El debate final para aprobar el proyecto de ley humanitaria iniciará en la Asamblea con criterios divididos. El Ejecutivo envió el pasado 16 de abril la normativa que se basa principalmente en la implementación de un régimen de contribuciones solidarias.

Con esto, el Estado esperaba recaudar $ 1.400 millones para enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.

El proyecto original del Ejecutivo contemplaba que entreguen un aporte solidario quienes ganen desde $ 500 al mes, lo que significaría obtener un monto de $ 901 millones calculado con base en un universo de 1’327.430 trabajadores.

A esto se sumaba el aporte del 5% sobre las utilidades de las empresas que hayan generado utilidades a partir de $ 1 millón en 2018, lo que significaría otros $ 516 millones; el aporte involucraría a 1.474 sociedades, que equivalen al 1,2% de las 119.789 que hay en el país.

Pero en la Comisión de Desarrollo Económico y tras el primer debate del proyecto en el pleno del Legislativo, se reformó este acápite y los comisionados resolvieron incrementar el aporte para quienes ganen desde $ 2.500, y las empresas que hayan reportado ganancias a partir de los $ 2,5 millones en 2019.

Esta alternativa de recaudación provocó una división de criterios comentó el asambleísta Homero Castanier, de CREO y miembro de esta comisión. Aclaró que su bancada compuesta por 18 asambleístas no está de acuerdo con una ley impositiva.

El asambleísta César Rohon, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MDG), manifestó que su grupo legislativo compuesto por 16 parlamentarios pedirá el archivo de la ley. “Es vital aprobar esta ley, es obligación de todos colaborar con los más vulnerables. Hay que salvar vidas”, sostuvo la coordinadora del bloque de Alianza PAIS (AP), Ximena Peña.

Proyecto de ley humanitaria del Ejecutivo

El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea para el trámite respectivo la normativa compuesta de 38 artículos, cinco disposiciones generales y cuatro transitorias.

Los principales puntos se refieren a la contribución humanitaria sobre el ingreso mensual de las personas desde $ 500 mensuales. También contribución del 5% de las utilidades de las empresas reportadas en el 2018, siempre que haya sido igual o mayor a $ 1 millón.

Los centros educativos en todos los niveles no podrán suspender alumnos por retraso en pensiones. No se permite el incremento de los servicios básicos y de telecomunicaciones durante seis meses.

No se podrán hacer desahucios de inquilinos hasta por 60 días por falta de pago del arriendo siempre que el arrendatario cancele por lo menos el 20% del valor adeudado.

Para manejar la cuenta humanitaria se constituirá un Consejo Consultivo conformado por cinco representantes de la sociedad civil. Y para impulsar la reactivación económica se crea un contrato especial emergente a tiempo definido, hasta por el máximo de 2 años renovable una vez.

Aportes a la normativa en el primer debate

Los 13 integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico revisaron el proyecto al que modificaron en el pago de la contribución sobre el ingreso mensual de las personas para que empiece en $ 750.

También decidieron que la contribución sobre las utilidades de las empresas se haga sobre la utilidad reportada en el 2019. Asimismo se eliminó la restricción de edades para recibir beneficios educativos; antes se establecía tope de 18 años.

También aumentaron requisito para los miembros que conformarán el Consejo Consultivo que manejará la cuenta humanitaria de manera que presenten una declaración patrimonial juramentada, no tener cuentas o empresas en paraísos fiscales y no registrar sentencias por actos contra la administración pública.

La normativa propuesta fue al debate en el pleno donde se hicieron varias sugerencias entre las que constaba el recálculo del pago de pensiones alimenticias por pérdida de trabajo por causa de la crisis sanitaria, pero no fue considerada.

De la misma manera desecharon la propuesta del texto original sobre la eliminación de asignaciones a publicidad y promoción electoral para de partidos políticos en las elecciones de 2021.

Reformas a la ley humanitaria en el segundo debate

Sobre el aporte solidario de trabajadores se fijó que empiece a partir de los que ganan desde $ 2.500 y la contribución de las empresas que hayan reportado ganancias desde $ 2,5 millones.

Las sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales que tengan la propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador, pagarán por una sola vez una contribución del 2% sobre el avalúo catastral del ejercicio fiscal 2020.

De manera excepcional el Gobierno entregará ayudas monetarias para segmentos de la población más vulnerables a instituciones educativas privadas, lo que se traducirá en una disminución del valor que se pague en la pensión.

En los casos que el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria no aplica eliminación pago de arriendo. Se reducirá en 10% el valor total del servicio de electricidad para los primeros dos quintiles de nivel de ingreso.

Se limita la reducción de la jornada laboral hasta un máximo del 50%, y de la remuneración del trabajador no menor al 55% de la fijada previo a la reducción. Esta reducción puede ser de máximo 1 año con la posibilidad de renovarse una sola vez por el mismo periodo.

Una ley para salvar las vidas de los ecuatorianos

El asambleísta Rubén Bustamante, de Alianza PAIS (AP), opinó que la Ley Humanitaria propuesta por el presidente Lenín Moreno permitirá salvar vidas y da esperanza a la gente.

Afirmó que lo que se requiere en este momento son recursos y es nuestra responsabilidad definir las alternativas para conseguirlos. Recalcó que no se debe dar espacio a ideologías ni banderas políticas. “Los 17 millones de ecuatorianos esperan que la Asamblea plantee soluciones. En este momento de crisis debemos ponernos en los zapatos de quienes menos tienen, de los más afectados y golpeados por la emergencia”, apuntó.

Es una ley positiva para sostener la economía en esta crisis tan grave que vive el país, y plantea pasar hacia una recuperación y reactivación productiva del Ecuador, con especial énfasis en el impulso a los emprendimientos familiares y al sector popular y solidario. “Hemos planteado que existan créditos bancarios rápidos con condiciones especiales: períodos de gracia”, comentó. (I)