La paralización de proyecto inmobiliario en Durán afecta a 50 familias de migrantes

El sueño de tener una casa propia es una de las principales aspiraciones de los migrantes. Esa motivación llevó a miles de ecuatorianos a creer en la oferta de la constructora Promaga, que promocionaba en Europa un proyecto inmobiliario ideal.

La empresa española vendía viviendas en la urbanización La Nueva Gran Ciudad, ubicada en el kilómetro 7 1/2 de la vía Durán-Boliche. Desde hace un año hay personas viviendo allí, pero sin agua potable y con solo un medidor de luz.

Además, el proyecto no se ha completado, puesto que la primera etapa estaba diseñada para 5.000 viviendas, de las que 1.400 ya están vendidas, según reconoció el gerente de la empresa, Harold Vinueza. Ahora está paralizado y solamente 50 familias viven en el sitio, aunque no cuentan con servicios básicos, mientras que otras casas están a medio construir.

A simple vista es una urbanización en construcción y en la puerta hay 2 guardias que controlan la entrada de los moradores y visitantes. Los compradores se quejan porque no es lo que les ofrecieron. El sistema de agua potable aún no está listo y la luz la obtienen de un solo medidor que, según los habitantes, adeuda miles de dólares.

Casi en la mitad de la etapa Andalucía hay un gran tanque de cemento a medio construir que, según Vinueza, servirá para abastecer del líquido vital a los moradores, pero los trabajos están detenidos.

Para obtener agua los moradores se abastecen con tanqueros y pagan alrededor de $ 10 semanales. Llenar las cisternas de cada casa no les sirve de mucho, pues son muy pequeñas y eso los ha obligado a incorporar un tanque de agua adicional e instalar una bomba. Rolando Mejía dice que se mudó a la ciudadela porque ya había terminado de pagar la entrada de $ 5.600 y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) le aprobó el crédito hipotecario. “Yo estaba alquilando y ya no podía pagar el crédito y adicionalmente un arriendo, así que cogí a mi familia y me vine a vivir acá”, contó.

El hecho de que el Biess le conceda el crédito fue para Mejía una garantía de que todo estaba bien, pero al llegar se encontró con una realidad distinta. Al acercarse a esta entidad bancaria a pedir una explicación, dice que los funcionarios le manifestaron que deben averiguar con los peritos -quienes se encargan de valorar las casas- qué sucedió, porque una casa sin servicios básicos no se financia.

Ahora Mejía pide que se frene el pago de la casa mientras se soluciona la situación y hacer un avalúo nuevo para sobre eso efectuar el cálculo del crédito. Este Diario intentó contactarse con el Biess, pero no  recibió una respuesta.

En las mismas circunstancias están Sergio Ontaneda y Shirley Cedeño. Ambos compraron las viviendas con créditos del Biess. La señora  paga $ 480 mensuales, pues hizo el préstamo con su esposo, a él le descuentan $ 250 y a ella $ 230. “Yo ya vivo en el sitio y no tengo otro lado a donde vivir, quiero que se retome el proyecto y se arregle la incomodidad y que se haga un reavalúo de la casa”, expresó.

Promaga ofertaba las casas en ferias que realiza el consulado ecuatoriano en el exterior y les daba las facilidades a los clientes de que los trámites los podían realizar allá, sin necesidad de contar con un apoderado en Ecuador. El costo de las viviendas ofertadas iba desde los $ 30 mil a $ 60 mil.

Eso incentivó a Jazmín Zavala a decidirse por el proyecto. “Estaba feliz porque esperaba tener una casa para cuando retorne al país”. Ella arribó hace 3 semanas a Ecuador desde Milán, puesto que en las oficinas en donde ella hacía los pagos le dijeron que el trámite lo realice  en Ecuador.

“Yo dejé de pagar hace algunos meses porque empecé a escuchar las quejas de las personas. Llego y me encuentro con que no hay avances para mi casa. Yo di una entrada y quiero que me la devuelvan. No tengo el dinero, ni la casa”, se quejó Zavala. A ella le tocaría recibir su vivienda en 2016.

