llegan a las comunidades rurales, como lo establece el Cootad. Esperamos que los municipios hagan conciencia de que los recursos no son solo para las ciudades sino también para los habitantes del sector rural. Adicionalmente, en la Constitución está que el Estado entrega a los municipios el 25% más en su presupuesto por los habitantes del sector rural y no cumplen. No puedo generalizar que todos los municipios no hacen obra en las comunidades rurales, hay algunos responsables que trabajan en coordinación con los gobiernos parroquiales, pero la mayoría no cumple ni siquiera las competencias que tiene en las parroquias.

¿Los municipios se han olvidado de las juntas parroquiales?
Ellos dicen que las juntas parroquiales tenemos recursos, pero son pequeños. Esos recursos nosotros los optimizamos y las obras que hacemos son más baratas y eficientes que la de los municipios. Estamos trabajando por cariño a nuestra gente en mingas, con los habitantes del sector rural. Esos recursos los hemos hecho crecer, hemos hecho obras importantes que jamás hicieron los municipios.

El Gobierno ha lamentado la falta de catastro en zonas rurales lo que impide cobrar impuesto, ¿cómo afrontar este problema?
Coincidimos totalmente pero es un trabajo que debían haberlo hecho de manera planificada los municipios. Durante años los municipios no se han preocupado por un ordenamiento territorial responsable, por un catastro para el cobro de impuestos, solamente lo hacen a las empresas grandes en las ciudades para esos recursos usarlos en obras, pero no en las comunidades.
Hemos levantado la información, construido los planes de ordenamiento territorial y ahora vamos a trabajar con las universidades, con Senplades para que se haga el catastro en las zonas rurales.