Han pasado 21 días del estado de excepción en Morona Santiago, tras el ataque armado a una patrulla policial, en la vía que conduce al campamento minero de La Esperanza, cantón Juan Bosco, que provocó la muerte de un agente y heridas graves a otros siete.

El ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, recalcó que se trata de un grupo armado ilegal, haciendo parecer que se trata de un conflicto contra la etnia shuar, “lo cual es totalmente falso”, señaló en diálogo con EL TELÉGRAFO.

¿Cuál es el resultado del estado de excepción?, ¿qué se consiguió con esa medida?

Es positiva, se ha garantizado la seguridad de los ciudadanos. Esos lugares fueron retomados por las familias desplazadas por este grupo de delincuentes armados. La presencia militar y policial garantiza el regreso de 10 familias y 28 niños de la comunidad San Carlos de Limón, que por la inseguridad tuvieron que irse a San Juan Bosco.

Han trabajado coordinadamente la Policía y las Fuerzas Armadas para los controles de armas. Seguiremos con estos operativos hasta que los culpables sean detenidos.

¿El estado de excepción continuará entonces?

Va a cumplirse el término fijado (30 días), hacemos evaluaciones semanales y estaremos hasta el momento requerido, tenemos que velar por el cumplimiento del Estado de Derecho y que se ejecuten los procesos judiciales respectivos; no agotaremos ninguna instancia hasta detener a los autores materiales e intelectuales del asesinato del policía y quienes están dirigiendo este grupo, que no representa al pueblo shuar, sino intereses de un grupo pequeño.

De lo que se ha visto hasta el momento, creo que a fin de mes sería suficiente, pero veremos lo que pasa en las próximas semanas.

¿De dónde pueden venir las armas que usaron para atacar a los uniformados y quién se las pudo haber proporcionado?

Hemos identificado que se utilizó armamento relacionado con fusiles; es decir, armas de largo alcance, no solo escopetas y carabinas. Por eso estamos fortaleciendo controles de armas para verificar que no se esté abasteciendo logísticamente a estos grupos, recordemos que tenemos un Estado de derecho, que hay una ley para el tema de tenencia de armas: hay que sacar permisos cumpliendo los requisitos legales.

¿Quiénes son los Nankins?

Es un grupo que no existía, se autocreó y ocuparon una zona que era propiedad privada, para luego decir que eran territorios ancestrales. Se tiene evidencia que ese grupo recién se formó en 2006, para justificar la invasión, pero no son una etnia originaria; en aquel entonces se denunció que pidieron dinero para dejar los terrenos que ocupa la empresa minera. Por eso, una sentencia judicial (que demoró 10 años) les otorgó una indemnización que recibieron y luego salieron de manera pacífica.

La Policía determinó que los atacantes habrían conformado una organización criminal en San Carlos de Limón ¿cómo operaban?

Exigían apoyo económico para poder financiar sus actividades. Aparte de eso robaban; pobladores de la zona denunciaron atracos y extorsiones de estas personas.

¿Ustedes aseguran que hay un trasfondo político?

Tratan de satanizar el tema de la minería, pero nadie se acuerda de que el prefecto de la provincia -Marcelino Chumpi- hizo una carretera de 26 kilómetros que pasa por el bosque protector, con una licencia ambiental que no era la adecuada y con trabajos que no cumplen con normas ambientales básicas. Eso sí fue un atentado contra la naturaleza y nadie dijo nada. Tratan de parcializar opiniones cuando les conviene.

También se registró actividad en redes sociales defendiendo la incursión.

Con mentiras. Dijeron primero que los soldados y policías habían atacado, no hay afectados de este grupo delictivo, pero una persona asesinó a un gendarme. Dijeron también que se utilizaron tanques de guerra, cuando eran vehículos para proteger personal. Recordemos que el policía José Luis Mejía que fallece, así como el subteniente Villarreal (herido de bala en la cabeza), se transportaban en un camión que tenía una lona y les comenzaron a disparar en una emboscada.

Para evitar eso se envió cuatro vehículos blindados de las Fuerzas Armadas, pero ya lo tergiversaron y dijeron que eran tanques de guerra. Voy a mostrar las fotos de cómo son las perforaciones a los carros de la Policía, las balas estaban dirigidas al conductor del vehículo y son proyectiles de fusil. No desconocemos el derecho a la protesta, pero sin violencia y con violentos no dialogaremos.

¿No se han encontrado los fusiles?

Voy a mostrar la bala que sacaron del pie de un soldado herido. ¿Qué más evidencia queremos? Tenemos las pruebas del disparo que penetra y traspasa el casco del policía José Luis Mejía; personalmente estuve en el campamento La Esperanza y vi las perforaciones de los balazos de fusil en las paredes del campamento. Tenemos información de que son rifles de fuerzas armadas. Tal vez de nuestro país o del Perú, estamos verificando eso, pero son fusiles de largo alcance.

¿Cómo solucionar este problema?

Hasta que aparezcan los culpables no puede haber diálogo. Cómo le explico a la familia de José Luis Mejía que vamos a dialogar. El Ministerio del Interior emprendió una campaña para incentivar a que se brinde información sobre el culpable material e intelectual del asesinato. Tenemos que hacer cumplir el Estado de derecho, no se trata de un tema de diálogo por la paz.

¿Cómo es la relación de la empresa minera y la comunidad?

Me dicen que el 80% de los trabajadores de la minera son de la zona, el servicio de comida de la compañía es con personas del sector, la minera ha hecho inversiones en beneficio del pueblo, eso hemos conversado con la ciudadanía, ese es el sentir.

Por otro lado está el caso de los soldados retenidos en Sarayaku: ¿Cómo se entiende aquello?

Como un desconocimiento del Estado de derecho por dirigentes irresponsables que manipulan a todos; primero pusieron en redes diciendo aquí somos los dueños del territorio. Los 11 soldados salían de vacaciones por Navidad, estaban desarmados, iban por el río Bobonaza en una canoa y los detienen por un día, es un desconocimiento de nuestra Constitución, que habla del libre tránsito de los ecuatorianos.

Ellos dicen que se debe coordinar cualquier ingreso a sus territorios para evitar confusiones

Se reconoce el estado plurinacional pero también el libre movimiento de ciudadanos. No podemos decir que vamos a pedir permiso para pasar por esos lugares, es imposible, confunden lo que significa plurinacionalidad. Un río, por ejemplo, le pertenece a todo Ecuador. Además eso atenta, entre otras cosas, contra el turismo, que ayuda a las mismas  comunidades de la Amazonía. (I)