Mañana la Asamblea Nacional someterá a votación la ‘Ley de Prevención de Lavado de Activos’, cuyo segundo y definitivo debate se realizó ayer con el respaldo de varios legisladores de oposición, quienes calificaron el texto como una norma técnica que busca combatir este tipo de acciones ilícitas.   

Al cabo de 11 intervenciones, la sesión se suspendió por petición del asambleísta ponente, Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico, para revisar las observaciones formuladas y elaborar el informe final para la votación.

Una de las propuestas provino de Vethowen Chica (AP), quien sugirió introducir un inciso final en el artículo 56 del Código Orgánico, Monetario y Financiero -que norma las prohibiciones del Banco Central del Ecuador (BCE)- para evitar el delito de la usura,  permitiéndole a esta institución entregar créditos -con fondos propios, a bajos intereses y con plazos largos- a los actores de la economía popular y solidaria para proyectos de inversión.

Aunque esta proposición fue rechazada por el asambleísta de oposición, Ramiro Aguilar, (Independiente), argumentando que aquello “desnaturalizaría” al BCE, asumiendo competencias de banca de desarrollo, defendió el contenido del informe para segundo debate.

En su exposición refutó a los legisladores Luis Fernando Torres (Cambio) y Fernando Bustamante (Independiente), que se oponen a la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), asegurando que atenta contra el sigilo bancario y el secreto profesional, entre otros aspectos.

“Esta es una buena ley (...) que se ha trabajado desde un punto de vista absolutamente técnico (...) sin mayor contenido político”, concluyó  Aguilar agregando que espera que el documento se mantenga.

Cuando la Comisión aprobó el informe dijo que en el debate nuevamente votaría a favor, toda vez que no existan modificaciones a la ley. Similar posición tiene el legislador Franco Romero (PSC-MG).

En lo principal, la nueva legislatura deroga la norma vigente hasta el momento. También se otorgaría mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Esta entidad dejaría de ser parte de la Contraloría General del Estado (PGE) y pasaría a estar adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica. (I)