La situación de Odebrecht, implicada en un escándalo internacional de corrupción, atravesó las relaciones político-diplomáticas de Ecuador y Brasil en los últimos 10 años.

El 26 de enero de 2007, 11 días después de la posesión del presidente Rafael Correa, el subsecretario de Política Económica del Ministerio de Finanzas, Luis Rosero, visitó la embajada brasileña en la capital. Así lo informó ese mismo día a su cancillería el encargado de negocios de la representación diplomática brasileña, José Fiuza Neto, según cables diplomáticos oficiales a los que accedió EL TELÉGRAFO.

Según Fiuza Neto, el funcionario ecuatoriano planteó 5 proyectos de inversión. Se trataba del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el aeropuerto de Tena, el puente entre Esmeraldas y Tachina, el puente Bahía de Caráquez-San Vicente y la compra de 4 aviones Embraer para reforzar la flota de la estatal TAME.

Para entonces, la empresa Odebrecht ya construía la central hidroeléctrica San Francisco (Tungurahua), que completó su operación  entre los días 5 y 6 de mayo del mismo año.  

El 29 de mayo, sin embargo, la embajada brasileña informó al gobierno de Brasilia que, en la víspera,  su similar ecuatoriano había hecho públicos varios cuestionamientos al proyecto multipropósito Baba, que también estaba a cargo de la misma constructora brasileña.   

El entonces ministro de Energía, Alberto Acosta, cuestionó el presupuesto establecido para el proyecto, el cual incluía un componente eléctrico, y la falta de ingeniería de detalle de la obra.  Tres meses después, el 9 de agosto, el embajador Antonino Marques Porto informaba del anuncio de anulación del contrato de la segunda fase del proyecto Carrizal-Chone, adjudicado al consorcio formado por Odebrecht y la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo.

Ricardo Patiño, en aquellos días ministro del Litoral, denunciaba que el precio fijado para la construcción de la infraestructura de riego ($ 102 millones) era excesiva. Así lo estableció una comisión especial que investigó el proceso de licitación.

El grupo empresarial ecuatoriano-brasileño comunicó el 15 de agosto de 2007 que estaba dispuesto a reducir el costo del proyecto hasta los $ 84,8 millones. La propuesta fue aceptada por el Gobierno. Y también anunció que los $ 18 millones de ahorro se utilizarían en otras obras en la misma provincia de Manabí.

Las relaciones entre Ecuador y la constructora brasileña continuaron por una senda tormentosa. En junio del año siguiente se detectaron fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. En julio del mismo año se paralizó la generación de energía.

Entonces el Gobierno exigió a Odebrecht que asumiera el gasto de los daños y que devolviera los premios recibidos por la obra. En octubre, luego de que el régimen y la empresa no llegaron a un acuerdo, se decidió la salida de Odebrecht del país y el retiro de 4 obras estatales en las que participaba. Esta situación generó la reacción brasileña. El presidente Lula da Silva llamó a consultas (retiró) a su embajador. El argumento oficial fue el temor de que Ecuador no pagase al Banco de Desarrollo del Brasil el crédito asociado con el proyecto.

La embajada brasileña reportó a su gobierno, el 8 de abril de 2009, con carácter de urgente, el anuncio del presidente del Fondo de Solidaridad en aquel entonces, Jorge Glas Espinel, de una demanda civil contra Odebrecht por $ 210 millones. No obstante, luego de que la empresa brasileña aceptara las condiciones impuestas por Ecuador, pudo regresar como contratista al país, hasta ahora, cuando una orden judicial tras la revelación del escándalo dispuso que el Estado no licite con esa cuestionada firma brasileña, hasta que termine la investigación en el país. (I)

DATOS

La empresa brasileña Norberto Odebrecht está presente en el Ecuador desde el año 1987, cuando recibió el contrato del trasvase Chongón-Santa Elena.  

Actualmente participa en el consorcio que construye la segunda fase de la primera línea del Metro de Quito, en asociación con la compañía española Acciona. El grupo empresarial está en camino de disolución.

La obra tiene un precio de más de $ 1.400 millones y tras la separación de la compañía originaria de Brasil sería asumida en solitario por la española, que se encargó de la Fase I del sistema de movilidad.

El incremento del costo de construcción en cerca de $ 400 millones por encima de lo previsto por los estudios realizados por Metro Madrid despertó suspicacias.

A ello se sumó la revelación por parte de los EE.UU. de que Odebrecht pagó millonarios sobornos en América Latina por contratos.