Con la publicación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg) en el Registro Oficial el pasado 11 de junio, esta región del país cuenta con una nueva normativa y cambios.

El artículo 104 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que esta provincia constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad.

Eliécer Cruz, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, asegura que la ley mejorará la gobernanza de las islas.

En la norma vigente se establecen las competencias y funciones de las entidades públicas, pero son 5 sus puntos principales.

Áreas de conservación

En este punto, Richard Calderón, presidente de la Comisión de GobiernosAutónomos del Legislativo (la que elaboró la norma), explicó que la Ley busca un equilibrio entre la protección ambiental y la calidad de vida de la población.   

Si bien es cierto hay restricciones como lo determina el artículo 257 de la Constitución, la Loreg prioriza la conservación de las áreas protegidas, especialmente en bioseguridad para reducir los riesgos de la introducción de enfermedades.

Esto está a cargo de la autoridad ambiental y  es una de las 5 finalidades de la ley: la reducción de riesgos de introducción de enfermedades, pestes y especies de plantas y animales exógenos al archipiélago.

Una de las principales decisiones es definir el ingreso a las áreas protegidas de las islas. Cruz explicó que antes el valor era de $100 y desde 1998 no se ha revisado por su anclaje a la ley. Ahora deberá realizar un estudio técnico.

Además se determina que los permisos de operación turística y patentes otorgados a personas naturales o jurídicas a partir de 2009 permanecerán vigentes en el plazo y condiciones en los que fueron originalmente concedidos.

El Consejo de Gobierno definirá los concursos para brindar los cupos de operación turística para beneficio local.

Antes los cupos estaban congelados y ahora los titulares de tales permisos podrán participar en estos concursos, que deberán convocarse con 3 años de anticipación a la fecha de expiración de las licencias de operación turística.  

Remuneraciones

Este es el punto que ha generado polémica en una parte de la población. La Ley determina que las remuneraciones de los trabajadores, tanto del sector público como privado de la provincia, se pagarán con un incremento que se calculará multiplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con respecto a los precios del Ecuador continental.

La asambleísta Alexandra Ocles estuvo hace poco en las islas y explicó que  la ley no es retroactiva. “Cuando se alcanza derechos, estos no son regresivos”, insistió.    

Con respecto a la decimocuarta remuneración se prevé que los servidores reciban una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de pago, que será cancelada proporcionalmente y de forma mensual.

Esta disposición se aplicará a todos los trabajadores públicos y privados una vez que se apruebe este medidor.

El IPC evaluará el costo de la vida de 29.000 habitantes

Antes de 2007, Galápagos era la provincia olvidada en la estadística nacional por la excusa de que resultaba costoso encuestar allí. Mediante la Loreg, este  Índice de Precios al Consumidor evaluará el costo de vida de los 29.000 habitantes galapagueños.    

Desde esta semana, el Consejo de Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) trabajarán juntos para elaborar el IPC de las islas que, se prevé, estará listo a finales del año. Este medidor tomará en cuenta las costumbres de Galápagos, que son diferentes a las del continente, y para ello se crearán fórmulas.

José Rosero, director delINEC, aclara que al entrar en vigencia el IPC se aplicará la nueva escala salarial. El ajuste es para los  funcionarios con relación de dependencia que sean contratados a futuro.  

Para los que ya tienen un contrato esta medida no les afecta y se respeta el principio constitucional de que ninguna ley es retroactiva. Del universo de empleados  que hay en las islas, el 65% son privados y el restante funcionarios públicos.

El IPC medirá la canasta de bienes y servicios tomando en cuenta las  preferencias y  patrones de consumo y de gasto de las islas, entre ellos los pasajes aéreos y marítimos. El INEC partirá de una encuesta realizada en 2012 sobre ingresos y gastos en las 24 provincias.

Como segunda fase, el instituto levantará un registro de establecimientos económicos como tiendas de abarrotes, supermercados, en donde se comercialicen los bienes y servicios.  Esto será en las islas de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. “Tenemos información de condiciones de vida en Galápagos, información laboral y ahora damos un paso más con el IPC”, explicó Rosero.

En este levantamiento se incluirán las características específicas de los bienes y servicios. Estos datos permitirán relacionar los precios ofertados en el continente con los de Galápagos.  Posteriormente, vendrá una fase de planificación de levantamiento. Para esto se reclutará a encuestadores que realizarán la toma de precios y referencias.     

A más de ajustar salarios, servirá también para medir la evolución de precios y ser una herramienta estadística y realizar los controles frente a la especulación.

Temas migratorios

Cruz señaló que la nueva Ley de Galápagos otorga mejores instrumentos para el adecuado control de la migración hacia las islas.

Uno de ellos es establecer que solo los cónyuges o convivientes de residentes permanentes que hayan estado casados o en unión libre, por más de 10 años, puedan obtener la residencia permanente.

Además se limita la permanencia de residentes temporales a máximo 5 años en las islas. Como medida de control se establecen sanciones para las personas que contratan trabajadores en estado irregular.

Turismo controlado y nueva regulación hotelera

El Consejo de Gobierno emitirá la política pública, junto con los ministerios del ramo, para sostener y mantener la productividad, sobre todo de los artesanos.

Esta normativa establece que el turismo en Galápagos se basará en los principios de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios, sentando bases sólidas para un turismo sostenible en la provincia.

Con ello se prohíbe la construcción de nueva infraestructura hotelera que no esté de acuerdo con el Plan de Regulación Hotelera y aclara que este plan debe realizarse en función del estudio que determina la capacidad de carga de las islas Galápagos.

El artículo 29 de la Loreg le da al Consejo de Gobierno la capacidad de determinar la tasa de entrada al Parque Nacional Galápagos (PNG) para promover el turismo sostenible.  El Parque Nacional Galápagos ha sido históricamente una entidad desconcentrada desde que pertenecía al Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Inefan).

A la entidad se le dio autonomía administrativa y financiera para poder agilizar y enfocar las tareas específicas del archipiélago. En este contexto, la Ley actual ratifica que la Autoridad Ambiental Nacional contará con una Unidad Administrativa Desconcentrada – (UAD), la misma que estará a cargo de las áreas naturales protegidas de Galápagos, donde seguirá ejerciendo su jurisdicción y competencias. (I)

¿Qué es el Consejo de Gobierno?

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco (Unesco World Heritage Committee) identificó 4 áreas prioritarias de preocupación cuando puso a Galápagos en la lista de patrimonios en peligro: bioseguridad, gobernanza, turismo y migración. Justamente en base a ello se creó el régimen especial, para mejorar la conservación.

El Consejo de Gobierno de las islas Galápagos es la máxima instancia de planificación, manejo de recursos y organización de actividades en la isla. Está integrado por el presidente del Consejo (Eliécer Cruz), los ministros o delegados de Ambiente, Turismo y Agricultura. Se suma el titular de Senplades, 3 alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia y un representante de los presidentes de las juntas parroquiales.

Entre sus atribuciones están dictar las políticas generales para la conservación, desarrollo sustentable y el régimen del buen vivir de la provincia, ejercer la gestión ambiental, planificar el desarrollo provincial y formular el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, entre otros.

El artículo 258 de la Constitución establece el régimen especial en las islas Galápagos y crea el Consejo de Gobierno. “Dicho Consejo tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que se realicen en la provincia”.

Debido a su naturaleza, en el mismo articulado se restringen los derechos constitucionales de migración interna y de trabajo. “Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables”, agrega el artículo. Galápagos es la única provincia del país que no tiene prefectura debido al régimen especial que creó la Constitución de Montecristi. (I)