La Unión Nacional de Educadores (UNE) niega que se haya dispuesto retirar los bienes inmuebles o información financiera de las sedes provinciales luego de que el Ministerio de Educación resolvió disolver la organización por no cumplir con la normativa.

Así lo señaló el presidente de la organización en Pichincha, Elvis Moreira, frente a la denuncia del ministro de esa cartera de Estado, Augusto Espinosa, sobre que en días pasados habría circulado un comunicado en el que se pedía “saquen todo lo que puedan de la UNE, que saquen información, fundamentalmente legal, financiera y todo lo que sea delicado”, por lo que las autoridades se vieron “obligadas a recurrir a un juez para que autorice el allanamiento”.

El lunes pasado se realizó un allanamiento a los locales de la UNE en Guayaquil y Quito bajo orden judicial dictada por el juez competente de la Unidad de Flagrancias, el fiscal Luis Sánchez, lo que -según el ministro- es parte del proceso legal de disolución. “El allanamiento en Quito y en Guayaquil se lo hizo con la orden de un juez y porque la UNE no quiere entregar la documentación para que pueda trabajar la comisión liquidadora”, dijo Espinosa. Agregó que “en la práctica se había saqueado la UNE, solo se hallaron muebles viejos, ya no hay información y nosotros seguiremos actuando con base en la ley”.

Ese día, a las 08:00, la Policía procedió al allanamiento y producto de ello se incautaron 3 equipos informáticos que estaban en las oficinas. De acuerdo con el Fiscal esto serviría para determinar la existencia de un posible delito “respecto a la contabilidad que llevaba la UNE”. Dos horas más tarde otro contingente policial llegó para desalojar el edificio, lo que originó enfrentamientos con integrantes de la UNE que finalmente fueron retirados del lugar.

En cambio en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, directivos y docentes agremiados a la UNE permanecen en sus respectivas sedes desde el lunes ante el rumor que sean intervenidas por la fuerza pública.

En Santo Domingo, sus representantes realizaron una asamblea para expresar su desacuerdo al desalojo en las sedes de Quito y Guayaquil y en Esmeraldas, tanto el concejal Silvio Burbano, como el presidente de la UNE local, Gilber Rentería, convocaron a permanecer en plantonera permanente en el edificio de esta organización ubicada junto al GAD Municipal.

Ayer las instalaciones de la UNE de Pichincha se encontraban cercadas por vallas del Ministerio del Interior y custodiadas por entes policiales. Diario EL TELÉGRAFO consultó a uno de ellos si alguno de los integrantes de la Comisión liquidadora se encontraba para entrevistarlo, pero la respuesta fue negativa.

La Comisión está compuesta por 9 miembros, incluidos 2 representantes de la UNE, y su tarea consiste en entregar un informe de auditoría sobre el estado financiero de la organización.

Frente a los enfrentamientos, Moreira dijo que en los próximos días presentarán una demanda por supuestos actos violentos por parte de la Policía en contra de sus compañeros y dañar los bienes inmuebles de la UNE. Añadió que se prepararán más acciones como la marcha del 25 de agosto pasado.

En esto coincidió el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Pablo Serrano, quien ayer expresó su apoyo a la UNE: “Ratificamos una vez más desde las centrales sindicales el compromiso que existe en la lucha y defensa del sindicato de los maestros”. Hoy se prevé que las organizaciones sociales afines a la UNE se reúnan en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) para definir las próximas actividades. (I)