Tras el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de que analiza la posibilidad de llamar a una consulta popular, la oposición respalda la idea y pone una lista de temas que se podrían abordar.

En cambio, en el movimiento PAIS son más cautos y esperan que el Mandatario defina los contenidos. Sin embargo, fueron enfáticos al señalar que no permitirán el retroceso en derechos.

En el caso de que el Ejecutivo concrete la iniciativa, PAIS también propondrá temas, aunque ayer ningún vocero adelantó cuáles.

Moreno, durante su informe semanal del pasado lunes, añadió que el pueblo “deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público”.

Indicó que la eventual consulta se haría para afirmar “los derechos de cada ciudadano y de todos los colectivos, los pueblos y las nacionalidades”.

Alrededor de 15 organizaciones políticas y sociales respaldan, hasta el momento, una posible consulta. Entre sus prioridades está la eliminación de la reelección indefinida y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Con ello, la propuesta de la oposición es dejar sin funciones a las autoridades elegidas a través de concursos de méritos y oposición por parte del CPCCS. En este grupo están el Fiscal General del Estado, los superintendentes, los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Contralor (hoy vacante por el juicio político a Carlos Pólit), entre otros.

Consulta popular vs. Asamblea Constituyente

Para el constitucionalista Jorge Benavides, antes de hablar de una consulta popular es necesario determinar los contenidos por reformar en la Carta Magna.

Por ejemplo, para eliminar la reelección indefinida o quitar el concepto de ‘servicio público’ a la comunicación aplica la consulta, en la que se preguntará por una enmienda constitucional, por iniciativa de Moreno.

Pero si la idea es modificar aspectos relacionados a las funciones del Estado, como la eliminación del CPCCS, entonces el camino, según el analista, es otro. “Hay un límite en la Constitución que establece que cuando se reforman aspectos de los poderes públicos, solamente se lo puede hacer por reforma a la Constitución”.

En este caso, recordó que el Presidente podrá llamar a consulta para convocar a una Asamblea Constituyente. Para el especialista, “el medio jurídico idóneo para hacer una reestructuración fuerte de las instituciones políticas del Ecuador es este”.

Además de la iniciativa del Ejecutivo, es la Corte Constitucional la que determinará -finalmente- el mecanismo a utilizar.

Respecto al pedido de la oposición sobre la posibilidad -por medio de consulta- de dejar sin funciones a las autoridades de control, Benavides recordó que la Constitución determina los mecanismos de fiscalización, uno de ellos es el juicio político promulgado desde el Poder Legislativo.

“Si se hace eso por consulta, traería problemas. Una cosa es separar a estos funcionarios y convocar a una nueva elección para elegir a nuevas autoridades; y otra es eliminar -por ejemplo- el Consejo de Participación, a través de consulta. Si usted elimina ese órgano, ¿quién asume esas funciones? Se quedaría acéfala. Nos guste o no, ese consejo tiene la facultad de nombrar a estas autoridades”.

Por ello, insistió en que el recurso más idóneo para los cambios en el país es llamar a la Constituyente. Con la premisa de que la Asamblea Constituyente permite la reestructuración del Estado, mientras que la consulta, no.

Luis Fernando Torres, asambleísta socialcristiano, aconsejó a Moreno que por medio de este segundo recurso se deje sin funciones el CPCCS.

Otros analistas consideran que, antes de llamar a consulta, el Gobierno debe enfocarse en solucionar aspectos económicos urgentes. Por eso creen que Moreno “debe analizar correctamente” los tiempos políticos.

El analista Simón Pachano tampoco tiene clara la utilización de la consulta. “Normalmente se la utiliza como una forma de destrabar problemas políticos. Si bien eso tiene un efecto inmediato y coyuntural, no necesariamente soluciona los problemas de fondo”.

Para esa iniciativa recomendó a Moreno hacer cálculos políticos, en especial para tener respaldo dentro de la bancada de PAIS; y analizar si en realidad tiene posibilidad de ganar (en votos) una consulta.

“Una cosa es que el Presidente tenga el 80% de aprobación y otra es preguntarle a la ciudadanía sobre temas específicos. No se puede trasladar de un lado a otro. Cabe recordar que una consulta se la usa para dar legitimidad a un Presidente”.

En PAIS desconocen plan

La legisladora Doris Soliz, de PAIS, lamentó que haya en este momento  la imposición de agendas contrarias al plan de gobierno. Añadió que “la consulta no puede vulnerar ni retroceder derechos alcanzados”.

En cambio, María José Carrión (PAIS) aclaró que, en caso de que se llame a consulta, es necesario analizar los temas. (I)

REACCIONES

Los legisladores de PAIS dijeron que el recurso de la consulta debe usarse para mejorar la gestión gubernamental y no para vulnerar ni retroceder los derechos   adquiridos.

El Presidente el pasado lunes habló sobre la posibilidad de acudir a las urnas para preguntar a la ciudadanía sobre ciertos temas para “garantizar una democracia plena sin caudillismos y con entidades transparentes”.

Andrés Mideros, de Senplades, indicó que en el buró político no hay definiciones concretas respecto a la posibilidad de una consulta. Aclaró que el único autorizado para hablar del tema es el Presidente.

Organizaciones sociales y políticas alistan un paquete de temas al Moreno para que los considere en la posible consulta popular. Destacan la defensa contra la violencia a la mujer, de los niños y la familia. (I)