Los concursos de méritos y oposición para designar autoridades de los organismos del Estado entraron en vigencia con la nueva Constitución de Montecristi en 2008. Uno de esos cambios significativos se vivió en la Función Electoral, que también se creó por aquella época.

La nueva modalidad dio paso al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad responsable de la organización de los comicios a todo nivel. Aparte existe el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que administra la justicia en esta área.

Con esto quedó atrás el antiguo Tribunal Supremo Electoral que se conformaba, cuyos vocales eran propuestos por las 7 bancadas con mayor presencia en el Congreso Nacional. Ese mecanismo generó un sistema de cuotas y pactos. Como el Legislativo nombraba otras autoridades, los partidos acordaban un reparto de las funciones.

Con la Constitución, los organismos electorales fueron agrupados en una nueva función del Estado.  Ecuador es el único país de la región con cinco funciones: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Transparencia y Control Social y Electoral. Así lo destaca Fander Falconí en la obra Ecuador: el papel de los partidos políticos después de la nueva Constitución y los resultados luego de los cinco años de Revolución Ciudadana.

El objetivo era evitar que los mismos actores políticos sean juez y parte en los procesos electorales.  Los integrantes del TCE y CNE son elegidos por concurso de méritos y oposición, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). De hecho, actualmente se realiza el proceso para la renovación de 2 de los 5 jueces que integran el TCE.

Esta es la primera renovación de los jueces. Según los plazos previstos, el proceso terminará en septiembre, por lo que estarán habilitados para trabajar en las elecciones de 2017.

Críticas de la oposición

Pero movimientos y partidos de oposición han pronunciado su inconformidad ante el método de selección de los magistrados. Por eso ya hay propuestas para retomar la modalidad anterior. César Montúfar, director de Concertación, detalló que el actual modelo no ha superado al anterior, cuyo principal problema era que estaba parcializado. Para él, ya no depende de las 7 fuerzas políticas más representativas del Congreso, sino solo de una: Alianza PAIS.

El exasambleísta considera que, aunque se realizan concursos públicos, todos los ganadores tienen cercanías con el actual Gobierno o fueron funcionarios en el pasado inmediato. La propuesta de Montúfar es que la designación de la autoridad electoral sea  reasumida por la Asamblea Nacional.

El político plantea que los candidatos sean independientes y no estén relacionados con los movimientos o partidos políticos. “Creemos que estos personajes deberían recibir el consenso de las dos terceras partes de la Asamblea y eso garantiza que sean personas idóneas”.

Pero, por ejemplo, si se aplicara este método, en las actuales condiciones, sería Alianza PAIS el que pondría todos los jueces porque tiene una mayoría absoluta. Montúfar prevé que esa situación no se repetirá en las siguientes elecciones.

Para Lenín Hurtado, exdirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD) y precandidato presidencial por Unidad Popular, los jueces sí deben ser escogidos bajo un concurso de méritos y oposición, pero en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí deberían tener participación las fuerzas políticas del país, de la forma que era antes. Sus cuestionamientos se centran porque la forma de selección de los integrantes no fue suficientemente transparente.

Hurtado opina que, cuando existía la representación de todas las fuerzas políticas, en el antiguo TSE había un control mutuo y eso daba más garantías.

Los vocales del CNE han defendido su gestión. Afirman que es transparente e incluye a la ciudadanía en los procesos democráticos, lo que antes no ocurría.

Francisco Jiménez, vocero de Compromiso Ecuador, colectivo que lidera el movimiento Creando Oportunidades (CREO), critica al CPCCS. “El sistema como tal no funciona”.

Él recomienda un equilibrio. “No se trata de darle la razón a nadie, ni de establecer procesos a la fuerza, se trata de darle condiciones mínimas para selección de los mejores perfiles, equilibrio para la selección y, además, independencia”.

Jiménez no considera prudente retornar al anterior sistema de selección en donde las principales fuerzas políticas seleccionaban a los vocales, porque para corregir ese error es que se replanteó la necesidad de la participación ciudadana. “No se trata de retornar al pasado”. El exgobernador del Guayas propuso  una fórmula mixta. (I)

El CPCCS conforma comisión

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encarga de la selección de las autoridades del Estado. Para ello organizan concursos públicos de méritos y oposición.

Raquel González (foto), presidenta del organismo, resalta que la entrada en funcionamiento del Consejo marca un antes y un después porque ahora la designación de autoridades es transparente. Ahora existen veedurías ciudadanas que inciden en todos los niveles de Gobierno.

Para González, ahora la ciudadanía realmente está empoderada y ejerce sus derechos. “Ese es uno de los roles de la entidad”, destacó la funcionaria.

En cuanto a la designación de las autoridades, recalcó que no se trata de un proceso sencillo, puesto que una comisión ciudadana vigilará la selección de los jueces. Los candidatos deben primero pasar un filtro en el cual tienen que probar la capacidad para ejercer el cargo al que aspiran.

Actualmente, el CPCCS conforma la comisión ciudadana, para lo cual existen 15 hombres y 15 mujeres que aspiran a integrar esta entidad. Al menos 11 aspirantes han presentado un recurso de recalificación. Este pedido se lo debe contestar hasta el 13 de marzo.

Al final serán solo 10 ciudadanos los que integren la Comisión guardando la paridad de género, a la que se juntarán los 5 delegados de las funciones del Estado.

Según González, en abril estaría conformada la Comisión y luego se convocará a los ciudadanos para que se postulen al cargo de juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La información del proceso está en la página web http://www.cpccs.gob.ec.

El objetivo es que los magistrados ya estén en funciones en septiembre, para que trabajen durante las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2017. Será la Asamblea Nacional la que posesione a los dos nuevos magistrados ganadores del concurso de méritos y oposición. (I)