Sarayaku-Pastaza.-

“Ofrecemos las disculpas públicas correspondientes por la violación a la propiedad indígena, a la identidad cultural, al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad personal, por la violación a los derechos a las garantías judiciales”, resaltó ayer la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, al leer el acta de reconocimiento de responsabilidad del Estado por hechos ocurridos en el gobierno de Lucio Gutiérrez (PSP).

Con ello, en un acto efectuado ayer en Sarayaku, se cumplió con otro de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitida el 27 de junio de 2012 en contra de Ecuador (ver caja de datos).

Los hechos se relacionan con violaciones a los derechos humanos por la exploración y explotación petrolera de 200 mil hectáreas de tierra (Bloque 23) en Pastaza, sin una consulta previa, como manda la ley.

Esto, tras la firma de un contrato de participación entre el Estado y la empresa argentina ‘Compañía General de Combustible’ (CGC).

En 2003, en el gobierno de Lucio  se dio luz verde para que continúe el proyecto petrolero sin consultar al pueblo Sarayaku y con la intervención violenta de personal militar y personal de CGC (ver infografía).

En el acto también estuvieron la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, el viceministro de Recursos No Renovables, José Icaza; Gral. de brigada de la IV División del Ejército Amazonas, Gustavo Aguilar; subsecretaria del Ministerio del Interior, Carina Arguello; el delegado de la Procuraduría, Cristian Espinosa; el delegado del Ministerio de Defensa, Mauricio Gallardo; y la gobernadora de Pastaza, Denisse Coka.

El acta, difundida en idiomas quichua y castellano, ratificó el compromiso del Estado con la vigencia de los derechos humanos y, en especial, los que asiste al pueblo Sarayaku, estipulados en el derecho y tratados internacionales suscritos. Además, manifiesta su consideración y respeto “irrestricto” a las mujeres, hombres, niños, niñas y sabios de dicho pueblo, así como el compromiso de garantizar el Sumak Kawsay (Buen Vivir) de Sarayaku.

Zúñiga calificó el acto como “histórico” y resaltó el esfuerzo del Gobierno por crear una cultura de paz y en favor de los derechos humanos. Recordó que en los regímenes de Jamil Mahuad y, especialmente, de Gutiérrez se realizaron actividades  petroleras,  que afectaron el 65% del territorio Sarayaku.

El acto inició con un ritual oficiado por Sabino Gualinga, sabio de la comunidad. Luego, la dirigente Narcisa Gualinga dio la bienvenida y dijo que 14 años han esperado disculpas por sus derechos vulnerados. Félix Santi, presidente de Sarayaku, agradeció a las autoridades por hacer posible el acto, aunque expresó su insatisfacción al no estar los titulares sino sus delegados.

Marlon Santi, dirigente Sarayaku y extitular de la Conaie, destacó que la lucha no termina ya que aún falta retirar la pentolita. A esto, Tapia explicó que se realizan reuniones para seguir el proceso y que en todo momento se consulta a la población.

PUNTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE-IDH

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), notificada a Ecuador el 27 de junio de 2012, ha sido cumplida en casi su totalidad y abarcó:

El Estado debe neutralizar, desactivar y retirar la pentolita en superficie y enterrada en suelo Sarayaku, con base en un proceso de consulta al pueblo, plazos y puntos establecidos en la sentencia (pendiente).

El Estado debe consultar al pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, efectiva y según los estándares internacionales, en el caso de realizar actividad o proyecto de extracción de recursos naturales, inversión o desarrollo.

El Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en plazo razonable, el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar las que impidan su pleno y libre ejercicio.

El Estado ecuatoriano debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales, judiciales e involucrados con pueblos indígenas.

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad (lo cumplieron ayer autoridades del país).

El Estado deberá cancelar indemnización al pueblo Sarayaku. Ya pagó $ 1,3 millones.

El Estado, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, debe rendir a la Corte-IDH un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma.

La Corte-IDH supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y cumpliendo sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el caso cuando el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto.