El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, usó la palabra resistencia para calificar el trabajo de los medios de información privados y organizaciones sociales en la última década.

Lanza encabezó la comitiva del organismo continental que, durante una semana, hizo un balance “in situ” de la situación actual de los derechos a la libertad de expresión, opinión y prensa.

Según Lanza, se vive un momento de transición entre un gobierno autoritario y otro que reconoce la importancia del trabajo periodístico en democracia.

Para la Relatoría de la Libertad de Expresión es prioritario que Ecuador siga en ese camino y para eso realizó 33 recomendaciones de cambios legales, administrativos y políticos para garantizar la plena vigencia de todos los derechos.  

Una de las principales recomendaciones es generar desde el poder político (Ejecutivo y Asamblea) la reparación a personas,  comunicadores y medios que fueron afectados por decisiones judiciales o administrativas del anterior régimen.

Para la Comisión Interamericana, este resarcimiento debería incluir el reconocimiento público de las autoridades de los casos de violación de los derechos; el análisis de las sanciones impuestas y una amnistía para quienes fueron condenados.

Según Lanza, por lo menos 60 periodistas, directores de medios y activistas sociales deberían ser beneficiados con esa reparación.

Otro cambio importante para la CIDH está en la reforma a la Ley de Comunicación. La Relatoría para la Libertad de Expresión sigue de cerca el debate que se cumple en la Función Legislativa.

En ese sentido recomienda que el texto definitivo garantice los derechos de los periodistas a difundir sus investigaciones; sustituir el piso de 33% de porcentaje para medios públicos en el espectro radioeléctrico; modificar la titulación obligatoria, entre otras observaciones al proyecto legal. (I)

Pasos por seguir
Seguridad para periodistas
Establecer un programa de protección a periodistas que respete parámetros internacionales sobre el tema y sea consultado con los comunicadores.  

Acceso a información
Capacitar a funcionarios en una cultura de transparencia, rendición de cuentas y facilitación del acceso a la información por parte del público en general.   

Acoso informático
Ordenar una investigación sobre la compra y uso de malware para vigilar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en el país.  

No a la represión  
Garantizar el ejercicio al derecho a la reunión y manifestación pacífica. Desarrollar un entrenamiento especial en negociación para el control de las huelgas.

Medios públicos plurales  
Desarrollar protocolos y medidas para garantizar el pluralismo en las coberturas, en especial durante las elecciones.  

Cambios en el Código Penal
Reformar la legislación vigente para que la sanción a delitos, como la injuria, sigan estándares internacionales.  

Una prórroga
Aprobación por parte de la Asamblea de una norma transitoria para evaluar las sanciones impuestas por la Supercom.  

Espectro radioeléctrico
Establecer un espacio de discusión con actores públicos, privados y comunitarios sobre la distribución de frecuencias. (I)