Uno de los proyectos de ley prioritarios de la Asamblea está en la recta final. La última audiencia provincial dentro de la segunda fase de la consulta prelegislativa sobre la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales concluyó ayer en Quito.

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional organizó este proceso, que incluyó  23 audiencias provinciales ya que no se hizo en Galápagos. Desde junio, cuando inició la consulta, se reportaron más de 6.000 participaciones. Solamente la audiencia provincial en Zamora Chinchipe se clausuró por ausencia de las organizaciones sociales.

Miguel Carvajal, presidente de la mesa legislativa, y sus colegas recibieron en el salónJosé Mejía Lequerica, en la sede de la Asamblea, a 200 personas pertenecientes a 30 organizaciones sociales rurales de Pichincha.

Ante el auditorio, el parlamentario explicó que en las visitas y en 80 talleres paralelos se realizaron aportes que ayudarán a mejorar el proyecto de ley, el cual ahora irá a segundo y definitivo debate. Previamente la comisión radactará un informe para que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, convoque a una mesa de diálogo nacional que será en los próximos 30 días. Luego ella llamará a sesión del Pleno, lo que sería en septiembre u octubre, para la votación.  

Fueron 3 temas los que se consultaron a las nacionalidades, pueblos y comunas del país. En estos puntos se generaron más consensos que disensos.

Los temas que se discutieron fueron el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral; el reconocimiento del uso de tierras en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y la participación social y resolución de conflictos. La consulta prelegislativa es un mecanismo contemplado en la Constitución que debe organizarse cuando alguna ley que se tramita en la Asamblea afecta a los derechos colectivos.

La participación social y la resolución de conflictos recibieron la mayor aceptación. Mientras que en la que respecta a posesión ancestral se reportó el 30% de disenso. Este tema está contenido en 10 artículos, 7 de ellos recibieron el 100% de consensos. Estos son el objeto, los fines, la posesión ancestral, los derechos colectivos, la autoridad agraria nacional, entre otros.

Mientras que los artículos que aún necesitan un convencimiento total tienen que ver con el ámbito de aplicación de la ley, derecho a la propiedad y la definición sobre regularización. Estos aspectos quedarán pendientes para la tercera fase, que incluye la mesa de diálogo nacional, donde participarán las organizaciones indígenas y campesinas más grandes del país.

Audiencia en Pichincha

Los primeros temas en ser analizados ayer fueron los contenidos en los artículos 10 y 11, que abordan la función social y ambiental de la tierra, respectivamente.

En sus numerales se estipula que la tierra deberá cumplir con estas condiciones y su aprovechamiento debe ser de forma continua, eficiente, eficaz y sostenible; que sea amigable con el ambiente, genere trabajo familiar; no constituya un latifundio y no exista concentración de tierra.

Caso contrario se podrá afectar las tierras con la expropiación o declaración de inexistencia del derecho de posesión del terreno.

La expropiación se producirá cuando se dé una explotación que atente contra los recursos naturales renovables y el ambiente; o que las tierras rurales aptas para la producción agropecuaria no sean explotadas durante los últimos 18 meses consecutivos.

Carvajal expuso que la autoridad agraria dará un plazo de un año para  producir. Luego se podrá dar 6 meses más, pero con la disminución del valor del predio.

No se podrá expropiar los predios con una superficie inferior a las 25 hectáreas en la Sierra y 75 hectáreas en la Costa y Amazonía; además de las estribaciones y las tierras comunitarias y territorios ancestrales.

Dentro de la socialización se propuso que en la Amazonía la extensión del predio de agricultura familiar que no puede ser afectado sea de 100 hectáreas.

En el caso de los comuneros, el Estado tendrá la obligación de brindar las facilidades, entre ellos préstamos para que produzcan.

El vicepresidente de la Comisión, Mauricio Proaño, explicó que en la primera fase de consulta el 96% de las 428 organizaciones participantes aprobaron la normativa. Los disensos son básicamente para que la resolución de conflictos sea de manera interna, mientras que otros piden la intervención de la autoridad.

Celso Torres, de la Comuna Santa Clara de San Millán de Quito, pidió que se tome en cuenta al productor, para que sea apoyado en créditos para cultivar. El artículo 72 estipula que las tierras comunitarias estarán exentas de pago de impuesto predial y otras tasas. Carvajal aclaró que esta ley es solo para tierras rurales, no urbanas. Esto también se incluirá en el proyecto de Ley de Comunas que se analizará en los próximos meses en el Legislativo.

Víctor Haro, de la comuna 5 de Abril de Ubillús, de Píntag, en Quito, expresó que el proyecto  busca que el “buen vivir sea para todos”.  Por su parte Ximena Ponce, presidenta del Foro Parlamentario de la Lucha contra la Pobreza, dijo que la construcción del Sumak Kawsay pasa por la cimentación de este tipo de leyes.

En tanto Patricio Barahona, de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, insistió en la aprobación de esta ley y apoya el proceso de consulta prelegislativa.

Entre las propuestas generadas desde las organizaciones, Carvajal destacó la prohibición de ampliar la frontera agrícola en páramos, en las cuales, si ya se está produciendo sobre esa cota, debe mantenerse con un plan de manejo ambiental. (I)

CRONOLOGÍA

Una de las deudas del actual Gobierno es la Ley de tierras, así lo ha reiterado el Presidente de la República en varias ocasiones. Para lograr un proyecto que incluya a los actores principales y que favorezca a la mayoría se realizó la consulta prelegislativa y ahora se socializan los resultados.

Primer proyecto (13/03/2012)

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco proyectos de ley en materia de tierras, uno de ellos de iniciativa popular (presentado por la Fenocin - Red Agraria).

Interviene el CAL (27/05/2012)

El secretario de la Asamblea envió los proyectos al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que los califique. Y un año después lo encargan a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea.

Aprueban consulta (29/01/2015)

El Pleno de la Asamblea, liderado por Gabriela Rivadeneira, aprobó por unanimidad la realización de la consulta prelegislativa para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Tierras presentado.

Convocatoria (05/03/2015)

La Comisión publicó a través de los diferentes medios de comunicación la convocatoria para que las organizaciones sociales del país participen en la consulta prelegislativa sobre el proyecto.

Termina inscripción (25/03/2015)

Más de 500 organizaciones del país se inscribieron para participar en la consulta prelegislativa. Los grupos recibieron las preguntas que deben socializar y remitir a la comisión, quienes socializaron las respuestas.

Culmina fase (10/07/2015)

La Comisión de Soberanía Alimentaria, cuyo vicepresidente es Mauricio Proaño, promete presentar los resultados en 15 días. Además, el prefecto de Zamora pidió a la Comisión dialogar sobre los nudos críticos. (I)