Luego del análisis de los informes de varias secretarías de Estado y de las visitas de verificación al territorio, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea emitió su primer informe semestral sobre la explotación del bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

Ese es un mandato de la declaratoria de interés nacional que realizó el Legislativo, por pedido del Gobierno, el año pasado. Durante la sesión 30, efectuada la tarde y noche del miércoles pasado, los legisladores analizaron el documento de 23 páginas que hacía un recuento de los avances de la implementación de la declaratoria, durante el periodo entre octubre de 2013 y abril de 2014.

El documento recordó que el 15 de agosto de 2013, el presidente Rafael Correa anunció al país la terminación de la iniciativa Yasuní ITT. Luego de un intenso debate nacional, el 22 de octubre del mismo año, la Asamblea Nacional declaró de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, ubicados en parte dentro del parque nacional.

Desde esa fecha, los legisladores realizan seguimientos y visitas de campo, donde se verifican las actividades iniciales llevadas a cabo por la Función Ejecutiva.

Esas actividades, básicamente, han sido la consulta previa; estándares ambientales y tecnológicos y el  monitoreo de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.

El presidente de la mesa legislativa, Carlos Viteri Gualinga, explicó que esta verificación es de largo plazo y que se trata de una tarea de seguimiento que concluirá con el abandono de las actividades de explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43. Esto podría tomar cerca de 3 décadas.

Tras escuchar los informes presentados por los ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Ambiente, Recursos Naturales No Renovables, Petroecuador y la Secretaría de Hidrocarburos, entre otros, se instaló un debate donde finalmente se emitieron planteamientos en diversos aspectos.

En la información proporcionada en la Declaratoria se concluye que el desarrollo de los bloques 31 y 43 no supera el 1x1.000 del área del Yasuní.

Con base en lo informado por los ministerios de Justicia y Ambiente, aseguran que no se están realizando actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, delimitada mediante Decreto Ejecutivo de enero de 2007. Con ello se concluye que en este primer periodo no hay avistamiento de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en los bloques 31 y 43.

Durante la visita que realizaron los asambleístas entre el 16 y el 18 de junio pasado, se informó que el procesamiento final del crudo del bloque 31 se realiza en la Central de Procesos Edén Yuturi, en el bloque 12, ubicado fuera del Parque Yasuní.

A Petroamazonas se le pide mantener los estándares sociales y ambientales para minimizar situaciones de riesgo en las operaciones petroleras. Además, que se priorice la oferta laboral a las comunidades locales para dinamizar la economía.

La Comisión recomendó a la Función Ejecutiva presentar a la Asamblea un cronograma interinstitucional de las distintas actividades que se realizarán. También pidió que se ejecute una estrategia de comunicación con consideraciones interculturales y sociales, para que la ciudadanía de todo el país y en particular de la Amazonía pueda conocer las actividades.

Para la asambleísta Liliana Guzmán (AP), entre los puntos más positivos de este informe está la consulta previa. Durante la visita legislativa a este sector realizaron una observación en las comunidades de Nuevo Rocafuerte y Puerto Quinche, donde dialogaron con representantes de las 16 comunidades del Bloque 43. Ahí varios de ellos manifestaron su inconformidad porque faltó tiempo para informarse.   

Los legisladores sugirieron instaurar un sistema de monitoreo integral en el Parque Yasuní; fortalecer un plan de manejo, así como lineamientos que conduzcan a la aplicación de las estrategias nacionales en lo referente al fortalecimiento de la gestión del parque.

DATOS

Durante la sesión, la vicepresidenta de la Comisión, PamelaFalconí, pidió incorporar una propuesta de recomendaciones realizada por la bancada de Alianza PAIS.

Petroamazonas en su informe ha estimado una reducción de emisiones de 139.452 toneladas de CO2 al año y el ahorro de  $ 88.4 millones por este cambio tecnológico a través de la generación de electricidad.

El total de las inversiones de todas las entidades concurrentes es de $ 127’162.843. De ese monto se desembolsaron $ 223.569 en actividades para la protección de derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.

Al informe inicial se adhirieron otras recomendaciones y finalmente fue sometido a votación. Se aprobó con 8 adhesiones a favor, 2 en contra y una abstención.