La Ley de Ordenamiento Territorial propone que el catastro sea georreferenciado (Infografía)

El ordenamiento territorial en Ecuador, específicamente en el desarrollo urbano, se ha  expuesto a la informalidad y a un limitado control de la provisión de servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, redes viales y asentamientos humanos en zonas de riesgo.  

En el sector rural se evidencia la falta de planificación y gestión eficiente del suelo que proteja los proyectos agrícolas, turísticos, ambientales, ecológicos o estratégicos.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2014, el 63% de la población vive en áreas urbanas y el 37% en las rurales; y, hasta el año 2020 serán del 64% y 36%, respectivamente. En tanto, Quito y Guayaquil abarcan más del 30% de la población del país.

La Cámara de la Construcción reveló que el 70% de las construcciones del país es informal y no cumple  requisitos técnicos mínimos para garantizar la seguridad de las personas. Además existen asentamientos humanos irregulares (invasiones), en 15.400 hectáreas aproximadamente en el país.

Estos datos son de preocupación del actual Gobierno. Es así que se enfoca a reformar las políticas públicas, mediante el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que se socializa en la Asamblea Nacional.

La propuesta legislativa busca propiciar el desarrollo de los territorios de una forma ordenada, promoviendo el buen vivir. Ese ordenamiento se realizará en concordancia con los diferentes niveles de Gobierno, como prefecturas, municipios y juntas parroquiales. El texto será la pauta para definir lineamientos y generar los mecanismos que deberán aplicar los gobiernos locales con relación al territorio.

En el segundo taller de socialización del proyecto, realizado el 10 de febrero, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, explicó que se propone determinar estrategias de mancomunidad, con políticas y soluciones comunes que benefician a los asentamientos humanos y territorios afectados.

Además, dijo que la ley establece el procedimiento para determinar estándares mínimos de calidad ambiental, seguridad, cohesión social y accesibilidad del hábitat, sea para el suelo urbano o rural.

En el primer capítulo de la propuesta se especifica que dentro del alcance del ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) regionales delimitarán las cuencas hidrográficas y localizarán las infraestructuras hidrológicas, de transporte y tránsito y el sistema vial de ámbito regional.

Los GAD provinciales integrarán el componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su territorio en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia.

En tanto, los GAD municipales clasificarán el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo.

En el desarrollo del plan se hace una clasificación y aprovechamiento del suelo, con el objetivo de realizar un planeamiento del uso y gestión del suelo; así como los planes urbanísticos complementarios.

La falta de actualización de los catastros es uno de los principales problemas de los GAD.Hasta junio de 2014, 122 municipios de 221 no tenían actualizado sus sistemas de catastro.  Esto dificulta el cobro de predios y da paso a los asentamientos humanos irregulares en donde faltan servicios básicos.

Por ello el capítulo IV de la propuesta legal dispone que el catastro sea nacional, integrado y georreferenciado. Existen sectores que están habilitados y no constan en el catastro de los municipios. Recién en 2010 se hicieron tomas georreferenciales para determinar cuál es el territorio que ha sido poblado.

La Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares trabaja en esto para erradicar las invasiones. En el país hay 352 zonas irregulares confirmadas.

El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia, también participó de la socialización. Dijo que es necesario que se incorpore un sistema nacional georreferenciado de catastros y que contribuyan a la planificación urbana de los gobiernos seccionales.

El proyecto señala que la rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en su calidad de entidad estratégica.

La normativa desarrolla los instrumentos de ordenamiento territorial relacionados con los niveles de planificación nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial rural y de regímenes especiales; como de planificación supranacional.

Esta rectoría además maneja el Catastro Nacional georreferenciado, donde los GAD municipales y metropolitanos deben emitir políticas locales, es decir, actos normativos para el uso y gestión del suelo y para asignar los tratamientos, usos y aprovechamiento.

Lo que llama la atención del proyecto es que se sugiere la conformación del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo; y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, que tendrá funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la ley.

Al referirse al Consejo, se precisó que emitirá las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo, estándares urbanísticos, mecanismos para la captura de plusvalía y normativa para aplicación en los distintos niveles de gobierno.

En tanto, la Superintendencia es el ente de vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno.

En el proyecto se aborda el concepto de suelo, su clasificación, las formas de su aprovechamiento; los planes de uso y gestión del suelo, además de los planes urbanísticos complementarios.

Calderón dijo que esta ley es complementaria a la Ley de Tierras, la cual el próximo 5 de marzo se hará la convocatoria para la consulta prelegislativa.  Finalmente, indicó que la planificación del territorio se trata de forma integral; los problemas sociales tienen tratamientos conjuntos, con el fin de optimizar recursos. Entre las sanciones a los GAD se prevén infracciones graves, leves y muy graves, que se traducen en montos económicos. Los insumos que se recojan en los talleres serán analizados para el informe del primer debate.

Datos

Las primeras socializaciones del proyecto se realizaron en Cuenca y Quito el 5 y 10 de febrero, respectivamente.Se prevé que seguirán en diversas provincias del país.

En Cuenca se explicó que no se busca afectar la autonomía, los municipios continuarán aprobando sus planes de desarrollo, autorizando su uso de suelo, pero sí les obligarán a cumplir lo que planifican.

El anteproyecto se realizó junto a una consultoría de la Unión Europea. Se efectuó una encuesta en referencia a la situación de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos municipales.  

De los resultados obtenidos, el 98% tiene planes de ordenamiento territorial, de los cuales el 84% contiene modelo territorial, el 71% mapa de riesgos, el 66% estándares de calidad urbana, el 55% normas generales de uso de suelo, el 37% tiene planes secundarios y el 33% planes formulados de forma coordinada.

Para Calderón, los datos muestran que hay grandes diferencias en los planes y en otros ciertas carencias por lo que se requieren establecer contenidos mínimos.

Este proyecto tiene el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 241 y 415 de la Constitución de la República. Estos garantizan la planificación y el ordenamiento territorial. La aplicación de la ley será obligatoria para los gobiernos autónomos descentralizados.