Los ‘hipotecados’ reciben alivio jurídico

Por Gorka Castillo

El mercado consiguió que las estrecheces económicas que llevaron a miles de ecuatorianos a España dejaran de existir. Algunos, incluso, comenzaron a pisar los peldaños de la clase media arrastrados por una bonanza financiera que resultó ser una trampa.

Las hipotecas que en 2009 servían para comprar una vivienda se transformaron en alimento para los desahucios un año después. La crisis les llegó a dentelladas y cortó de cuajo sus ilusiones, desde Murcia hasta Madrid.

Ahora que parece haberse decretado una pequeña tregua, al menos hasta conocer el resultado de las elecciones generales que se celebrarán el próximo noviembre, los rigores del fraude son como un fantasma que reaparece en cada llamada anónima que reciben los más de 30.000 migrantes hipotecados. Pero algo ha cambiado en estos últimos años porque hoy no se percibe igual la angustia del inicio de la crisis. El miedo no se ha disipado, es cierto, pero el programa de asistencia jurídica y acompañamiento en materia hipotecaria que hace tres años puso en marcha el Gobierno ha derribado el estigma que los paralizaba. Al menos a 30.000 familias que aseguran “estar superando” el influjo aterrador que provoca un banco enojado. Cerca de 2.000 migrantes ya le han doblado el brazo a las entidades financieras en los tribunales, pero cientos de dramas aún están en el camino.

En un pequeño salón sin más adornos que una gran bandeja de manzanas aguarda Letizia Chiriboga, 35 años, divorciada y con un hijo menor a su cargo. A Letizia se le incendia el rostro cuando le preguntan por qué sigue en España. “Porque me lo quitaron todo”, responde como prólogo a la extensa explicación de su gran drama. Llegó a Madrid cuando la moneda ecuatoriana fue estrangulada por la especulación. “Desde entonces he trabajado de limpiadora en las oficinas de una empresa, luego en un supermercado y finalmente cuidé a unos viejitos. Conocí a mi marido y al casarnos pedimos un crédito para comprar una vivienda en Leganés”, explica. El 12 de junio de 2010 se quedó sin empleo y el 21 de agosto su marido la abandonó. Recurrió a conocidos para ver si aparecía alguien con influencia. Envió cartas al ministro español de Economía, llamó al PSOE, a Izquierda Unida. Nada. Ni una respuesta de apoyo.

No es fácil mover cielo y tierra, con una maleta vacía y un niño agarrado a la pierna desde un teléfono público. “Y luego la hipoteca, que estaba a mi nombre. Tuve que trasladarme a casa de unos amigos ecuatorianos. Todo fue desesperante. Aguanté lo que pude y me planteé regresar a Quito. Con mi hijito y mucha pena. Pero decidí luchar”, asegura mientras pierde la mirada en la vista que le ofrece su ventana: una habitación en el barrio madrileño de Vallecas. “Viví dos veces el mismo engaño. Primero en Ecuador y luego aquí. Te levantas una mañana y te dicen que ya no tienes nada. Eso no te hace más fuerte sino te hace llorar con más fuerza”, sentencia Letizia, una viuda de la migración, enlutada y fugaz como una sombra chinesca bajo el abrasador sol de un mediodía.

El pasado año puso su caso en manos de uno de los 34 letrados que trabajan en el servicio de asistencia jurídica del Gobierno ecuatoriano y, aunque perdió su casa, lograron que las instituciones municipales de la capital española le renten una vivienda a un precio social. Su hijo se llama Damián y crece feliz pese a los estragos que ha causado el mercado libre en su familia.  

Resulta trágico que tras una década de logros para miles de migrantes que llegaron a España tras una estafa vean de nuevo tambalearse sus reconstruidas vidas por una estafa mayor. Porque la crisis más brutal en casi un siglo continúa desbrozando muchos sueños.

Cuando el día declina en el municipio navarro de Burlada, es apenas mediodía en el cantón guayaense de Balzar, donde hace 55 años nació Joffre Burgos Jiménez. Fondeó en esta orilla del mundo en 2000, siguiendo los pasos de miles de compatriotas decididos a ser dueños de un techo y proporcionar un porvenir menos arduo a sus hijos del que recibieron del viejo régimen ya liquidado.

Los primeros 11 años de Joffre en España trabajó como empleado fijo en una multinacional de automóvil en Navarra. Fue entonces cuando “cazó” una hipoteca y sacó la calculadora: si dejaba 1.470 euros del sueldo mensual podía embarcarse en la compra del piso. La economía española era entonces una gran ola que solo parecía curvarse hacia el cielo y sobre ese lomo magnífico puso su futuro. El banco no le puso pegas sino “que me animó a solicitarlo con argumentos como que a largo plazo era más económico que el alquiler y que podría traer al resto de mi familia”. Pero las cosas empezaron a torcerse. Subió el euribor como el termómetro en un desierto y el plazo para pagar la hipoteca se amplió a 35 años porque las mensualidades bajaron a 970 euros. “Iba a estar el resto de mi vida pagando al banco”, añade.

En 2012 perdió su empleo y desde entonces no tiene trabajo. “Me angustiaba porque no podía pagar ni el alquiler social y decidí unirme a las Marchas por la Dignidad y a los Afectados por la Hipoteca”, confiesa con las manos desnudas. Para atemperar los efectos devastadores de la depresión, la asistencia a afectados por las hipotecas da servicios de ayuda psicológica y acompañamiento.

Desde la embajada  ecuatoriana hacen acopio de cifras de migrantes que se han divorciado, se han suicidado o presentan alteraciones psicológicas inducidas por su amplia exposición al trauma de perder la vivienda.

Joffre conoce varios casos pero se los reserva. Prefiere hablar como el activista que es. “Todos me conocen como el hombre del megáfono porque no falto a una concentración para exigir los derechos que nos arrebataron”, dice con energía, aunque no resulte fácil con una deuda de 5.000 euros a cuestas y después de haber pagado 100.000 por una vivienda que ya no le pertenece.

“La verdad es que el banco ha intentado facilitarme un poco las cosas y me ofreció un alquiler social para vivir. Quizá porque saben que soy activista y no me voy a callar”, asegura.

De lo que Joffre Burgos está agradecido “de verdad” es al compromiso del Gobierno ecuatoriano con los miles de migrantes en su misma situación. “Esta ayuda jurídica que nos dispensa -su caso está en manos de una de las 34 letradas contratadas para cubrir las necesidades de los migrantes afectados en 21 ciudades españolas- debería ser un ejemplo para otros gobiernos del mundo cuyos ciudadanos en el extranjero viven nuestra misma situación. Estoy orgulloso de mi presidente y también del canciller”, sentencia Joffre. (I)