Cerca de 30 personas (entre peritos y testigos) acudieron en tres días a  la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para dar su versión en la audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

Hasta las 13:00 de ayer fueron convocados Tatiana Celi, integrante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quien detalló los movimientos financieros ampliados de los procesados José Rubén T. N.; Ramiro C., Édgar A. y de las empresas Diacelec y Equitransa.

Luego siguió el policía Antonio Toapanta, miembro del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, quien detalló los procedimientos que tomó el pasado 2 de junio, durante un allanamiento en un domicilio de Gustavo M., otro de los procesados.

Fabián Silva, del Laboratorio de Criminalística e Informática Forense, contó que a él le correspondió analizar cuatro dispositivos USB que fueron localizados en el allanamiento del inmueble.

De las memorias extraíbles indicó que una tenía capacidad de ocho gigas y material pertinente al caso. De los datos que se recabaron se encontraron 30 anexos con 4.922 fojas, 57 archivos PDF, así como 31 carpetas, que forman parte de los indicios en contra de Gustavo M.

Durante un receso de 30 minutos, el fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, aseguró que en los tres días de diligencia se han presentado los técnicos debidamente acreditados, quienes demostraron la acusación del caso.

Esta situación fue rechazada por Eduardo Franco, abogado del vicepresidente, quien aseguró que la Fiscalía “se está viniendo guardia abajo”.

Para la defensa del segundo mandatario, las pruebas presentadas por los peritos carecen de sustento.

Puso como ejemplo al perito informático Mauricio Romero, quien materializó la información que llegó de Estados Unidos. Según Franco, el técnico manifestó que en su informe no consta el nombre del Vicepresidente.

Añadió que lo mismo pasó con el perito que hizo el documento de asistencia penal internacional de Panamá y de la Informática Forense, que no mencionaron a Jorge G.

“Los propios testigos y peritos de la Fiscalía están ratificando la defensa de Jorge G. porque no aparece ninguna prueba que lo incrimine”, manifestó.

Similar criterio emitió Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., tío del vicepresidente.

Según el jurista, la Fiscalía presentó “un sinnúmero de expertos que hasta ahora no apuntan a esa asociación ilícita”.

Quinde aseguró que en este lapso solo se ha tratado de repetir las versiones de José Conceição Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador. No obstante, reiteró que hasta el momento no se comprueba la relación de su cliente con las empresas mencionadas.

Al contrario, el acusador particular, César Montúfar, se mostró confiado en el proceso.

Señaló que sí se demostró la asociación ilícita entre 2010 y 2016, entre Odebrecht -a través de Ricardo R.- y Jorge G. 

Montúfar advirtió que al finalizar el juicio requerirá a Fiscalía la documentación para avalar los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

“Pediremos que la evidencia sea devuelta a Fiscalía para que se inicien las nuevas investigaciones”, reiteró. (I)