“La participación ciudadana no es enfrentarse con el Estado”

El involucramiento de la sociedad en  la toma de decisiones sobre políticas públicas es el debate que propone  Holger Paúl Córdova en su libro: “Derechos sin poder popular”. En un diálogo con EL TELÉGRAFO, el autor reflexiona sobre la corresponsabilidad del Estado y la ciudadanía en la aún limitada aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que garantiza la Constitución.   

¿Cuánto ha facilitado la participación ciudadana los cambios en la legislación?

Es aún insuficiente con respecto a lo que significa la participación ciudadana. Si revisamos algunos de los índices que arrojó esta  investigación, vemos que desde el retorno a la democracia hasta  2012,   únicamente nueve proyectos de ley han sido presentados por la sociedad civil en más de 30 años. Y de esos, apenas dos han sido aprobados por la Legislatura: uno sobre reformas a la Ley de Tránsito y el otro sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso nos da la pauta de que aún no se  utilizan completamente esos mecanismos de participación.

¿Por desconocimiento?

En todos estos años de democracia solo hubo una consulta popular promovida por la ciudadanía y fue la desarrollada en 2011 en Pichincha. Las demás siempre han sido promovidas por autoridades locales o los gobiernos de turno. Con esos indicadores, dos derechos específicos: presentar proyectos de ley y convocar a consultas populares no se han  desarrollado completamente. Es un balance  preocupante desde la sociedad, pero también podemos discutir el rol del Estado para normar esos derechos de participación. La Constitución de 2008 impulsa una revocatoria del mandato con un porcentaje menor de firmas para viabilizar el proceso. Pero la reforma al Código de la Democracia de 2011 puso trabas y requisitos que deslegitimaron el espíritu de la Constitución y ahora es el recurso menos utilizado. Otros mecanismos son: la silla vacía y los presupuestos participativos, que  cuentan con márgenes mínimos para que la ciudadanía vote. Se han cumplido tres años de la Ley de Participación Ciudadana y del Código de Ordenamiento Territorial, entonces es hora de evaluar qué pasó con esas leyes.

¿Se desnaturalizó ese recurso cuando hubo decenas de pedidos de revocatoria del mandato contra las  autoridades locales y, tras la consulta, los funcionarios eran ratificados en el cargo?

A través de la revocatoria -como mecanismo de participación directa- la ciudadanía pudo mantener o remover de su cargo a una autoridad, es decir, funcionó antes de 2011, en el sentido de que la sociedad tuvo la capacidad de informarse y escuchar a la autoridad impugnada, lo que le permitió decidir. Pero con la reforma de 2011 la ley aprobó mecanismos híbridos de la  democracia directa y representativa, porque antes el único requisito era presentar las firmas y ahora el ciudadano depende de que el CNE determine  si el pedido está bien sustentado, lo que le da la oportunidad a la autoridad  para responder el cuestionamiento  y, en base a un análisis, un órgano del Estado resuelve si se  puede  o no dar paso a una revocatoria.

Si la democracia directa se inauguró con la Constitución de 2008, ¿por qué actores  sociales afirman que este es un Gobierno que ha desmovilizado a las organizaciones sociales?

Existe un grado de corresponsabilidad de la sociedad civil y los movimientos sociales porque no han logrado asimilar los mecanismos que le concede la Constitución y la ley. Están en su derecho a presentar proyectos de ley, consultas populares... pero si se quejan de que no hay un Estado democrático y tampoco activan los mecanismos para participar, ¿hasta qué punto esos cuestionamientos son válidos? En tantos años de democracia la ciudadanía solo ha presentado nueve proyectos de ley y tenemos un Estado de espaldas a la participación, pero también una sociedad en letargo, que no sabe usar esas herramientas.

Debido al impacto mediático y social que consiguen  las organizaciones sociales protestando, ¿el concepto de  participación  no está  politizado?

El gran problema del país es que no se comprende la dimensión de los derechos de participación, porque si comparamos los derechos del buen vivir, los económicos y los sociales, el Estado juega un rol fundamental, pero mientras no comprendamos así los derechos de participación, donde es la ciudadanía la que los activa, no habrá mayores cambios. Que solo una consulta popular de iniciativa ciudadana se haya generado en el país en tantos años de democracia es alarmante. Si bien había mecanismos desde 1978, la gente no los supo utilizar. Lo que hubo fue un movimiento indígena que se movilizó en la década del 90 y que tal vez no usó esos mecanismos democráticos. Si bien las  movilizaciones  ayudaron a las transformaciones, hay  mecanismos que  generan incidencia política.

¿Cuál es el diagnóstico de la participación social en el país?

Hay que asumir una corresponsabilidad entre el  Estado y la sociedad, sin que se enfrenten. Muchas organizaciones creen que la participación es enfrentarse con el Estado, con la autoridad, y esa es una falacia, una visión distorsionada, porque uno de los motivos de la participación es acercar el Estado a la sociedad para mejorar sus derechos. Creer que a través de la participación puedo restar legitimidad a las instituciones es un engaño social que ha hecho mucho daño.

¿Las organizaciones sociales  están preparadas para asumir esos derechos de participación?

Uno de los problemas en la sociedad es creer que los ciudadanos son mejores que los políticos. Cuando hay que interactuar con autoridades, con municipios, con prefecturas, con políticos, los ciudadanos deciden que ya no quieren discutir porque  se autodefinen como puros. Ese es  un problema de falta de cultura democrática, cuando en realidad la participación es para interactuar entre políticos, Estado y sociedad.