La realidad tras las denuncias de algunas ONG contra el Estado ecuatoriano
El embajador Marco Albuja, representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace un análisis de informes de "académicos financiados por intereses comerciales" que "falsean la realidad" para deslegitimar el proceso social en el país.
Indicó que no contentos con ello, también envían los denominados Informes de ONGs a instancias internacionales como Naciones Unidas y la OEA, con un solo fin: "fomentar el show mediático que logre que los medios hegemónicos del Hemisferio y del mundo continúen con sus críticas, ataques y supuestas denuncias y las vendan".
"No hay que desconocer que la mayor parte de esos informes de la sociedad civil son producidos por anteriores funcionarios, simpatizantes o compañeros del Gobierno de Rafael Correa que, ahora desde la oposición, se encuentran cómodamente financiados por la derecha conceptual que antes combatieron y a la que ahora son funcionales", recalca el embajador.
Añade que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, "nunca antes han estado mejor preparadas que ahora para cumplir con su trabajo y afrontar los retos que significa el mantenimiento de la paz y la seguridad en nuestro país, considerando y respetando la dignidad humana incluyendo el enfoque de género, y en irrestricto respeto a los Derechos de la ciudadanía".
Respecto a las violentas manifestaciones de agosto, Albuja señala que los "pseudo-académicos" han omitido en sus informes los ataques de los que fueron víctimas los policías y militares; tegirversado la información, y afirmado que el Gobierno criminaliza la protesta social, lo que "contradice las abundantes pruebas digitales que en video y fotografía muestran a los miembros de la protesta social utilizando en contra de la Fuerza Pública armas de fuego, lanzas ancestrales, tubos de metal, palos afilados, piedras, bombas molotov, fuegos pirotécnicos, armas corto punzantes, etc.".
Explica que las ONGs y algunos abogados quieren crear en el subconsciente colectivo el hecho de que tan solo por presentar una denuncia o solicitud ante CIDH, ante la CorteIDH o ante los organismos especializados de la ONU, significa que ya esas demandas o solicitudes, sin ninguna comprobación, serán tramitadas, aceptadas y los Estados serán condenados. "Nada más irreal, nada más ficticio", apunta.
El embajador también hace una puntualización acerca del trabajo de las Relatorías, "que son mecanismos técnicos que elaboran informes técnicos, su trabajo se limita a proveer de insumos a los Órganos Especializados, a los Secretarios Generales y a las mismas ONG´s".
Sobre la CIDH, recuerda que "no tiene capacidad de dictar medidas cautelares vinculantes para ningún Estado del Hemisferio, esa es una atribución que se auto asignó".
El principal instrumento de los Estados en materia de derechos humanos es la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José en el que sí se le reconoce a la Corte IDH, en su artículo 63, la capacidad de dictar medidas provisionales, recalca.
De allí que explica que la CIDH no tiene capacidad jurisdiccional, por lo tanto solamente recomienda no puede imponer, ni exigir; tampoco tiene capacidad coercitiva, es más, es sólo un ente técnico subordinado administrativamente a la Secretaria General de la OEA.
Pese a ello, de las 18 medidas cautelares emitidas contra el Estado Ecuatoriano desde 1996, "cumplimos 16 que se referían a la protección de la vida o la integridad de las personas; 2 no las hemos aceptado primero por seguir un trámite ilegal, por referirse a hechos no comprobados y por poner el capital empresarial o el derecho a mentir por sobre el derecho humano a la vida y a la honra, cuando todos los derechos tienen el mismo valor, son iguales, indivisibles y complementarios".
Albuja indica que el "fantasma" de las denuncias realizadas por las ONGs ante los organismos internacionales cumplen objetivos recurrentes: "dan material para que algunos medios de comunicación ataquen a los gobiernos que no les son sumisos; promueven la polarización interna entre los ciudadanos y ciudadanas; dan esperanzas a las posibles víctimas o a los victimarios, de ganar sustanciales cantidades de dinero en reparación por parte de los Estados; son copartícipes de los recursos de las víctimas o de los victimarios, ganan fama y nuevos clientes para seguir medrando de los DDHH; levantan críticas internacionales de organismos de buena fe que suponen que todo defensor de los DDHH actúa honesta y apolíticamente; golpean la imagen de los países para debilitarlos y que sirvan como ejemplo de escarmiento a los demás que se atreven a enfrentar o criticar a las grandes potencias".
Agrega que "jurídicamente, los argumentos falaces sin hechos que los respalden o sin normativa legalmente vigente que lo sustenten, no son válidas ante las cortes y casi siempre son desechadas estruendosamente causando incluso vergüenza a quienes las presentan y defienden". (I)
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