Las propuestas realizadas por el Comité por la Institucionalización Democrática para la implementación de las preguntas que plantea se realicen a través de una consulta popular, están contra el tiempo.

Este comité está presidido por Pablo Dávila, exconsejero de Participación Ciudadana Transitorio, el mismo que en junio de 2019 presentó a la Corte Constitucional (CC) un pedido de referéndum.

Las preguntas expuestas solicitaban eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reestructurar la Asamblea Nacional a través de cámaras bicamerales y lograr la independencia de la Fiscalía General del Estado.

El pasado 10 de marzo, el organismo logró la calificación de 173.661 firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, el 1,5% del padrón electoral.

Así se acerca a la consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En declaraciones anteriores, voceros del organismo indicaron que el referéndum podría incluirse en las próximas elecciones de 2021, proceso electoral donde los ecuatorianos elegirán asambleístas nacionales, provinciales y binomio presidencial.

Ahora, el CNE deberá presentar a la Asamblea la resolución de verificación de las firmas. El Legislativo, en dos debates, deberá tratar las preguntas en un lapso de 90 días, para que, luego de su aprobación o no, sean presentadas a la CC; tiene un año para hacerlo.

Si la Asamblea no cumple el tiempo establecido por la ley, el comité podrá presentar el pedido de consulta popular directamente a la CC.  

Escenarios que se dibujan

Una de las preguntas que no se podrá implementar directamente el próximo año, es el cambio de estructura de la Asamblea.

Hernán Pérez Loose, miembro del colectivo ciudadano, explicó que esta propuesta no entraría en vigencia, puesto que ya no hay tiempo para llamar a una consulta y que entre a regir antes de las elecciones de febrero de 2021.

Para el exdiplomático, el referéndum se podría efectuar durante la primera o  segunda vuelta. Esta última, de haberla, en abril.

Así también, no descarta que el pedido de eliminación del CPCCS pueda entrar en vigencia, al igual que el de la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

“Respecto a la reforma de la Función Legislativa será más complicado, puesto que para la fecha ya estarán electos los 137 nuevos asambleístas; lo lógico sería que esto se pueda implementar más adelante”, puntualizó Pérez.

Precisó que, de eliminarse el CPCCS, sería la Asamblea, tal como está actualmente conformada, la que asumiría el rol del organismo.

Aclaró que de ser esto una realidad, el Parlamento deberá crear una comisión especial mixta que haría el papel del extinto consejo.

Para Ximena Peña, legisladora de Alianza PAIS y presidenta de la Comisión de Justicia, los cambios posteriores que se puedan aprobar en la consulta popular deberán actualizarse luego que pase el próximo proceso electoral.

Comentó que el proyecto de referéndum no choca con las reformas al Código de la Democracia, puesto que ya están en vigencia.

Tampoco con las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debido a que, a más tardar, se aprobarían el próximo abril.

“En caso de que se requiera una reforma, tendrá que tramitarse de manera posterior, en caso de darse cambios, y así se pueda actualizar la norma”, dijo Peña.

Gabriel Hidalgo, analista político y docente de la UDLA, explicó que, de aprobarse las preguntas del referéndum que plantea el colectivo de Dávila, aquellas podrían entrar en vigencia en el próximo período legislativo, es decir en 2025.

Mencionó que la Asamblea tendría tiempo para realizar las reformas a la normativa pertinente para que se adecúe a un posible nuevo poder legislativo.  (I)