Por estos inconvenientes y sin saber a quién acudir, los afectados se comunicaron con el asambleísta Esteban Melo, representante de los migrantes en Europa. Él realizó una primera reunión para escuchar a los afectados.

Con papeles en mano el pasado lunes varios asambleístas escucharon el problema. Juan Carlos Cassinelli, de la bancada de PAIS, ofreció su ayuda. “Vine, pero no sabía la magnitud del perjuicio; ahora lo primero es identificar claramente si se trata de un caso de estafa masiva, como otros tantos que ya se han dado en el país”, dijo.

El legislador Melo encabeza el proceso y por ello el pasado martes realizó un recorrido por la ciudadela para corroborar las condiciones en que viven los denunciantes.

A su llegada fue recibido por Vinueza, quien le aseguró que están retomando los trabajos, pero el asambleísta le refutó, puesto que las oficinas de venta del sitio están clausuradas por el Municipio de Durán. El funcionario de la constructora afirmó que tendrán una reunión con la alcaldesa para tratar de conseguir los permisos y continuar con la obra.

Ante esta situación, el asesor de la presidencia de Promaga, Sebastian Ricart, advirtió que ellos no han escapado del país y que él personalmente está afrontando la difícil situación que tiene la empresa.

La aspiración de Promaga es realizar el proyecto habitacional más grande del cantón, pues incluye una segunda etapa de 6.000 viviendas, así como un parque acuático y un supermercado. “Son 11 mil viviendas que ayudarían a solucionar el déficit que existe en el cantón y en el país”, insistió.

El asesor, que es de origen español, comentó que desde hace un año prácticamente se ha instalado en Ecuador para solucionar el problema, pues no quiere que se los trate de estafadores cuando no lo son. “Somos (Promaga) responsables de haber tenido unas fallas administrativas, eso no lo negamos; pero lo que pedimos es que se nos permita entregar las casas para con ese dinero avanzar en la construcción”, dijo.

El empresario detalló que la empresa tiene $ 30 millones en bienes, pues hay casas ya listas y, además, cuentan con los terrenos que están muy bien ubicados en Durán.

Ricart indicó que la empresa tiene una deuda de $ 8 millones con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y otras que se acumularon porque el banco les paralizó las cuentas al aplicar una coactiva por la deuda. Según el empresario, ellos habían acordado cancelar la deuda durante  2014, pero la coactiva se ejecutó en mayo de ese año. “Lo único que pedimos es un poco de tiempo, que se haga un refinanciamiento y así nos permitan concluir la obra”, indicó.

Uno de los compromisos de Ricart es que una vez que empiecen los trabajos en 30 días se solucione el inconveniente del agua potable y luego seguir con la dotación de servicios básicos. Detalló que quienes viven en la urbanización no pagan alícuotas porque aún no tienen los servicios completos. “Estamos comprometidos con las familias”, dijo Ricart.  

Por lo pronto el empresario tiene previsto reunirse con el asambleísta Melo y la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. El Municipio no ha emitido información al respecto.

Datos

Promaga es una promotora inmobiliaria que nació en España. Según su página web, su fundador y administrador único es Manuel Gavira Gómez.

En Ecuador su trabajo es la urbanización La Nueva Gran Ciudad. El conjunto habitacional se ha dividido en 2 etapas, la primera está compuesta por 1.400 casas, de las cuales ya están listas más de 400.

La deuda de Promaga con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda es de $ 8 millones. Ellos esperan refinanciar para que les levanten el bloqueo y así poder utilizar sus cuentas y empezar a pagar a proveedores y contratistas.

La segunda etapa de la obra estaría compuesta de 6.000 viviendas. La empresa quiere que el Municipio de Durán ayude a sacar adelante el proyecto para solucionar el déficit habitacional del cantón. Recientemente habría recibido una inyección de capital de un socio externo.