La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña no podía retomar su cargo como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esa fue la respuesta del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, a la consulta que la entidad le hizo la semana pasada.

Vicuña fue reincorporada al organismo como directora regional de talento humano, al cabo de casi 9 años de licencia. Ella presentó su renuncia como segunda Mandataria el pasado 5 de diciembre, debido al inicio de un proceso judicial por el supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores cuando era asambleísta de Alianza PAIS, de 2009 a 2017.

Ledesma explicó que el SRI tiene dos caminos: el primero es iniciar el proceso administrativo para separar a Vicuña del cargo que ocupaba en esa entidad. El segundo es destituirla.

El Ministro señaló que los funcionarios que otorgaron la licencia deberán ser también separados de sus funciones. Según él, si los servidores públicos se postulan para un cargo de elección popular, procede la licencia sin remuneración. De manera que no pierden su trabajo al terminar la campaña o el período para el que fueron elegidos.

Además, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), permite licencia para el funcionario que sea nombrado al cargo de Ministro solo si es en calidad de subrogante o encargado.

Pero la exvicepresidenta fue designada definitivamente, “como titular del Ministerio de Vivienda. Eso conlleva implícitamente la pérdida de la carrera del servicio público. Por lo tanto deviene en improcedente otorgarle cualquier otra figura jurídica, licencia o comisión de servicios”, subrayó Ledesma.

Tampoco cabía la licencia por cuanto fue designada como titular de la Vicepresidencia por la Asamblea.

El Ministro dijo, que al amparo del artículo 83 de la Losep, el SRI no debió otorgar la licencia y “lo procedente ahora es el inicio de las acciones administrativas correspondientes contra Vicuña y las autoridades que le dieron ese permiso”.

Santiago Orbe, analista internacional, opinó que el SRI debe rendir cuentas por la ligereza que tuvo para darle las licencias. “Es ofensivo pensar que se pueda manipular este tipo de beneficios para que ciertos personajes públicos abusen”.

Para Napoleón Saltos, analista político, más que un tema jurídico administrativo, se trata de una cuestión de principios. “Quien ejerce un cargo público no puede utilizar el puesto para proteger sus intereses particulares. Se trata de un tema ético, de responsabilidad de Vicuña”. (I)