Los gobiernos locales amazónicos piden $ 3 por cada barril de crudo

La Comisión Técnica, conformada por los 3 niveles de Gobierno de la Amazonía para preparar una reforma a la Ley 010, acordó el último viernes, en Quito, pedir $ 3 por cada barril de petróleo extraído de la región.

En las oficinas del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comga), en la capital, se llegó al 60% de consensos entre los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales. Ellos elaboran un proyecto de reforma a la norma que creó el Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus organismos seccionales, más conocida como Ley 010. La disposición es la que dio vida al Ecorae y repartir entre los gobiernos locales del Oriente parte de las utilidades del petróleo.

Con el precio del barril de crudo por encima de los $ 90, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de la Amazonía preparan una propuesta única para presentarla al Ejecutivo, para que a su vez la envíe a la Asamblea Nacional.

Actualmente los GAD de la región amazónica reciben $ 1 por cada barril comercializado de petróleo que se extrae del subsuelo de la región. Con los fondos asignados por esta ley, según las competencias exclusivas de la Constitución y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), se financian obras de infraestructura.

Con este antecedente la Comisión Técnica Pro Reforma a la Ley 010, integrada por los delegados de los municipios, prefecturas y de las juntas parroquiales, acordó unificar la propuesta en los $ 3.

Inicialmente el planteamiento de los gobiernos provinciales era que de este dólar suba a $ 5. Pero los gobiernos parroquiales y cantonales, más cercanos al Ejecutivo, propusieron que este valor sea de $ 3.

Marco González, secretario general del Comaga, explicó que el próximo miércoles 10 se reunirán en Puyo. Ahí se discutirán porcentajes de distribución y participación que aún no se definen.

El Ecorae recibe el 9% del tributo, el 58% es para municipios, el 28% para consejos provinciales y el 5% es para las juntas parroquiales.

González dijo que no buscan involucrarse con la posible desaparición del Ecorae, pero sí quieren solicitar una participación para que se ceda a las juntas parroquiales los recursos. Con ello sugieren un redireccionamiento de la institución, para planificar el desarrollo integral de la Amazonía.

Luego de la cita en Puyo, el próximo 15 de septiembre, se consolidará la propuesta, para finalmente presentarla ante las autoridades, a las 10:00, del 18 del mismo mes, en el auditorio del Comaga, en Quito.

La semana pasada el presidente Rafael Correa se refirió al tema. Allí reconoció la validez del pedido debido a que los precios del barril del petróleo habían subido considerablemente, pero no el porcentaje que se distribuye entre los gobiernos locales amazónicos.

Sin embargo, cuestionó que los alcaldes y prefectos que han criticado la explotación del ITT sean quienes lideran la iniciativa. Lo consideró un acto de doble moral.

La Cumbre Amazónica, que se realizó a finales del pasado mes y que lanzó oficialmente la reforma a la Ley 010, fue liderada por el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien es un férreo opositor a la explotación del ITT y de la minería.

En ese marco, Correa pidió a las autoridades que antes de discutir cualquier reforma a la Ley 010 expresen, por escrito, su respaldo a la explotación del ITT.

Datos

La Comisión Técnica está conformada por Carlos Coronel, Marco Contreras y Vinicio Cueva, en representación de los municipios. Roberto Puentes, Marcelo Villegas, y Vinicio Vivanco son los delegados de las juntas parroquiales. De parte de los gobiernos provinciales están Romanelli Carrillo, Enrique Morales y Luis Lugli.

La reforma es el resultado de la IV Cumbre Amazónica que se efectuó en Puyo, la semana pasada. Allí se pidió el cambio legal.

La Ley 010 se expidió en septiembre de 1992. La norma gravó con $ 0,06 cada barril de petróleo extraído en el Oriente. Los recursos formaron un fondo con el objetivo de fomentar la conservación del ambiente y fortalecer los organismos seccionales. En enero de 2008 se expidió una reforma. Ahí se elevó de $ 0,50 centavos a $ 1 por cada barril del petróleo y se estableció una nueva división.